Colegios extorsionados en Perú: el miedo en clases y la herencia del Tren de Aragua

—Tú ya estás advertido, la única solución acá es el dinero, otra solución no hay. Quieres acción, acción te vamos a dar CTM para que veas.

—Última advertencia, más no vamos a volver a hablar CTM.

—Mira, se la van a ver fea. Conéctese con nosotros porque sino, ay papá, porque tengan claro que no estamos jugando con ustedes.

Hasta ahí todos son mensajes extorsivos en una de sus tantas formas. Papeles, audios, fotos, vídeos, envío de balas e incluso, de granadas. La imaginación se queda corta ante un abanico terrorífico de alternativas usadas por los extorsionadores para amedrentar a sus víctimas. 

Pero en Perú este fenómeno delictivo ha tomado un curso inesperado. 

Informe Especial visitó Lima, la capital del país vecino, para investigar un delito silencioso que llegó a las salas de clases. Pese a que aún no hay información de que haya cruzado la frontera, preocupa su potencial expansión hacia países vecinos. 

—Se han cerrado por extorsión a la fecha 330 colegios. Cerrados totalmente. No que se han ido (a clases) virtuales, no. Nosotros manejamos la cifra de ya más de 500 colegios extorsionados —relata Giannina Miranda, vocera de los gremios de la educación del Perú.

Educar sin libertad

Miranda accedió a una entrevista, pero con temor. Recientemente ha sido amenazada de muerte por denunciar el terror que se vive en cientos de colegios peruanos.

Ella es educadora de profesión y representante del colectivo Educar con Libertad, que agrupa a trabajadores del rubro que se organizan precisamente para hacer frente a las extorsiones. 

Sólo una parte se atreve a informar del asunto; mientras otros callan y pagan por miedo a las represalias. 

—¿Cuántas denuncias por extorsión recibe la policía al día?
—Nosotros estamos recibiendo por lo menos unas 30, 40 denuncias al día por extorsión —reconoce el Coronel Franco Moreno, Jefe de la División de Secuestros y Extorsiones.

—Las estadísticas están a la mano. Efectivamente, hay un incremento de delitos violentos, sobre todo la extorsión —reafirma por su parte el Fiscal César Chang, de la Fiscalía Supraprovincial de Crimen Organizado.

La extorsión en todas sus formas está atacando con fuerza al vecino país. Tanto así que la Presidenta Dina Boluarte se ha referido al respecto. 

—A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte —dijo la Mandataria. 

En concreto, Lima Metropolitana y la Provincia de Callao se encuentran en estado de emergencia desde mediados de marzo ante la ola de inseguridad que se vive allí y donde la extorsión se ha expandido como un cáncer en todas las regiones del país. 

Los ciudadanos están atemorizados.

—¡Es fatal. Fatal! —dice una transeunte al pasar, tras ver la portada de un diario sobre el bombazo en un colegio.

—Esto es muy aterrador para un niño… Desde ahorita que le están imponiendo el miedo al niño y eso no puede ser —remarca otra persona.

En efecto, la extorsión en Perú ha comenzado a golpear con fuerza a un espacio impensado: los colegios. Bandas criminales están amenazando a directores, profesores y apoderados, exigiendo pagos en base al miedo y la intimidación.

Los incautos del sur

Informe Especial decidió indagar cómo comenzó este fenómeno criminal y tratar de entender esta crisis no sólo como una urgencia local; sino como una advertencia para toda la región.

El abogado criminalista Miguel Pérez lo resume así. 

—De cada 10 peruanos, 6 ó 7 han sido ya víctima de delitos. Entonces nadie se salva —enfatiza.

Miedo. Eso es lo que se siente en la calle al preguntar por la palabra extorsión. La mayoría prefiere no meterse, no hablar, no involucrarse. 

Pero la problemática es ineludible. A principios de mayo, por primera vez desde que inició la ola de extorsiones a los colegios, una banda denominada Los Incautos del Sur amenazaron instalaciones públicas. Previamente, los chantajes habían afectado sólo a colegios privados. 

—Justo que estamos nosotros de paso, un colegio público es víctima de extorsión. Eso no había pasado antes.
—Sí, es el primer caso que tenemos —reconoce Luis Quintanilla, Director General de Gestión Escolar del Ministerio de Educación de Perú—. Se han tomado medidas inmediatas y rápidas. Primero, el comisario de la zona está haciendo el resguardo policial mañana, tarde y noche. Mientras tanto, por la seguridad, esta semana, los chicos han ido a vacaciones adelantadas. 

