Los desórdenes en el Hospital San José no dan tregua. Dicho establecimiento —el principal de la zona norte de Santiago, que atiende a más de un millón de personas— registró 670 funcionarios que se tomaron extensas licencias médicas en poco más de siete años, entre 2017 y mayo de 2024; cuya situación, de acuerdo con fuentes de Informe Especial, ha repercutido directamente en la atención de pacientes y, pese a ello, prácticamente no ha implicado sanciones administrativas ni monetarias.
Más aún, según se desprende de los antecedentes recabados y analizados por IE, en el 52% de los casos detectados los trabajadores estuvieron más de 180 días fuera de labores en 24 meses; e incluso hay algunos que se ausentaron hasta seis años completos gracias a repetidas licencias médicas. Todos ellos transgrediendo los límites que establece la normativa que rige a los funcionarios públicos.
Peor todavía, el propio director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Antonio Infante, reconoció haber identificado episodios que se extendieron de forma intermitente hasta por 12 años.
Y si bien el 48% restante presentó licencias médicas por menos días, sí faltaron a sus labores de manera frecuente y reiterada durante los más de siete años años revisados.
Aunque esto último no está fuera de la ley, el asunto evidentemente ha generado una merma en el servicio y abultados gastos destinados a seguir pagando los sueldos de quienes no están trabajando. En el periodo analizado, los pagos a funcionarios del San José con licencias extendidas superaron los $7.400 millones; y de ellos, $1.500 millones financiaron remuneraciones a trabajadores cuyos reposos finalmente fueron rechazados. En definitiva, recibieron dinero que no les correspondía y que, a la fecha, en su mayoría no ha sido restituido.
Hasta ahora, muy pocos han recibido sanción. Por el contrario, la mayoría simplemente presentó excusas. Una vez perdonados se les instó a volver con la condición de no repetir la cuestionada conducta, que fue cometida por el 12% de los trabajadores del recinto hospitalario.
Según explicó a Informe Especial el Director del SSMN, no se han aplicado mayores castigos porque "son muchos de ellos funcionarios antiguos, que tienen relaciones de trabajo con su equipo, y que prima yo diría que un sentimiento de solidaridad o no sé. Duele mucho despedir a una persona que ha llevado mucho tiempo trabajando contigo".
Todo ello en medio de un hospital sumergido en una crisis interminable, particularmente desde junio pasado, cuando la Contraloría reveló un informe con una serie de faltas en la gestión contable. A ello se agrega una alta rotación en el mando, con más de 25 directores en 25 años, e incluso una guerra interna entre dos bandos que desde hace meses se entorpecen mutuamente y retardan una eventual salida a los problemas.
Más de 2.000 días con licencia
La mayoría de las licencias extendidas en el Complejo Hospitalario San José corresponden a cotizantes de Fonasa (76%). El 95% de ellos está a “contrata”; es decir, sus contratos se renuevan año a año. Quienes más incurren en dicha práctica son auxiliares y técnicos, seguidos por profesionales y administrativos.
En la práctica, no dejan de recibir su sueldo como un trabajador común. En lugar de esperar el pago de Fonasa, se les sigue cancelando la remuneración íntegra. ¿Por qué se hace así? Porque, en definitiva, esos ingresos provienen de las mismos fondos de Fonasa, que a inicios de año traspasa esos recursos a los hospitales como parte del presupuesto anual contemplado para su normal funcionamiento. Es decir, no hace falta que la misma institución reembolse la licencia al "empleador", pues todo el dinero proviene del mismo lugar: las arcas públicas.
De acuerdo a los cálculos, revisados por Informe Especial, el gasto total en sueldos de trabajadores con licencias médicas alcanzó los $7.405 millones y registró niveles más elevados particularmente en los años de pandemia.
En detalle, la nómina arroja que 21 funcionarios tuvieron más de 1.000 días de licencias médicas entre 2017 y mayo 2024. Peor aún, entre ellos destacan cuatro que se tomaron más de 2.000 mil días; es decir, registraron una ausencia del 74% en dicho periodo. Varios de ellos estuvieron años completos sin trabajar.
