La Justicia peruana admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el Presidente Pedro Castillo contra la decisión de declarar infundada la "tutela de derechos" que buscaba anular la investigación abierta en su contra por la Fiscalía de la Nación por presuntamente liderar una red criminal desde el Ejecutivo.
En una resolución judicial, difundida este domingo por la prensa local, el juez supremo Juan Carlos Checkley aprobó la solicitud presentada por la defensa del Mandatario tras determinar que el recurso cumplió con los requerimientos establecidos por la ley para ser revisado. "El segundo tiempo de este partido está por iniciar", escribió en Twitter el abogado principal de Castillo, Benji Espinoza, tras conocer la decisión.
El JIP ha considerado que hemos cumplido con los requisitos subjetivos y objetivos al apelar el auto denegatorio de tutela y, por tanto, ha decidido conceder nuestro recurso de apelación. El segundo tiempo de este partido está por iniciar. pic.twitter.com/cJMelNu1H2
— Benji Espinoza Ramos (@BenjiEspinozaR) July 2, 2022
El mandatario había presentado este recurso después de que el pasado 23 de junio el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declarara infundada la "tutela de derechos", la cual pretendía suspender el proceso que abrió el exfiscal general Pablo Sánchez en contra del jefe de Estado.
La defensa de Castillo argumentó que el gobernante goza de inmunidad absoluta durante su mandato, por lo que se estarían vulnerando los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica, dado que la Constitución sólo permite su procesamiento, mientras ejerce el cargo, por casos de traición a la patria o impedir las elecciones.
Debido a lo anterior, Espinoza anunció que acudiría a fueros superiores, como el Tribunal Constitucional, e incluso supranacionales, para apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal y conseguir que se anulen esas pesquisas.
Sobre la "tutela de derecho", el juez Checkley indicó que, si bien el gobernante sólo puede ser acusado por los supuestos que prevé la Constitución, "ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables".