Durante la tarde del viernes, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente lanzó oficialmente su artillería contra el diputado Joaquín Lavín León. Mediante un escrito de 120 páginas, presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el ente persecutor detalló una serie de antecedentes —varios de ellos desconocidos hasta la fecha— respecto de las “diversas maniobras indebidas” desplegadas por el otrora legislador de la UDI.
Sobre el congresista pesa una indagatoria, hasta ahora desformalizada, por tres delitos: fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación, y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Todo en el marco de la causa por delitos de corrupción contra la exalcaldesa de Maipú y cónyuge del parlamentario, Cathy Barriga.
Informe Especial tuvo acceso exclusivo al requerimiento de desafuero presentado por la Fiscalía Oriente, el cual detalla los fundamentos que el Ministerio Público tuvo a la vista para solicitar la medida contra el diputado Joaquín Lavín.
Aparte de las facturas falsas para desviar fondos de la Cámara, la indagatoria lo apunta por el desarrollo de un software electoral, cuya ejecución fue financiada mediante gastos operacionales de su gestión parlamentaria y contratos vía honorarios.
Adicionalmente, según consta en el libelo exhibido por la fiscal regional Lorena Parra y la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, Lavín Jr. tenía un interés económico en la “obtención irregular” de bases de datos desde el municipio de Maipú, que contenían información personal de contacto de electores.
Los antecedentes de la investigación incluso apuntan a que fue el artífice de una “limpieza política” apenas se instaló su esposa en el sillón alcaldicio. Según consta en correos entre él y asesores de confianza, se enfocaron en remover a prácticamente todos quienes mostraran simpatía por el exalcalde Christian Vittori (exDC).
Fraude al fisco
De acuerdo a la presentación, entre 2015 y 2022 el diputado Lavín se aprovechó de su cargo y presentó rendiciones fraudulentas de gastos parlamentarios. Mediante dicha maniobra, se estableció que logró obtener dinero del Congreso Nacional, el cual utilizó para saldar deudas de campaña y cubrir otros servicios personales con la empresa "Imprenta MMG", causando un perjuicio público de al menos $10,8 millones.
En esos siete años, la imprenta emitió 44 facturas por un total de $37 millones. Según advirtió la Fiscalía, Lavín presentó 32 de ellas como gastos operacionales al Congreso ($18,8 millones): una factura en 2015, tres en 2017, siete en 2018, nueve en 2019, dos en 2021 y diez en 2022.
Además del círculo de hierro del parlamentario, conformado por sus exasesores Arnaldo Domínguez Vallejos y Felipe Vásquez Diéguez, para desnudar la trama fue clave para el Ministerio Público la declaración de Juan Silva Morales, representante legal de la imprenta MMG.
—Dominguez me pedía que emitiera facturas desde las empresas MMG y Totalprint a Joaquín Lavín y que correspondían a servicios que no se habían prestado. A veces, era común que las empresas privadas solicitaran adelantar algunas facturas de servicios; sin embargo, en este caso el servicio no se había prestado —admitió en su alocución ante fiscalía.
Según exhibe la indagatoria, los mensajes de WhatsApp entre ambos confirman su versión: el propio Dominguez le requería facturas “para amortiguar la deuda” de Lavín.
De acuerdo con el libelo, para validar las facturas de 2022 que Silva reconoció como ideológicamente falsas, Lavín adjuntó al sistema de rendición de gastos algunas imágenes, que supuestamente correspondían a los trabajos realizados. Pero eran sólo una fachada.
Según la presentación de desafuero, el parlamentario echó pie atrás una vez que el asunto quedó en evidencia. El 15 de noviembre de 2024 depositó $7,2 millones a la cuenta de la Cámara de Diputados, cuyo traspaso ejecutó bajo el concepto de "devolución de Gastos Operacionales de Labor Parlamentaria". Volvió a repetir la fórmula el 26 de abril pasado (pocos días antes de su declaración ante la Fiscalía Oriente), por un total de $6,4 millones en efectivo. En esa ocasión, afirmó que la restitución correspondía a "facturas rendidas a la Corporación como gasto operacional, y que pueden no corresponder en el 100% al desempeño de su función parlamentaria".