En efecto, la situación obligó a la presencia policial de punto fijo en la puerta. El recinto completamente cerrado.  

—El extorsionador, al ver un efectivo policial que está parado acá, no va a cometer el hecho ilícito —destaca Suboficial Jeferson Loarte, funcionario apostado en el lugar, de la 3° Comisaría Alfonso Ugarte de Lima.

Los extorsionadores enviaron un mensaje diciendo que, si no recibían el dinero solicitado, la próxima semana morirán todos en la puerta.

—A mí me causa una impotencia no, porque yo también tengo dos niños —reconoce el policía en la puerta—. Me da también un poco de temor llevarlos a los colegios donde están estudiando, con el temor de que les pueda suceder algo. Por eso yo me pongo una mano al pecho también y vengo, me doy mis rondas cuando no me toca. 

En tanto, nadie en el colegio quiso hablar. Tienen miedo. De hecho, el personal apostado en las instalaciones pidió no grabar al interior del establecimiento.

Militares a la calle

Lamentablemente, no se trata del único caso. Recolectando testimonios afuera del colegio, se acercó una vecina para contar otra situación similar. 

—El colegio de mi niña sí es privado. Está a espaldas de la Comisaría de España, está cerquita ahí; sin embargo, se han atrevido a ir y ponerle explosivos —denuncia Marilyn Chicana. 

En rigor, durante tres semanas reportaron amenazas al dueño del colegio. Hasta que pusieron los explosivos.

—¿Cuándo fue eso?
—Anoche a las 11.
—¿En la puerta del colegio?
—En la puerta del colegio. El gobierno no hace mierda disculpe mi expresión, es que molesta, da cólera. 

Se trata del Colegio Guadalupe, en cuya puerta detonaron dos explosivos tras negarse a pagar la extorsión la dueña del centro educativo. 

—Piden una exorbitante plata, 80 mil soles —cuenta la apoderada. Son unos 20 millones de pesos chilenos—.

Aunque la problemática está presente más allá de los colegios.  

—En Perú estamos en un estado de emergencia por una alta criminalidad urbana, interurbana, una criminalidad que se ha generalizado en toda la sociedad peruana, sobre todo una criminalidad violenta —explica el criminólogo Miguel Pérez.

El pasado domingo 16 de marzo hubo un punto de inflexión. Perú amaneció conmocionado. Los medios de comunicación reportaron que Paul Flores, de 39 años, cantante de la conocida y querida orquesta de cumbia Armonía 10, fue asesinado a tiros tras ser interceptados por sicarios a la salida de un concierto. Poco antes, la banda había denunciado que era víctima de extorsión. 

Al día siguiente, el gobierno decretó Estado de Emergencia. Sacó los militares a la calle. 

—Fue la gota que rebalsó el vaso, porque antes de él había muchos hechos parecidos (...) en nuestro país la cumbia es un referente. Y bueno, generó eso, una declaración de estado de emergencia por 30 días —cuenta el Fiscal César Chang, de la Fiscalía Supraprovincial de Crimen Organizado.

Y está vigente hasta la fecha, pues se ha prorrogado en dos ocasiones. 

En ese marco, a inicios de mayo fue detenido el asesino de Paul Flores en Desaguadero, en Bolivia. La policía lo entregó rápidamente a Perú. Su captura se sumó a la de otros seis implicados, todos puestos a disposición de la justicia. 

Sólo semanas después llegó otra desgarradora noticia. El asesinato de 13 trabajadores de la mina La Poderosa. Todos fueron secuestrados mientras realizaban labores en la Provincia de Pataz, unos 800 kilómetros al norte de Lima, en una zona de extracción de oro con gran presencia de minería ilegal y extorsionadores.

En una primera instancia, el gobierno desestimó la extorsión que denunciaron los familiares. Pero ante la nula respuesta a sus peticiones, cumplieron su amenaza. Los cuerpos de los 13 mineros fueron hallados el 4 de mayo en un socavón con signos de tortura y ejecución.

