A principios de julio un hombre fue secuestrado por un grupo de narcotraficantes a los que le debía dinero. Lo más estremecedor del caso es que la víctima sufrió varios tipos de agresiones; incluso le mutilaron parte de la oreja y lo obligaron a comérsela.
Casi un mes después, el 8 de agosto durante la madrugada, el empresario Rodrigo Cantergiani fue liberado sin lesiones, después de haber sido secuestrado afuera de su empresa en Quilicura y permanecer cautivo durante 15 horas. Sus cercanos optaron por pagar a los captores.
Son escenas que, hace pocos años, eran casi imposibles de creer en Chile. Hoy las autoridades son claras: el secuestro extorsivo ya no se trata solamente de un delito en donde víctimas y victimarios son miembros del crimen organizado; la oscuridad del bajo mundo ha salpicado también en otras direcciones, aunque en menor medida.
Según cifras de la PDI, a las que Informe Especial tuvo acceso, hasta el 8 de agosto de este año se han detectado 45 casos de secuestros extorsivos solo en la Región Metropolitana, investigados por la policía civil por instrucción del Ministerio Público.
—Se observa un leve aumento en comparación al año pasado, conforme a lo que nosotros manejamos con nuestras estadísticas. Este es un aumento sostenido que viene del punto de inflexión, que nosotros referimos desde el segundo semestre del año 2021 —explicó el jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, en conversación con IE.
La tendencia de las cifras concuerda con el último informe de la Fiscalía Nacional sobre Fenómenos Criminales en Chile, en el cual se contabilizaron 868 secuestros de todo tipo (no solo extorsivos) a nivel nacional en 2024, lo que significa un aumento del 2,1% respecto del 2023.
Pese al incremento de la cantidad de secuestros extorsivos, desde la PDI son optimistas: destacan las operaciones policiales que permitieron desbaratar a los responsables de los delitos cometidos en los últimos meses.
—(Eso) debería indicarnos en cierto modo una baja o, por último, a lo mejor observar que se estanque el aumento de las cifras y podríamos quizás terminar con cifras similares a las del año pasado —señaló Barrientos.
Secuestros atomizados
Junto con el aumento de secuestros, estos también han variado en sus características a través de los últimos años. Si en 2022 y 2023 los secuestros extorsivos en su mayoría eran perpetrados por organizaciones criminales transnacionales, principalmente por facciones del Tren de Aragua; hoy existen también grupos pequeños que incursionan en el delito.
—Por el trabajo que hemos desarrollado, desbaratando las distintas facciones que querían establecer el secuestro en Chile como un negocio lucrativo, ha generado que quedan algunos descolgados de estas mismas que se han reagrupado, reclutando 2 ó 3 delincuentes más de su misma nacionalidad y eso genera un fenómeno de atomizar distintos grupos, que con menos logística también han sido capaces de perpetrar delitos de secuestro —afirmó el jefe antisecuestros de la PDI.
En los primeros secuestros extorsivo en Chile, la logística podía perfectamente inspirar una serie de acción: alrededor de 20 personas, cinco vehículos y dos lugares de cautiverio. Ahora, en cambio, los delincuentes se juntan en grupos más pequeños y son capaces de secuestrar una víctima y perfilarla. Son secuestros más rápidos, pero no por ello menos atemorizantes, colaborando de igual forma con la percepción de inseguridad, enfatizaron desde la policía civil.
Las víctimas
En su mayoría las víctimas de secuestros extorsivos siguen siendo personas que están ligadas a alguna actividad criminal. Sin embargo, aunque aseguran desde la PDI que son puntuales, en las últimas semanas han surgido casos de empresarios o comerciantes que no tienen que ver con el mundo delictual, pero que comparten una característica.
—Ese denominador común tiene que ver con que en sus filas han tenido personas coincidentemente de la misma nacionalidad a los perpetradores y que han estado en nuestro país también en condición migratoria irregular. Esto es lo que nos da la luz de que estas mismas personas pudieron haber entregado información privilegiada de los movimientos, del flujo de dinero de la empresa, para perfilarlas por estas bandas o estas microbandas —indicó Barrientos.
—Como en otros países de Sudamérica ¿pudiera migrar este fenómeno a una situación de secuestro contra personas que tienen una posición económica privilegiada, solo con el fin de obtener la ganancia?
—Nosotros esperamos que no. Por el trabajo que hemos venido desarrollando, y también destacar que como PDI formamos parte de una comunidad internacional contra el secuestro de extorsión que nos permite conocer los nuevos modus operandi que están utilizando bandas en los países de la región, que nos permiten detectar escenarios. Y en este caso, insisto, con las últimas operaciones de la policía, que han permitido desbaratar estos grupos y también detener a los líderes. Aparte de tener a los autores en nuestro país, también vamos a tener autores intelectuales que muchas veces autorizan o dirigen estas aportaciones de secuestros desde el extranjero.
El protocolo
Cuando la PDI se entera de un caso de secuestro extorsivo en curso, lo primero que hace es poner a disposición todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos para conseguir la liberación de la víctima.
Además, el proceso de negociación con los captores es indirecto, es decir, la policía interviene asesorando a los familiares del secuestrado conforme a las técnicas de negociación, incluso dentro del equipo de la PDI existen funcionarios con un “perfil especial” capacitados específicamente para la negociación.
—Todo se aboca a la liberación de la víctima sana y salva de dos formas: o que la liberen los captores, dentro del proceso de negociación; o nosotros conseguir en ese proceso el lugar exacto donde se encuentran estas víctimas en cautiverio y realizar la operación de rescate — explicó Hassel Barrientos.
El subprefecto abordó un elemento clave: el dinero que piden los captores. Ahí es tajante en indicar que la PDI no fomenta el pago de rescate por víctimas cautivas.
—No obstante, no podemos negarnos a esa posibilidad si la familia opta a hacerlo —admitió—. Hay que entender que estos procesos de negociación de cautiverio a veces pasan de horas a días. Se genera mucho cansancio, estrés sobre el familiar que está haciendo la función de receptor de este mensaje.
En la segunda fase se enfocan los esfuerzos a la identificación de los imputados y a definir la participación de cada uno de ellos. Y la última etapa se realiza la operación policial para detener y desarticular a la banda involucrada.
Finalmente, el experto señala que es trascendental hacer la denuncia oportunamente en caso de extorsión o de secuestro.
—Tenemos cierto equipo preparado para precisamente el descarte o la confirmación de que son secuestrados, eso lo hacemos nosotros, es nuestro trabajo —afirmó.