Socialtazk, el software milagroso
La indagatoria reveló que desde 2017 el diputado ideó junto a su exasesor Felipe Vázquez un esquema para crear y gestionar bases de datos de electores a nivel nacional. El proyecto, denominado "SocialTazk", consistía en una plataforma digital para el almacenamiento y envío masivo de mensajes de texto.
Se indica que la empresa Modo74 SpA, propiedad de Vázquez, fue la encargada de desarrollar esta herramienta, la cual —según los antecedentes— fue financiada con fondos del Congreso. Los recursos se habrían obtenido mediante el pago de honorarios al dueño de la sociedad, pero en calidad de asesor parlamentario de Lavín, además de facturas falsas de la empresa al Congreso Nacional.
En sus respectivas declaraciones, el círculo cercano del diputado señaló que la plataforma solo duró hasta el 2020. Además, consta en la indagatoria que el congresista ofreció la plataforma Socialtazk a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita.
Sin ir más lejos, el 16 de junio pasado, testificó Marcelo Salazar Vallejos, concejal UDI de Puerto Varas entre 2016 y 2021.
—Nos reunimos con mis compañeros de bancada de la UDI, en donde apareció el diputado Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez, quienes nos querían presentar una nueva herramienta que consistía en una plataforma que utilizaba para campañas de nombre Socialtazk. Nos señaló que para quienes íbamos a la reelección, nos ofrecía una plataforma de mensajería masiva, que no tenía costo para nosotros, y sólo teníamos que preocuparnos de nutrir esa plataforma de datos de gente que fuera afín con lo que nosotros estábamos realizando, es decir, entregar información de los clubes de fútbol, de distintas asociaciones comunales, centros de madres, o cualquier fuente de información que tuviéramos de nuestras respectivas comunas, en donde podíamos enviar distintos mensajes masivos, como saludos a nombre de nosotros como candidatos a concejal. En esa oportunidad éramos cerca de 30 candidatos de la UDI, y el 80% éramos concejales —explicó ante el Ministerio Público.
En tanto, las declaraciones obtenidas a fines de 2024 también fueron decidoras. Particularmente la de la secretaria de Lavín.
—¿Tienen alguna plataforma mediante la cual trabajan todos?
—No. Tuvimos un tiempo, pero dejó de funcionar.
—¿Cuál era la plataforma que tenían?
—Se llamaba SocialTazk.
—¿Le llamaba la atención que la plataforma ya no estuviera funcionando?
—Yo pienso que la dejamos porque no era efectiva, a veces se daban tareas y pasaba el tiempo y no se utilizaba.
Dicha herramienta se habría sostenido de dos maneras: primero, mediante la contratación del coimputado Vázquez Diéguez como asesor parlamentario entre julio de 2018 y septiembre de 2019, periodo en el que el Congreso Nacional pagó honorarios por un total de $17.1 millones. Segundo, de acuerdo a información del Servicio de Impuestos Internos y la Cámara de Diputados, a través de la presentación de al menos 153 facturas falsas de Modo74 al Congreso Nacional entre 2018 y septiembre de 2024, por un monto total de $76,2 millones. En consecuencia, la fiscalía estima que Lavín León causó un perjuicio al patrimonio público del Congreso Nacional de al menos $93.3 millones.
Emprendimiento electoral
Al margen de los réditos electorales que generaba la plataforma y los cuestionamientos a la forma de financiarla, la indagatoria de fiscalía apunta que Lavín Jr. se quedó con una tajada de los ingresos del negocio.
De acuerdo a la revisión de sus movimientos bancarios, el Ministerio Público estableció que el diputado consistentemente rindió al Congreso facturas por montos significativamente superiores a los pagos que realmente hizo a Modo74.
En simple, según revelaron los propios registros de las cuentas de Lavín, se quedó con una diferencia a su favor de $22,8 millones.
Entre 2018 y 2024, la indagatoria indica que el parlamentario recibió $56,7 millones en depósitos en efectivo de origen desconocido, constituyendo la tercera mayor fuente de ingresos en sus cuentas bancarias.
De acuerdo a análisis de Fiscalía, dichos ingresos se concentraron principalmente entre 2020 y 2021, coincidiendo con los años en que el diputado habría vendido servicios electorales a terceros. En dicho periodo, nueve de los 26 depósitos, que suman $15,4 millones, llevan el nombre de Joaquín Lavín León como "depositante".