De policías a guardias

Ante la frecuencia del fenómeno, en este y otros casos se está repitiendo un factor común: servicios de seguridad privada brindada por policías activos. 

—Los dueños de esta empresa de seguridad que le iba dando servicio a esta otra empresa de minería eran policías en actividad —subraya Miguel Pérez. 
—¿Y es lo que están haciendo también en los colegios, cuando se ven extorsionados?
—Claro, así es.

Es exactamente lo que pasó en el Colegio Guadalupe de Comas. Tras el bombazo, sus puertas fueron cerradas para los cerca de 700 alumnos. Y hoy por hoy lo custodia un policía de servicio activo, que trabaja allí en sus horarios libres, contratado por la institución escolar.

En ese recinto, en el sector norte de Lima, el encargado Luis Quispe mostró a Informe Especial el punto exacto donde detonó uno de los artefactos explosivos. 

—¿A qué hora fue esto?
—11:10, por ahí —relata Quispe.
—¿Quiénes fueron?
—Una moto con dos personas que se acercaron.

Ese mismo día, en la madrugada, Lima registró otros dos episodios idénticos en colegios privados.  

De acuerdo a la policía, todo comienza con una selección de la víctima. Identifican quién es el director o el encargado del colegio y después le hacen un seguimiento para conocer sus desplazamientos. 

—Y ahí nace la extorsión —explica el Coronel Franco Moreno, Jefe de la División de Secuestros y Extorsiones.

En particular, el Colegio Guadalupe denunció a la policía. De hecho, ya habían puesto dinamita en el domicilio de la directora.

—Hemos estado negociando con los delincuentes. Apagaron la comunicación y apareció pues esto en la madrugada…. en este caso ha sido inesperado, no sabemos si es otra organización o se trata de la misma que se volvió a activar.

Herencia del Tren de Aragua

Nancy Salcedo, la directora del Guadalupe, accedió a conversar telefónicamente luego de enviarle dos de nuestras identificaciones: credencial y pasaporte. 

—Esta situación realmente a nosotros nos tiene de cabeza, porque no sabemos cómo solucionarlo, porque en realidad no está en nuestras manos —reconoce.
—¿Qué van a hacer Nancy?
—Amenazaron de muerte a mi persona, a mi familia directa. Y bueno, de todas maneras era nuestra obligación informar a los padres de familia, al personal docente que tome las precauciones.

Según cuenta, ella y su familia ya no están en Lima. El miedo la hizo abandonar su hogar y actualmente se encuentra escondida en un lugar que nadie conoce, tratando que los extorsionadores no la ubiquen.

—Los niños del colegio, los padres del colegio están asustados. Obviamente esperanzados en que la policía nos va a cuidar, cuando en realidad no da abasto. No tienen los recursos, porque escuché a un policía decir que sólo tiene seis camionetas para todo, una jurisdicción de más de 100 colegios. 

Cuando interpuso la denuncia en la policía, cuenta que había decenas de personas en la misma situación y que, incluso, algunos uniformados le dieron un consejo. 

—Lo único que nos dicen es: "Bueno, esto no tiene solución, usted sabrá, lo único que les toca hacer es pagar. Lleguen a un acuerdo monetario inicial y luego mensual para que pueda seguir". Sin embargo, esa no es una solución, porque se trata con delincuentes. Y de nada nos vale a nosotros una palabra de un delincuente —recalca.

Más aún, ve el escenario con desesperanza.

—Esa es nuestra realidad. Y ahorita lo único que nos queda es entrar a clases virtuales y de repente más adelante, no sé, seguir invirtiendo en más policías, contratar más policías, porque si dependemos del Estado que nos cuide, nos morimos. Es como una guerra, hay que defenderse a balazos —acusa.

La policía, por su parte, contabiliza más de 20 bandas y organizaciones criminales afincadas en Perú, pero que suelen cambiar de nombre. 

—Se hacen llamar los mexicanos, los DESA, los profesores y así, pero en realidad son personas que mutan para evitar un rastreo policial —dice el Coronel Moreno.

En efecto, las bandas criminales ocupan líneas telefónicas de Chile y Brasil que no son geolocalizables. Según la experiencia del coronel, son peruanos descolgados que aprenden de grupos transnacionales con un nivel de violencia jamás visto antes en Perú. 

