A solo 10 días de las elecciones presidenciales anticipadas, Ecuador se quedó este miércoles sin uno de los aspirantes al cargo, en un acto de violencia que conmocionó al país.
El exdiputado Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras finalizar un acto de campaña en Quito.
Villavicencio, de 59 años, era periodista de investigación y fue asambleísta, pero empezó su trayectoria profesional en la estatal PetroEcuador donde fue dirigente sindical en la década de 1990.
Sin una larga experiencia política en cuanto al ejercicio de cargos electivos, Villencio tuvo un amplio un recorrido en el ámbito público por su profesión de periodista y su compromiso con el combate a la corrupción.
Villavicencio tuvo un escaño en la Asamblea Legislativa de 2021 a 2023 y ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
En la Asamblea, dirigió el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde donde presentó varias denuncias e impulsó investigaciones en temas de corrupción en el ámbito petrolero correspondientes a los años de las presidencias de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
El escándalo político más grande que se destapó bajo su liderazgo como asambleísta fue el llamado caso Petrochina, la deuda que presuntamente adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Rafael Correa y que Villavicencio denunció como un esquema de corrupción.
El político fue criticado por los sectores cercanos al correísmo por una supuesta cercanía con el gobierno de Guillermo Lasso, pero él argumentó que no había pruebas que sostuvieran ese señalamiento.
Esto lo convirtió en uno de los actores claves del anticorreísmo.
El discurso del combate contra la corrupción fue su carta principal para ganar su banca en la Asamblea.
Para su aspiración a la presidencia contó con el respaldo de la ministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, del Movimiento Construye, que lo llevaba como candidato.
Villavicencio presentaba en su lista al exministro del Interior de Lasso, Patricio Carillo, quien estuvo a cargo de la política de seguridad de las protestas de 2022 y con un perfil asociado a los sectores de la policía de Ecuador.