La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), que de principio a fin se erigió como férrea opositora a la reforma previsional impulsada por La Moneda, gastó más de $16 mil millones en difusión y asesorías en seis años, entre 2019 y 2024, en su mayoría relacionada a la normativa promulgada en marzo de este 2025.
En otras palabras, el monto equivale al 40% de la meta de la próxima Teletón.
Tras ocultarlas por años a las autoridades, Informe Especial revela por primera vez el detalle de las finanzas de la entidad gremial. En particular los desembolsos relacionados a campañas como #Yoquieroelegir, desplegada en su minuto en todas las plataformas, precisamente contra la propuesta del Gobierno.
En principio, una investigación de Reportea reveló hace unos días que la Asociación de AFP -que agrupa a las principales administradoras del rubro, excepto UNO- gastó al menos $200 millones sólo en las redes sociales de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), mediante pagos a una fundación que articulaba mensajes en defensa de la industria de pensiones.
Sin embargo, las cifras son mucho más grandilocuentes.
Sólo por concepto de "campaña extraordinaria" en la AAFP sumaron $8.832 millones en seis años. Sin contar las campañas "regulares" por otros $773 millones. En estos ítem está la publicidad de "#Yoquieroelegir", "Mitos" y otras tantas relacionadas a las propuestas de cambios al sistema de pensiones.
Billetera musculosa
En efecto, cuando el negocio más estuvo en juego, fue también cuando más exprimieron la billetera: por ejemplo, bajo el apartado "campaña extraordinaria" desembolsaron $3.331 millones en 2024, un año clave para el debate de la reforma previsional en el Congreso; y otros $3.088 millones en 2022, cuando se discutió y plebiscitó la primera propuesta constitucional, rechazada el 4 de septiembre de ese año.
A inicios de aquel 2022 la Convención Constitucional aprobó una norma impulsada por el movimiento "No+AFP", que generó escozor en las administradoras y que motivó una ofensiva de la industria en todos los frentes.
Dichos esfuerzos además fueron acompañados por robustos presupuestos para campañas de redes sociales y estrategias digitales, que en el periodo 2019-2024 sumaron otros $1.700 millones. Según la revisión de Informe Especial, a ello también hay que añadirle más de $3.800 millones por "asesorías estratégicas", que los propios balances tributarios detallan que estaban enfocados en "reforma previsional", "reforma terreno" o "nuevo proceso constituyente".
Las encuestas también jugaron un papel fundamental para la Asociación de AFP. Entre diciembre de 2019 y junio de 2022 encargaron a Cadem y Criteria un trabajo de largo aliento, que incluyó 16 sondeos, que arrojaron como conclusión que la mayoría de los cotizantes querían que la cotización adicional fuera a su cuenta individual. Por todo eso, de acuerdo con los registros, ambas encuestadoras recibieron $567 millones.
Otro nombre reconocido que asomó en la revisión fue el de Libertad y Desarrollo (LyD), el think tank históricamente ligado a la derecha, que entre 2022 y 2024 recibió poco más de $60 millones desde la Asociación de AFP.
Coincidentemente, el Consejo de Políticas Públicas de LyD está integrado por Jorge Selume Zaror, padre de Jorge Selume Aguirre, exjefe de la Secom durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Este último, mediante su agencia Artool, y por encargo de la Asociación de AFP, potenció las polémicas campañas que se conocieron el pasado 9 de noviembre.
Por su parte, Luis Larraín Arroyo, presidente del Consejo Asesor de LyD, precisamente fue uno de los más activos en redes sociales a la hora de defender a los principales personajes aludidos en la polémica.
Eje ciudadano e influencers
Tal como se dio a conocer por estos días, y según se desprende también de los balances tributarios obtenidos por Informe Especial, la Asociación de AFP tenía entre sus estrategias la inversión en medios digitales y locales, a los que les pagaban por artículos patrocinados o publi-reportajes beneficiosos para los intereses de la industria.
En varios ítem, de hecho, los gastos aluden a la iniciativa "Eje ciudadano", que consideraba presencia en medios regionales, redes sociales, creación de material audiovisual y producción de eventos. Para todo ello desembolsaron, entre 2019 y 2024, más de $80 millones.