La siguiente gráfica deja en evidencia, en color rojo, todos los años en que cada uno de ellos tuvo más de 180 días de licencias médicas, continuas o discontinuas, en un periodo de al menos 24 meses. De esta forma es posible verificar cómo todos ellos excedieron el límite legal.
El exjefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República y profesor de la Universidad Central, Camilo Mirosevic, enfatiza en que “la licencia médica extendida de un funcionario tiene varios efectos. Tiene un efecto económico. En primer lugar, la ausencia del funcionario es cubierta por una institución de salud, si esa institución es Fonasa, obviamente van a ser recursos públicos que van a estar destinados a cubrir una parte del sueldo", señala.
En rigor, cuando es cotizante de Fonasa, el trabajador recibe el sueldo íntegro con fondos públicos. Y cuando es isapre, la mayor parte del pago lo financia la isapre. "Pero ese delta, el diferencial entre el subsidio y el sueldo completo, lo paga el Servicio de Salud, en este caso el hospital", explica.
"Por lo tanto, lo que se compromete con una ausencia prolongada son recursos de carácter público", enfatiza.
“Por otro lado, la ausencia prolongada también afecta el cumplimiento de las funciones, porque hay un funcionario menos que deja de atender sus funciones, significa que a sus colegas se les va a recargar, o derechamente que van a haber funciones que van a dejar de cumplirse durante ese tiempo”, afirma Mirosevic.
Eso sí, la jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Minsal, Verónica Bustos, indica por su parte que en realidad lo que se suele hacer es "generar reemplazos para esas licencias médicas y, por lo tanto, hacemos todos los esfuerzos para garantizar la continuidad del cuidado y que tenga el menor impacto posible”.
En tanto, detalla que “el ausentismo, en general, es un fenómeno que tiene orígenes muy variados, de mucha complejidad, determinando impacto en esos equipos".
Jugando al límite
El artículo 151° del Estatuto Administrativo (Ley 18.834) que rige a los funcionarios públicos habla sobre las licencias médicas prolongadas y, en rigor, señala que el jefe/a superior de un servicio (en este caso del hospital o del Servicio de Salud Metropolitano Norte) “podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses (180 días), en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.
Para ejercer esa facultad, el mismo jefe/a de servicio “deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez” (Compin) una evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.
Si el jefe finalmente determina que la salud del funcionario en cuestión es incompatible con el desempeño del cargo, entonces puede declarar su puesto como vacante. Es simple, echarlo.
Ciertamente, las excepciones a esta norma son las licencias médicas por cáncer, Ley Sanna, accidente del trabajo o trayecto, enfermedad profesional, pre y postnatal, enfermedad grave del niño menor del año, patologías del embarazo, licencia médica preventiva parental, y licencias médicas en estado pendientes o rechazadas.
En ese sentido, respecto del caso del Hospital San José, Mirosevic advierte que parte de estos funcionarios “pueden ser personas que efectivamente tengan una enfermedad que puede ser curada con el reposo. Sin embargo, una licencia prolongada, como lo que se ha visto, licencias de cinco años, eso no tiene ninguna justificación”.
"¿Qué es lo que debería hacer un Director? Hacer el diagnóstico, determinar bien cuáles son las unidades —puede ser problemas estructurales, por ejemplo, podría deberse a problemas de clima laboral, de problemas de turno, de sobrecargas de trabajo, de malas condiciones laborales, de violencia de los usuarios— y eventualmente a las personas que tengan licencias extendidas prolongadas, por ejemplo, por 5 años; lo que correspondería sería hacer aplicación de una causal que está en el estatuto administrativo, que es la causal de salud incompatible con el cargo”.
En entrevista con Informe Especial, el Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Antonio Infante, indicó que a mediados de 2024 se encargó “un estudio de situación de relaciones al interior del San José, que nos muestra un serio problema de organización, lo que después lo confirma la Contraloría con su Informe (...). En esa entrada nos preocupamos de licencias médicas, que era un tema que no se había visto y nos encontramos con el mismo desorden”.
