Una jueza federal dictó prisión preventiva contra ocho militares detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa (sur), en México.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación (Interior), informó en redes sociales que los uniformados han sido acusados "por el delito de desaparición forzada".
Los militares fueron capturados la semana pasada luego de que la Fiscalía General mexicana reactivara 16 órdenes de captura contra miembros del Ejército que habían sido emitidas en septiembre de 2022 pero que posteriormente fueron anuladas.
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
Esto se conoce a poco más de un mes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado el llamado caso Ayotzinapa concluya definitivamente sus trabajos tras denunciar diferencias con mando castrenses.
Carlos Beristain, uno de los expertos, explicó a la AFP que "el mandato del grupo termina el 31 de julio" y aunque en dos ocasiones se había dado una ampliación, esta vez presentarán su informe final la última semana de ese mismo mes.
El 31 de marzo pasado, el GIEI denunció que las Fuerzas Armadas han ocultado de manera deliberada información sobre la desaparición de los estudiantes ocurrida en 2014.
"Eso para nosotros no es aceptable", dijo en esa ocasión Beristain, quien anteriormente ya había reclamado la negativa de los mandos castrenses de entregar informes relativos a este caso.
En la zona donde ocurrieron los hechos está destacado un batallón del Ejército que habría tenido conocimiento de lo sucedido.
Los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial del anterior gobierno.
El GIEI ha cuestionado la investigación del exfiscal general Jesús Murillo Karam, detenido en agosto de 2022 acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
Pero una comisión del actual gobierno que investigó el caso sostiene que los delincuentes -en complicidad con policías y militares- buscaban recuperar droga escondida en un autobús tomado por los alumnos, sin que éstos supieran de su existencia.
Hasta ahora sólo han sido identificados los restos de tres víctimas.
El GIEI fue creado por un acuerdo entre México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).