En una escala menor, los registros de 2024 también dan cuenta de un "Desayuno AAFP" por $746 mil. De acuerdo con registros de prensa, el evento tuvo lugar en diciembre de 2023 y reunió a una decena de “finfluencers”; es decir, creadores de contenido relacionado con temas financieros.
Dicha reunión fue encabezada por la presidenta del gremio, Paulina Yazigi, quien fue secundada por algunos de sus principales directivos.
Entre los invitados estuvieron Francisco Ackermann, Franco Martini, Bastián Parra, Santiago Allamand, Romina Capetillo, Lucas Galán, Robinson Torres, Nancy Loyola (Tu Paz Financiera), Johan Morán (@contadorven.cl), Lucrecia Salim, Gabriela Mellado, Héctor Herrera y César Núñez, además del medio especializado Chócale, quienes escucharon el mensaje de la industria respecto a los desafíos en pensiones, ahorro voluntario y educación financiera.
En definitiva, entre 2019 y 2024, el gremio registró un gasto total de $33.215 millones y prácticamente la mitad (49%) se fue en desembolsos por difusión y asesorías. Es decir, $16.235 millones. Y, en específico, en los años con debates clave el foco presupuestario se agudizó aún más: el 2022 alcanzó el 61% del total y el 2024 llegó al 58%.
Seminarios y otros pagos
Al margen, si bien no están relacionados a la ofensiva comunicacional contra la reforma previsional, en las finanzas de la asociación también destacan abultados gastos en seminarios ($251 millones), además de estudios ($761 millones) sobre diversos temas, incluyendo opinión pública e informalidad.
También figuran pagos a entidades extranjeras relacionadas, como el International Centre for Pension Management (ICPM), el directorio más influyente de pensiones del mundo ($213 millones); la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), que tiene su base en Santiago, en el mismo domicilio de la AAFP ($158 millones); y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS ($8,4 millones).
Del mismo modo, también han pagado a ProCalidad para que las administradoras sean evaluadas en el Índice Nacional de Satisfacción de Clientes. Irónicamente, la que se ha llevado el premio los últimos cuatro años es la AFP UNO, la única que no es parte del gremio.
Consultada por Informe Especial, la Asociación de AFP declinó referirse al tema.
Libertad y Desarrollo, en tanto, aseguró que los estudios que desarrollaron no fueron encargados directamente por el gremio: "Los contenidos de nuestras publicaciones son definidos por la institución y son concordantes con los valores que defiende LyD, y en ningún caso corresponden a peticiones o demandas de sus suscriptores", explicaron mediante una declaración. En concreto, explicaron que los $60 millones que recibieron de la AAFP responden precisamente al costo de la suscripción que ellos cobran regularmente. "En nuestros más de 30 años hemos contado con más de 1.000 suscriptores -empresas y personas-", enfatizaron.
Cadem, por su parte, descartó referirse al tema atendido que el detalle de la relación con sus clientes es confidencial. A contramano, Criteria sí decidió salir a defender su trabajo: "Por encargo de la AAFP, como también de otros gremios y empresas, Criteria realiza estudios de opinión sobre una variedad de temas. Cuando algunos de estos estudios son públicos, la metodología de éstos está correctamente consignada en cada uno de ellos. En el caso de la AAFP, entre diversos temas relativos a previsión, hicimos algunos estudios relativos a la reforma que fueron publicados en medios de prensa, dejando expresamente identificado al mandante, así como la metodología de recolección de datos".
Gremio bajo la lupa
En medio del intenso debate a raíz de la reforma previsional, los ojos de muchos actores políticos estuvieron sobre los gastos de la Asociación de AFP.
Si bien es cierto, el financiamiento que recibe el gremio no proviene en ningún caso de las cotizaciones de los afiliados, sino que de las ganancias que obtienen las AFP mediante el cobro mensual de comisiones a los usuarios. Pero de todas formas, para varios críticos -sobre todo en el mundo parlamentario- es particularmente llamativo que ese dinero se use precisamente para ir en contra de cambios que han buscado mejorar las pensiones de sus clientes.