“Algunos tenían más de 12 años de licencia sumada, pero que muchos de ellos, para que tú puedas tomar medidas al respecto, tienen que tener 180 días vigentes. Muchos de ellos ya no lo tenían, pero habían tenido ausencias muy prolongadas. A la fecha que tú haces el corte, tiene que tener 181 días de inasistencia continua en los últimos dos años. Si el corte lo haces en otro momento, y tiene 180, no entra. Si el funcionario tiene entrenamiento, cuando tiene 179 vuelve y anula el proceso, y después lo vuelve a retomar más adelante. Hay personas que se han especializado en conocer muy bien los plazos y tomar las licencias cuando no corren riesgo de ser enviados a la Compin”.
Pese a que varios juegan con los límites, 280 funcionarios que excedieron esos márgenes volvieron a trabajar sin que hasta la fecha hayan sufrido consecuencias por su ausentismo.
El perdonazo
Durante 2024, la administración hizo un nuevo corte para analizar el tema. Y las cifras obtenidas no fueron alentadoras: 419 casos de funcionarios con más de 180 días de licencias médicas en dos años. Todos fueron enviados a Compin, pero sólo se ha tenido resolución para 256. De ellos, solamente 56 fueron evaluados por el Hospital San José para solicitar la vacancia del cargo mediante Estatuto Administrativo. Osea, desvincularlos. Esos despidos aún no ocurren.
El análisis se hizo junto a los gremios y se acordaron distintos criterios para no echarlos y reintegrar a esas personas. Entre las causas estaban, por ejemplo, la revisión con especialistas de aquellas licencias prolongadas de salud mental. De siete funcionarios de planta del recinto, cuya decisión corresponde directamente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, a sólo dos se les solicitó la vacancia vía Contraloría.
Pero el SSMN ve el asunto con optimismo. Aseguran que “del total de casos enviados a Compin —todos con altos niveles de ausentismo—, 282 funcionarios/as (67%) se han reintegrado a sus funciones”, y añade que “acumulan al menos 30 días laborales sin presentar nuevas licencias médicas curativas (LMC), lo que evidencia un impacto positivo de la gestión sobre sus objetivos”.
Todo ello pese a que se trata de personas que, como revelan los datos obtenidos por Informe Especial, faltaron durante años a sus trabajos. Infante, director del Servicio de Salud, defiende la decisión.
—¿Estas personas que volvieron a trabajar no han vuelto a presentar licencia?
—No han vuelto a presentar licencia, porque dentro de muchos de ellos tú pones como condición, analizas el caso, hay buenas explicaciones, y el jefe dice: "Este funcionario en realidad, cuando está, trabaja bien", entonces le das la opción. "(Se le dice), si usted presenta una nueva licencia, vamos a hacer efectivo el artículo 151. Pero si no, siga". Y estamos con 280 que han seguido. Eso ha significado que, en esos 280, ya no estamos pagando reemplazante y creo que son como 500 millones de ahorro, no ahorro, 500 millones que no hemos gastado en reemplazo de gente que tenía exceso de licencia.
—Si estos trabajadores que volvieron y se les perdonó esta situación volvieran a presentar licencia ¿Habría que volver a reconsiderar el caso? ¿O queda estipulado automáticamente que si vuelven a repetir la conducta se toma la decisión de que salgan?
—Exactamente.
—¿Pero es algo concreto?
—No, es en la conversación. No sé si queda escrito o no, pero queda establecido que te la jugaste, corriste el riesgo, te podemos aplicar el 151, pero dado que tus antecedentes, tu jefe y las condiciones que nos relatas de que te obligaron a tener la licencia son atendibles, sigues. Pero otra licencia nos va a hacer tomar decisiones respecto a ti.
—¿Qué tipo de razones daban estos grupos de funcionarios?