Aún más llamativo es que 13 depósitos en efectivo, por un total de $36.1 millones, no tienen nombre de depositante, lo que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) calificó como una "alerta de operación sospechosa" debido al "alto flujo en su cuenta corriente producto de depósitos en efectivo y transferencias recibidas sin respaldos formales"; es decir, son movimientos inusuales para un funcionario público.
La indagatoria también señala que la mayoría de los pagos efectuados por el diputado Lavín a Modo74 corresponden a servicios que fueron posteriormente rendidos al Congreso Nacional y que, en rigor, pasó el 72% de las facturas por la Cámara. A su vez, los cobros al parlamentario significaron el principal ingreso de la empresa.
Según se detalla en la solicitud de la Fiscalía, en 2018 Lavín rindió facturas de Modo74 por $4 millones; en 2019, por $4,2 millones; en 2020, por $14,1 millones; en 2021, por $14,5 millones; en 2022, por $17 millones; en 2023, por $12.9 millones; y hasta septiembre de 2024 alcanzó a obtener $9.2 millones.
Además, puntualiza que hubo 23 facturas —por un total de $17,7 millones— que no fueron presentadas al Congreso; de estas, 20 fueron anuladas, dejando solo tres vigentes por $880 mil. De ellas, solo fue pagada una por un total de $400 mil.
Alcalde en las sombras
Tras el arribo de su esposa Cathy Barriga a la alcaldía, el diputado Lavín habría orquestado el arribo de una red de contactos de confianza dentro de la municipalidad de Maipú, compuesta por al menos cinco funcionarios en puestos clave.
De acuerdo a la fiscalía, ejerció influencia reiterada sobre ellos para obtener decisiones favorables a sus intereses económicos y políticos. Por ejemplo, afirman que habría utilizado esas ventajas para conseguir de forma irregular miles de bases de datos de electores de la zona, que contenían información personal de los habitantes de Maipú. Posteriormente, dicha información fue incorporada a su herramienta SocialTazk.
Según declaró en diciembre de 2024 Diego Romo Morales, estrecho colaborador del asesor Arnaldo Domínguez, la obtención de ese tipo de registros era prioritario en la gestión de Lavín.
—¿Les pedían conseguir bases de datos?
—Sí, eso estaba dentro de las tareas. Siempre que había reuniones en la sede parlamentaria, el diputado Joaquín Lavín León hacía hincapié en que había que recopilar información de los vecinos. Pero en paralelo, Arlando derechamente nos instruía obtener y llenar bases de datos, esto era en cierto tono amenazante de despido en caso de no cumplir. Respecto del uso de la información recopilada, no tengo conocimiento exacto. En la sede distrital era donde nos entregaban material consistente en encuestas y papeles para llenar bases de datos. La instrucción era salir a hacer barridos por el distrito, pero por lo general, por la cercanía, era en Maipú, Estación Central, Pudahuel y Cerrillos.
Con todo, la fiscalía advierte que la amplia base de datos adquirida por Lavín, efectivamente fue utilizada en interés económico de su plataforma de uso electoral. A modo de ejemplo, figuran en la indagatoria mensajes de prueba enviados al celular del diputado, con fecha 13 de mayo de 2021, para promocionar la candidatura a concejal por Maipú de Horacio Saavedra, el histórico director de orquesta del Festival de Viña del Mar.
Además, la indagatoria de fiscalía señala que también favoreció sus intereses políticos mediante la desvinculación y contratación de diversas personas en el municipio, lo que le permitía pagar favores políticos.
Según el Ministerio Público, respecto a la colocación de funcionarios en cargos clave para su propio beneficio, el primero en llegar fue Carlos Fairlie, abogado y hombre de confianza de Lavín, quien se desempeñó como asesor legislativo del diputado en 2016 y lo representó en el "Caso Basura”, donde impulsó acciones contra Christian Vittori (exDC), el antecesor de Cathy Barriga en el sillón municipal.
