Donald Trump Jr, el hijo mayor del expresidente estadounidense homónimo, compareció este miércoles en un juzgado civil de Nueva York por un caso de fraude financiero que pone en jaque a la empresa familiar.
De 45 años, Donald Trump Jr es el primero del clan familiar que ofrece su testimonio ante el juez instructor Arthur Engoron, y en su declaración aseguró que no se ocupaba de los documentos financieros en el corazón de la acusación.
El jueves le seguirá su hermano Eric Trump, de 39 años, luego el mismo Donald Trump y después su hija Ivanka, que, sin embargo, presentó un recurso para no testificar.
Don Jr, vicepresidente ejecutivo de la Trump Organization, es acusado al igual que su padre y su hermano Eric por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, de inflar los activos del grupo en cientos de millones de dólares para obtener préstamos bancarios más ventajosos y mejores condiciones de los seguros.
El hijo mayor de Donald Trump se presentó el miércoles ante el tribunal y confirmó su papel al frente de la Trump Organization, un conglomerado de empresas que gestiona rascacielos residenciales y de oficinas, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.
En su interrogatorio, la representante de la fiscalía Colleen Faherty le preguntó quién tenía las riendas del grupo cuando su padre inició su mandato presidencial en enero de 2017.
"Yo mismo, mi hermano (Eric) y Allen Weisselberg", fue la respuesta de Don Jr. Weisselberg es el ex director financiero de la compañía, que fue condenado a prisión el año pasado por fraude fiscal.
El hijo mayor de los Trump aseguró también a la fiscalía que ignora cómo funciona la contabilidad de una empresa.
"Dejo eso a mis CPA", dijo en referencia a los contadores certificados por la administración pública encargados de emitir informes sobre empresas.
Considerado por la fiscalía como responsable de los estados financieros anuales de Donald Trump desde 2016, el hijo mayor explicó que había depositado su confianza en la empresa de contabilidad Mazars.
Trump y sus hijos no corren riesgo de ir a la cárcel en este caso, pero podría acarrearles la pérdida del control de parte de sus propiedades inmobiliarias, una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de gestionar empresas en Nueva York.