—Tú te enfrentas con personas que son muchos de ellos funcionarios antiguos que tienen relaciones de trabajo con su equipo y que prima yo diría que un sentimiento de solidaridad o no sé. Duele mucho despedir a una persona que ha llevado mucho tiempo trabajando contigo, que tiene buen informe de su equipo de trabajo y que incumplió en términos de licencia. Y eso hace que ese proceso se demore, porque tienes que ir analizando cada caso y en cada caso está un comité de ausentismo en que tienen participación los gremios y, por lo tanto, los gremios te entregan antecedentes adicionales que defienden de alguna manera la conducta del trabajador.
—¿No le parece un poco injusto hacer solidaridad con recursos del Estado, que merman y hacen que la atención a los pacientes en el hospital decaiga?
—Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero son los hechos y los directivos tenemos que trabajar con la realidad que tenemos. Aquí hay un tema estructural del sector. La OIT, por ejemplo, ha declarado que el sistema de tercer turno que tenemos en los hospitales no cumple con ninguna de las condiciones básicas de calidad del trabajo.
—¿Y a usted le parece justo haber hecho este perdonazo a todos estos funcionarios?
—No me gustaría que fuera una costumbre, pero entiendo que lo que hemos hecho es enfrentar una realidad que estaba, hacerla evidente, recuperar 280 trabajadores que volvieron, ahorrar ese dinero en reemplazos y, por lo tanto, dar la señal al cuerpo de trabajadores del Hospital San José en particular, de que aquí el comité de ausentismo va a funcionar de manera periódica y que vamos a estar atentos a que no se nos reproduzcan conductas que nos parecen dañinas para la probidad y para los recursos del sector. (...) Yo no le llamaría perdonazo, porque me ha tocado ver lo que son y se te recoge la guata.
—Pero en el fondo ¿Esos 280 vuelven a trabajar porque usted dice "se me aprieta el corazón"?
—No, vuelven a trabajar, espérate, vuelven a trabajar porque saben que está la espada sobre ellos. Vuelven a trabajar porque se están analizando sus casos. Vuelven a trabajar porque se reconectan con su grupo de origen y el jefe, cuando el comité de ausentismo le pregunta al jefe: "Tenemos este caso para el 151, ¿lo mandamos a Contraloría, o no?". Y el jefe dice: "Es un buen funcionario y lo que le ha pasado lo entiendo", en ese caso lo dejas ahí. No se manda a Contraloría. El caso que se manda a Contraloría es cuando el jefe dice es un "licencioso", tiene ausentismo injustificado, le hace mal a nuestro equipo de trabajo y por lo tanto mandenlo a Contraloría.
La duda surge justamente alrededor de quiénes y con qué características podrían ser catalogados objetivamente como “licenciosos”.
Realidad "licenciosa"
"No es fácil". "Es la realidad". Esas fueron las frases que más repitió Infante cuando intentó explicar el problema a Informe Especial. Y admite que el panorama probablemente no va a cambiar.
—¿Cuánto estiman ustedes que se va a demorar el proceso completo para que sepamos si estas 400 personas van a dejar de trabajar en el San José o no?
—Yo creo que las 400 no van a dejar de trabajar. Sí vamos a dejar ordenado el proceso en el curso de este año, en que este comité de ausentismo que funciona aquí incidentalmente va a ir tomando medidas, va a ir advirtiendo que el proceso de licencia está controlado, va a estar la política de los reintegros sobre las licencias rechazadas. Es decir, los trabajadores van a saber que aquí se instaló un sistema ya rutinario de vigilancia sobre las licencias médicas. Yo entiendo la preocupación por el uso de recursos públicos, y te encuentro toda la razón, pero la realidad, es la realidad. Sobre todo que son personas. Si fuera un automóvil, lo das de baja.
—Pero son personas que han abusado reiteradamente del sistema.
—La mayor, no sé si la mayor o la menor, pero es un conjunto de personas que son compañeros de trabajo, de partida, muchos de ellos, y que como compañeros de trabajo los tienes que mirar con el cariño con que miras a compañeros de trabajo, antes de considerarlos un enemigo del Estado porque está gastando plata. No es fácil.