—Se están creando muchas, ya no organizaciones, pero sí, bandas, que están viendo en la extorsión una forma de vida —enfatiza el Fiscal Chang—. Y obviamente con la alevosía que antes no tenía. Ahora sí te meten primero un bombazo al colegio y luego negocian, antes te amenazaban y luego te violentaban. Entonces vemos que eso ha cambiado en el delito de extorsión. Eso lo instauró el Tren de Aragua —revela.

La cifra negra

Afuera del Liceo Pitágoras, el segundo centro educacional dinamitado durante la noche en Lima, se acumulan los apoderados y vecinos preocupados.

—El Ministerio de Interior lo que tiene que hacer es botar a esa gente extranjera de acá, para que se anule totalmente —dice un vecino.

Si bien el director agradeció la cobertura mediática al asedio que viven, se excusó de participar de este reportaje por motivos de seguridad.

La cifra negra de la extorsión a los colegios en Perú es hoy una pregunta sin respuesta. Quién se atrevió desde el inicio a denunciar este problema públicamente hoy también fue amenazada de muerte y teme por su vida. Pese a que había decidido no dar más entrevistas, finalmente recibió a Informe Especial. Con temor, pero con la convicción de que el mundo debe conocer lo que está pasando al interior de los colegios de su país.

Giannina Miranda y su colectivo Educar con Libertad se organiza justamente para enfrentar las extorsiones. 

—A un profesor lo mataron dentro de un colegio. Entraron, lo mataron dentro del colegio, delante de los alumnos, de toda la comunidad educativa. Entonces ¿De qué estamos hablando? Si ya no hay un respeto alguno por el lugar más seguro, que es una escuela.

Hoy está con resguardo policial, pero sabe que eso —en las actuales condiciones— no es garantía de seguridad.

Según detalla, hay más de 500 colegios extorsionados. Muchos de ellos están trabajando de manera virtual, pero aún así no ha sido suficiente. 

—Han tenido la osadía estos criminales de meterse a las clases virtuales y amenazar al profesor que está dictando la clase... Los profesores renunciando en los colegios, porque si te asustan desde una clase virtual, imagínate.

Detrás de cada amenaza extorsiva hay un estudiante que deja de aprender, un profesor que deja de enseñar y una familia que vive con miedo. Y el fenómeno ha ido crecimiendo rápidamente.

—Hace siete meses atrás estábamos con 172 colegios extorsionados, ahora hablamos de 328 cerrados. Suma esos 328 más los 500 que están extorsionados ahorita, estamos hablando de casi mil colegios. Más la cifra negra. ¿Qué le estamos enseñando a esos niños? Que lo mejor es encerrarte. ¿Cómo le vamos a pedir pensamiento crítico? O que se defiendan, o que argumenten. Si están aprendiendo en sus primeros años de vida que el miedo es encerrarte —enfatiza Giannina Miranda.

En tanto, de acuerdo al Ministerio de Educación, se están movilizando 3 mil policías para resguardar la seguridad de los estudiantes, maestros y directivos.

—Juntos vamos a triunfar, si estamos separados… nos van a matar uno por uno —remarca el Coronel Franco Moreno. 

Precisamente, durante las últimas semanas la autoridad dio un golpe y capturó a una banda criminal dedicada exclusivamente a la extorsión. Se hacian llamar "Los Sanguinarios Extorsivos”.

—Todo ciudadano que tenga un comercio puede ser extorsionado —reconoce el General Marco Conde, Director de Investigación Criminal, que dio a conocer los detalles de los delincuentes detenidos—. Puede haber 20 colegios extorsionados por una sola banda criminal u organización criminal. Y ahora lo estamos trabajando en carpetas fiscales y pronto vamos a tener capturas importantes —remarcó.

En las últimas horas, la policía detuvo también a Junior Vargas Castillo, un peligroso extorsionador que estaría dedicado precisamente a los establecimientos educacionales. Su último ataque habría sido justamente al Colegio Guadalupe, donde fueron detenados dos explosivos, tal como se pudo ver en las cámaras de seguridad. 

Con todo, los colegios en Perú enfrentan una grave amenaza. ¿Qué futuro estamos construyendo para nuestros estudiantes si permitimos que el terror se instale en las escuelas? Esas son parte de las preguntas que hoy se hacen las autoridades. Saben que las respuestas deben ser inmediatas, antes que sea demasiado tarde.