De acuerdo a la indagatoria, incluso antes de que su esposa asumiera su cargo como alcaldesa, el diputado instruyó al abogado para que asistiera a una reunión de coordinación de traspaso de mando. Fairlie cumplió con la orden, levantó un acta el 22 de noviembre de 2016 y se la envió. Posteriormente, Lavín le habría propuesto a Fairlie un cargo de "Coordinador General de Alcaldía" en el municipio, con una remuneración elevada y sin responsabilidad administrativa, una oferta que aceptó. De esta forma, Fairlie comenzó a trabajar desde el primer día de la administración de Barriga, el 6 de diciembre de 2016.
En la misma línea, la fiscalía también apuntó a la contratación de Felipe Contreras, quien ingresó el primer día de la administración como Director de Asesoría Jurídica, para luego ocupar el cargo de Administrador de la Municipalidad de Maipú hasta el 6 de noviembre de 2017. Ambos cargos, de exclusiva confianza, habrían sido gestionados por Lavín, aprovechando su relación con Barriga. La declaración de Contreras, donde señala que fue el propio diputado quien lo contactó telefónicamente para una entrevista con Barriga, contradice la declaración de Lavín del 29 de abril de 2025, donde afirmó no haber conocido previamente a Contreras.
Fiscalía también apunta a la incorporación de Boris Gálvez, quien asumió el cargo de Secretario Comunal de Planificación (Secpla) desde el inicio de la administración en 2016 hasta el 11 de diciembre de 2017. Según su declaración del 27 de diciembre de 2023, Gálvez recibió una llamada de la familia Lavín-Barriga después de las elecciones, ofreciéndole integrarse a la gestión municipal.
Misma situación señaló el Ministerio Público respecto de Nicolás Pizarro, quien fue el primer administrador municipal de Barriga, hasta el 28 de febrero de 2017, cuya contratación también habría sido gestionada por el imputado Lavín.
Distintos funcionarios declararon que recibían instrucciones directas del diputado:
—Uno entendía que era el diputado del distrito, que había sido candidato a alcalde, y además era su marido, entonces entendíamos que las cosas que él decía, eran cosas que ella quería y que se debían hacer, pero insisto, yo siempre las ratificaba con ella —señaló Pizarro.
También constan correos electrónicos con reportes y solicitudes directamente al mail personal de Lavín. Tal como este de Alex Gómez enviado al parlamentario el 21 de enero de 2017.
“Estimado Diputado, junto con saludar y, primero que todo, agradecer la confianza puesta en mi persona para desempeñar el cargo de Director de la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental, me tomo la libertad de solicitar a usted reconsiderar la decisión de trasladar al Sr. Mario Muñoz Sepúlveda desde la DAOGA”.
Tres días después, Lavín respondió a la petición.
“Hola Alex. Lo vamos a considerar, de momento se mantendrá en DAOGA. Enviado desde mi iPhone”.
Lavín, en calidad de imputado, fue consultado por estos correos el 20 de abril de 2025. Los reconoció, pero negó haber incidido en su nombramiento.
“Limpieza política”
Más allá de los nombramientos, la indagatoria de fiscalía apunta al rol clave de Ángel Garrido como Subdirector de Recursos Humanos en la Municipalidad de Maipú, quien facilitó la entrega de información sensible del departamento al diputado y su círculo cercano, fundamentalmente en la elaboración de listas de desvinculaciones.
Dicha maniobra quedó en evidencia a través de un correo electrónico fechado el 19 de diciembre de 2016, a pocos días del inicio de la nueva administración municipal, enviado por el propio Lavín León a Carlos Fairlie desde su correo personal, bajo el asunto "Cambios en RRHH".
“Estos cambios se deben hacer a la brevedad, hoy. Me dicen que mientras se hace el decreto, un memo basta para que se haga el cambio. (...) Destinar a la Sub-Dirección de RRHH a Fabián Garrido (grado 10 jefatura), hoy está a cargo de la oficina de administración del Vivero Municipal. Y dejar en su lugar a Guillermo Zamorano (Honorarios). Destinar como jefe de personal a Elizabeth Araya (grado 11 técnico), que hoy se encuentra en la Dirección de Tránsito”, ordenó.
El propio Garrido admite su injerencia en su declaración a fiscalía:
—Le comenté quiénes de los directores que estaban en la actualidad, que no eran de confianza para la alcaldesa, y como no había cargos nominados, se podían cambiar todos ellos. Él cambió a la gran mayoría de los directores, sé que la persona que hizo esto fue el diputado, y lo sé porque eso me lo preguntó directamente en estas reuniones —afirmó.
En efecto, el 20 de diciembre de 2016, el diputado Lavín le envió este mail al abogado Carlos Fairlie, adjuntando una planilla de excel llamada “Listado honorario”.
“Carlos,
Cathy trajo a casa un listado que le pasó Nicolás (administrador municipal) con la gente que se debe sacar el día de hoy. No está completo, faltaban algunas personas que entraron para la campaña y también los funcionarios que son un peligro para la administración (también de 2016).
Envío el listado completo de las personas que deben salir.
En 2016, la municipalidad contrató a más de 800 personas. Las que figuran en el listado son 452, para que no crean que se está sacando a todos los que entraron este año. Faltan todos los que entraron en noviembre y primeros días de diciembre, trataré de conseguirlos durante la mañana.
Saludos”.
En definitiva, según los antecedentes presentados por el Ministerio Público ante la Corte de Santiago, 497 funcionarios de la Municipalidad de Maipú fueron desvinculados a partir de listados presuntamente creados y enviados por él. La fiscalía adjuntó pruebas, incluyendo correos electrónicos frecuentes, que vincularían directamente al diputado con estas decisiones que, según información proporcionada por el propio municipio, generaron un perjuicio económico de más de $1.149 millones en concepto de indemnizaciones y transacciones judiciales.
Pese a las evidencias, el diputado Lavín negó todas las acusaciones ante fiscalía.
—Nunca instruí ni ordené nada dentro del municipio. Lo que pasa es que cuando Cathy asume, el 2016; es decir, cuando gana la elección, como era diputado del distrito conocía a muchas personas que trabajan en el ámbito político de la comuna y muchos de ellos me acercaron para empezar a contarme una serie de irregularidades que habían ocurrido en la municipalidad de Maipú, especialmente el último año, de campaña (2016).
Sin embargo, confrontado frente a la evidencia, fiscalía estima “que se puede desvirtuar íntegramente la versión alternativa de los hechos indicada por el diputado Lavín”.
De hecho, el Ministerio Público repite el concepto en varias ocasiones en su arremetida contra el parlamentario.
“Esta versión alternativa de los hechos dista en extremo de los medios de prueba obtenidos desde diversas fuentes de información que se han logrado recopilar a lo largo de la investigación”.
“Más allá de la versión alternativa del diputado Lavín León, la que dista profundamente de la literalidad de los correos, ella no adquiere mérito en virtud de los diversos antecedentes que obran en la carpeta investigativa, pero por sobre todo no responde a la pregunta de por qué un director de la Municipalidad de Maipú le solicita a él como diputado del Distrito directamente que no traslade a uno de sus funcionarios y no a quien corresponde en este caso, es decir, a su superiora jerárquica, la alcaldesa de Maipú o al Administrador Municipal”.
El club de los desaforados
En la práctica, a última hora del viernes, con Lavín el Ministerio Público ejecutó la sexta solicitud de desafuero del actual periodo parlamentario (2022-2026).
La quinta, de hecho, fue anunciada sólo horas antes contra el Miguel Ángel Calisto (Demócratas), también en el marco de una causa por fraude al fisco.
Previamente ya habían pasado por dicha instancia los parlamentarios Catalina Pérez (exFA), Mauricio Ojeda (Ind-Republicanos), Francisco Pulgar (Ind) y María Luisa Cordero (Ind-ChileVamos), aunque esta última logró retomar su actividad legislativa tras finalizar su causa por injurias con unas disculpas.
De aprobarse la petición contra Lavín, dicha solicitud lo obligaría a dejar de asistir a la Cámara de Diputados, pues en el intertanto que el caso es revisado por la justicia el desaforado queda privado de votar e intervenir en el hemiciclo.
De todas formas, incluso previo a dicha posible prohibición, Lavín es el parlamentario más ausente de la Cámara Baja y quien presenta la mayor cantidad de permisos “por motivos particulares sin goce de dieta”, por lo que se le suele ver poco en los pasillos del Congreso.
Con todo, ahora la decisión está en manos de la Corte de Apelaciones, cuya resolución será clave para determinar si la Fiscalía podrá formalizar al diputado y continuar con el proceso judicial en su contra.