—Aún así, en los casos que tuvimos a la vista, incluso los reemplazos terminaban presentando licencias médicas extendidas, lo que ya era el colmo.
—Todo eso puede suceder. Son 4.000 trabajadores y de esos 2.000 en sistema de turno. Entonces no es fácil —insiste.
No obstante, si bien siete casos eran resorte directo de Infante, otros 56 dependían de la dirección del Hospital San José, que sólo en 2025 ha cambiado de mandamás tres veces, y cuya subrogancia ha pasado por Marcelo Olivares, Jorge Ramírez, Eric Poblete y Aldo Yáñez.
Tras requerir una entrevista a este último, hoy en el cargo, evitó responder a las preguntas de Informe Especial y simplemente envió un vídeo. Su opinión básicamente va en la misma línea de Infante y valora el que se puedan “recuperar trabajadores”.
"Hemos bajado sustancialmente las tasas de días perdidos por ausentismo en el hospital. Vamos a analizar todos y cada uno de los casos que están pendientes, a efecto de intentar recuperar a estos trabajadores, o bien aplicar las medidas que la ley establece para estos casos”, remarcó.
Este miércoles 14 de mayo se llevará a cabo la reunión quincenal del Comité de Ausentismo local, instancia en la que comenzará la revisión de los casos pendientes que la Compin ha clasificado como de "salud recuperable".
De todas formas, la dirección del SSMN asegura que desde el año pasado se han implementado diversas estrategias. Por ejemplo, tres reuniones del Comité de Ausentismo a nivel central, con asociaciones gremiales. En la primera se creó la política de ausentismo de la Red del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Además, se instruyó a todos los establecimientos reportar bimestralmente los avances en materia de gestión y abordaje del ausentismo prolongado.
Asimismo, a nivel local en el Hospital San José se realizan sesiones cada 15 días del Comité de Ausentismo, desde el mes de Julio del 2024, en el cual participan autoridades y asociaciones gremiales del establecimiento.
No obstante, desde el Ministerio de Salud, la jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, Verónica Bustos, admitió que el asunto va más allá. “Se instruyó la revisión no solamente en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, del que depende el Hospital San José, sino que en la red asistencial en su conjunto de Arica a Punta Arenas”.
En ese proceso, afirma, a nivel nacional se detectaron 9.000 casos de funcionarios con licencias prolongadas por más de 180 días en 24 meses. En simple, el 4% de las personas contratadas en establecimientos dependientes de los servicios de salud.
“No me voy a referir en particular al Hospital San José, que es un establecimiento específico de una red asistencial súper amplia, son 29 servicios de salud, pero sí, lo que le puedo señalar es que efectivamente, considerando todos los impactos que tiene el ausentismo, que no son desconocidos por nadie, la administración pública en su conjunto ya está en una política de gestionar el ausentismo", remarca.
"Hemos logrado quebrar la tendencia en la que veníamos, y por lo tanto —si bien tenemos que seguir mejorando esa tendencia a la baja— ya estamos en el camino que deseamos, en el camino que buscamos y por lo tanto vamos a continuar justamente por resguardar el buen uso de los recursos públicos con mucha energía y con mucho énfasis”, añade.
Aún así, pese a las mejoras de ausentismo en el último año, poco se ha avanzado en recuperar los millonarios pagos del San José a sus funcionarios. En particular de aquellos que recibieron sus sueldos y cuyas licencias luego fueron rechazadas. El gasto total superó los $7.400 millones; y de ellos, $1.500 millones corresponden a licencias que nunca debieron ser pagadas. Y hasta ahora son muy pocos los que han devuelto esos fondos mal habidos.
"Corazón de abuelita"
Del universo de licencias médicas detectadas entre 2017 y 2024 en el recinto hospitalario, un 10% fue rechazada por Fonasa. Es decir, los funcionarios tomaron esos días, pero la resolución del subsidio de incapacidad laboral salió negativo y, por tanto, no les correspondía recibir su sueldo.
