Torturas, violaciones y esterilizaciones forzadas: la ONU asegura que China puede estar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los uigures en Xinjiang, una región autónoma en el extremo noroeste del país.
En un informe bomba publicado el miércoles, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitó la nación asiática en mayo, denuncia y da detalles sobre supuestos abusos contra los derechos humanos en la región.
"Dije que lo publicaría [el informe] antes de que terminara mi mandato y lo he hecho", dijo Bachelet en un correo electrónico a la AFP.
"Los problemas son serios, y los planteé con autoridades nacionales y regionales de alto nivel en el país", agregó.
Bachelet ha sido criticada anteriormente por diplomáticos y grupos de derechos por ser demasiado blanda con China.
Pero ahora su oficina asegura que la "detención arbitraria y discriminatoria" de uigures y otros musulmanes en la región de Xinjiang puede constituir un crimen de lesa humanidad.
Pekín instó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a no publicar el informe, que calificó de "farsa" organizada por las potencias occidentales.
Este jueves, la delegación china ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra rechazó los hallazgos del informe, asegurando que "difama y calumnia a China" e interfiere en los asuntos internos del país.
Pero reportajes de la propia BBC en los últimos años han descubierto documentación que incluye archivos policiales de personas detenidas y denuncias de violaciones, torturas y esterilizaciones forzadas que parecen respaldar las afirmaciones de la ONU.
BBC Mundo te explica con detalle 4 de las acusaciones más graves de abusos de China contra el pueblo uigur publicadas por la ONU.
1. Denuncias de tortura "creíbles"
El informe asegura que las numerosas denuncias de patrones de tortura o malos tratos contra el pueblo uigur son creíbles.
Los investigadores van más allá e incluso aseguran haber visto "evidencia creíble" de tortura que posiblemente equivalga a "crímenes contra la humanidad".
Los grupos de derechos humanos han estado haciéndose eco de denuncias sobre lo que está sucediendo en la provincia noroccidental durante años, alegando que más de un millón de uigures han sido detenidos contra su voluntad en una gran red de lo que el Estado llama "campos de reeducación".
"Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluido el tratamiento médico forzoso y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género", señala el informe.
China siempre ha negado enérgicamente cualquier irregularidad y asegura que los derechos de los "aprendices" en los campos se respetan plenamente.
Sin embargo, el informe de la ONU concluye que "el alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros uigures y de otros grupos predominantemente musulmanes puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad".
Dos tercios de los 26 exdetenidos entrevistados en el informe aseguraron haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y otras formas de malos tratos, ya sea en los propios campos o mientras eran trasladados a estos.
"Sus relatos incluían haber sido golpeados con bastones, también bastones eléctricos, mientras estaban atados en la llamada 'silla de tigre' (un asiento en el que el detenido es inmovilizado con barras de acero que presionan los huesos hasta casi fracturarlos) mientras eran investigados y les echaban agua en sus rostros", según el informe.
2. Violaciones de los derechos reproductivos
Asimismo, de acuerdo al informe, existen indicios de violaciones a los derechos reproductivos de los uigures a través de la aplicación de políticas de planificación familiar implementadas desde 2017.
Antes de 2017, a los uigures se les permitía tener un hijo más que los del grupo étnico de los han, mayoritarios en China, lo que significaba que las parejas uigures podían tener dos hijos en las ciudad, mientras que en áreas rurales podían tener tres hijos.
Pero esto se acabó ese año, cuando se modificó la política de planificación familiar y se estableció la igualdad para que todos puedan tener dos hijos en las zonas urbanas y tres en las rurales, independientemente de su etnia.
Por otra parte, en sus observaciones publicadas en 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU acogió con beneplácito la decisión del gobierno chino de revisar la "política del hijo único", pero afirmó que aún había preocupación porque "seguían existiendo restricciones" al derecho de que las personas decidieran libremente el número de hijos que deseaban tener.
El comité expresó concretamente preocupación por los casos denunciados del uso de medidas como el aborto forzado y la esterilización forzada para limitar el número de nacimientos.
Varias mujeres entrevistadas por la ONU acusaron al gobierno chino de controlar la natalidad mediante la colocación de un dispositivo intrauterino (DIU) para evitar embarazos y de realizar esterilizaciones forzadas a mujeres uigures y de etnia kazaja.
Algunas mujeres hablaron del riesgo de castigos severos como el "encarcelamiento" por violar la política de planificación familiar.
3. Derechos a la privacidad y libertad de movimiento
La ONU también denuncia en su informe que la aplicación de políticas antiterroristas del gobierno chino ha ido acompañada de denuncias sobre distintas formas de vigilancia y control de la población.
El texto sugiere que los órganos chinos de seguridad pública ahora tienen amplios poderes para emplear la tecnología para investigar a personas y recopilar y conservar datos sobre varios aspectos de sus vidas, incluidos datos biométricos personales.
Una serie de documentos vistos por los investigadores, que son de dominio público, parecen detallar una base de datos policial que contiene cientos de miles de archivos policiales, muchos de los cuales indican que hay una vigilancia generalizada de la "población étnica lingüística".
Según el informe, hay indicios de que las autoridades realizan una vigilancia electrónica "invasiva" que está dirigida a los uigures y otras poblaciones predominantemente musulmanas.
Mediante esta, ciertos comportamientos, como la descarga de materiales religiosos islámicos o la comunicación con personas en el extranjero, pueden ser señalados a las fuerzas del orden como posibles signos de "extremismo" que requieren un seguimiento policial.
Además de la vigilancia en línea, los investigadores encontraron que existe desde 2016 un aumento de los puntos de control físicos custodiados por agentes fuertemente armados en las carreteras principales, en los pueblos y barrios de la región de Xinjiang, así como otras formas de monitoreo del movimiento de las personas.
4. Discriminación por motivos religiosos y étnicos
La Constitución de China y la Ley de Autonomía Étnica Regional garantiza el derecho de los miembros pertenecientes a minorías a ser protegidos contra la discriminación.
Asimismo, las políticas oficiales del país asiático destacan la igualdad, la unidad, la autonomía étnica regional y la prosperidad común para todas las etnias.
No obstante, el equipo de la ONU encontró indicios de que los esquemas laborales y de empleo en China "con supuestos propósitos de alivio de la pobreza y prevención del 'extremismo'" pueden incluir "elementos de coerción y discriminación" por motivos religiosos y étnicos.
Pekín ha negado sistemáticamente las denuncias de discriminación contra los uigures y otras minorías predominantemente musulmanas en Xinjiang.
Pero, según el informe, la campaña de "Golpe Duro contra el Terrorismo Violento" ha llevado a la adopción de varios instrumentos legales para endurecer aún más las leyes en torno a la religión.
Algunas normas abarcan una amplia gama de actos como un control sobre el uso de hijabs y barbas "anormales", que, según la ONU, forman parte de "libertades fundamentales para el disfrute de la vida cultural y religiosa".