En medio de dicho escenario, en todo momento la industria optó por un absoluto hermetismo. Tanto así, que -por muchos años- prefirieron ir contra la normativa, que en rigor les exige reportar semestralmente al Ministerio de Economía (Minecon) sus balances y estados financieros.
Pese a dicha obligación, la asociación no cumplió con ello al menos desde 2019. Debido a lo anterior, la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) de la cartera inició un proceso de fiscalización a la entidad gremial.
Las acciones de Economía se materializaron a raíz de un oficio de un grupo de parlamentarios oficialistas, que en agosto del año pasado buscaban obtener un pronunciamiento del ministerio respecto a la legalidad de los actos de la Asociación de AFP, sobre todo a partir de la prohibición de desarrollar “actividades políticas”. A su modo de ver, consideran que campañas como #Yoquieroelegir se inmiscuyen en asuntos políticos.
Los primeros movimientos del ministerio se ejecutaron a inicios de octubre 2024. Pero la respuesta inicial de la Asociación de AFP se limitó a remitir los balances de las AFP que conforman el gremio.
Aún así, pese a las barreras, una serie de rastros dejados por Plan Vital en esos registros ya daban algunas pistas en ese entonces, que apuntaban a que la asociación -en menos de cuatro años- habría gastado unos $5.400 millones en su polémica ofensiva comunicacional.
Sin embargo, la estimación quedó corta, pues los esquivos estados financieros hoy muestran que el gasto fue ostensiblemente mayor.
"No amerita sancionar a la asociación"
En junio pasado, Economía reportó a la Cámara de Diputados que el asunto seguía avanzando, y que habían solicitado a la AAFP que entregaran los balances de 2019 a 2024. En tanto, detallaron que -en los últimos 10 años- el gremio no ha sido objeto de sanciones. Lo anterior, "sin perjuicio de que, a la luz de nuevos antecedentes allegados al expediente administrativo, u otros en el futuro, se detecte alguna infracción normativa, ya sea legal o financiero-contable".
Pese a que el artículo 16 del Decreto Ley 2.757 -que establece las normas sobre asociaciones gremiales- señala expresamente que deben "informar a lo menos semestralmente (...) sus balances y demás estados financieros", la DAES insiste en que no ha habido ningún incumplimiento en este caso.
Consultados por Informe Especial, la división del Ministerio de Economía aseguró que "las asociaciones gremiales no deben remitir sus estados financieros a este órgano fiscalizador. Cabe precisar que el artículo 15 del Decreto Ley 2.757 de 1979 solo impone la obligación de que las asociaciones gremiales elaboren balances y sean remitidos para el análisis de DAES."
"No obstante, debido al requerimiento de Honorables Diputados, la DAES requirió mayor información contable a la Asociación de AFP, la cual fue remitida dando cumplimiento a los oficios e instrucciones formuladas por esta división", afirmaron.
En ese entendido, para ellos "no amerita sancionar a la asociación, ya que han dado cumplimiento, en tiempo y forma, con lo instruido". Tampoco creen necesario reportar los altos montos gastados en campañas contra la reforma previsional a alguna otra institución, pues "la única función de la DAES es revisar si el gasto corresponde al giro, no si el gasto está bien ejecutado, o si el monto es adecuado, o incluso si el gasto es necesario".
Por su parte, ante las polémicas revelaciones conocidas el pasado 9 de noviembre, la Superintendencia de Pensiones ofició el lunes pasado a todas las AFP del sistema. Todo ello para que informen las acciones de publicidad o promoción que hayan sido gestionadas indirectamente o a través de personas que reciban financiamiento de las AFP. Es decir, buscan saber si hay otros actores involucrados, además de los ya descubiertos.
Hasta ahora, gracias a los balances revisados por Informe Especial -obtenidos vía Transparencia una vez que la AAFP los entregó al Ministerio de Economía- lo que está claro es que el nivel de gasto fue mucho mayor al que se estimaba.
Para responder les dieron cinco días hábiles, justamente hasta este lunes 17 de noviembre.