“El funcionario que tiene una licencia médica rechazada queda cubierto por la no ausencia a trabajar, es decir, se entiende que está justificada su ausencia. Sin embargo, no tiene derecho a recibir la remuneración y, por lo tanto, si recibió mal esa remuneración, está obligado a hacer un reintegro, una devolución al servicio por ese sueldo no trabajado. (...) El servicio está obligado a retener ese fondo y avisar a Contraloría, y entonces que haya una retención de fondo”, afirma el abogado Camilo Mirosevic.
En efecto, de los $1.500 millones pagados a funcionarios del San José con licencias rechazadas, cerca de $1.200 millones fueron pagados a cotizantes de Fonasa y el restante a trabajadores con isapre. En ambos casos, los aludidos debieran devolver lo que recibieron, pero para Infante el asunto no es tan fácil.
—Nosotros no tenemos autorización para que el reintegro de la licencia que fue pagada y fue rechazada sea hecho en cuotas. Por lo tanto, de ejecutar el reintegro tendríamos que cobrar el reintegro entero, que mucha gente excede su sueldo mensual. Entonces, lo que se hace es decirle a esa persona que le pida a Fonasa que le autorice cuotas y todo ese proceso demora. Lo estamos haciendo en aquellas licencias que nos parece razonable pedir el reintegro, de hecho nuestra directiva de gestión de personas ha tenido muchos problemas con las asociaciones, porque en algún minuto comenzó a descontar brutalmente parte del sueldo entero. Y obviamente los trabajadores quedan en situación de indefensión. Estamos en una situación intermedia. Lo que se puede descontar como razonable, reintegro razonable, llamémoslo, se hace. Pero el reintegro que significa que el trabajador quedaría sin ingresos, se le dice al trabajador que le solicite a Fonasa la autorización para que ese descuento sea en cuotas.
—¿Hay fiscalización de que se estén devolviendo los reintegros?
—Lo que pasa es que no es fiscalización, porque es decirle a Fonasa "haga la pega". Pero no yo no tengo el antecedente.
Así las cosas, el Servicio de Salud admite que, de las licencias rechazadas del Hospital San José, en 2023 se recuperaron $34 millones y en 2024 otros $146 millones; es decir, aún quedan más de 1.000 millones de pesos por reintegrar.
Bustos, la encargada del asunto en el Minsal, contradice a Infante respecto al procedimiento. En efecto, advierte que el reintegro en cuotas en realidad se pide en Contraloría: “Una vez que el servicio tiene esta información, tiene que generar la orden de reintegro que se le notifica al funcionario. Como en varios otros procesos administrativos, esto está regulado por derecho público, el funcionario tiene derecho a apelar y tiene recursos de apelación. Esos recursos de apelación son ante Contraloría General de la República, no ante Fonasa... de cuotas u otra de esa naturaleza”, señala.
Con todo, para Infante es un asunto más sistémico y que va más allá del Hospital San José y el Servicio de Salud Metropolitano Norte que lidera.
—Yo creo que también en el mundo sanitario somos más corazón de abuelita, en el sentido de que no tenemos la rigurosidad de recuperar recursos públicos, porque prima lo humano a la eficiencia. Y eso yo creo que, por eso el sector tiene las cifras más altas que el resto de la administración, porque hay consideraciones que son propias del mundo nuestro, que es poner a la persona en el centro.
—Pero de alguna forma se termina poniendo a los pacientes fuera del centro.
—No, porque los reemplazai. Si el tema es que el paciente sufre porque tú estás gastando plata en cosas que podría decir, $1.100 millones es medio resonador, por ejemplo.
—Se podría haber destinado a eso. Al final siempre de una u otra forma termina repercutiendo al paciente.
—Claro, pero esa sumatoria tuya es sumatoria de un goteo del año. Y tú con goteo no comprai nada. Yo tendría que hacer una cuenta.
—Pero es un gasto hormiga bien gordo.
—Estoy de acuerdo, pero es un gasto hormiga que es muy difícil que tú tengas. No te sirve pa' pedir un crédito. No tengo $1.000 millones de ahorro, tengo $1.000 millones de goteo. Entonces no es tan fácil.