El Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolvió que el Ministerio Público —y no la justicia militar— será el organismo encargado de liderar la investigación por la muerte del cabo del Ejército, Carlos Palacios.
Tras la audiencia, la fiscal jefe de la comuna, Johanna Irribarra, confirmó que el tribunal acogió la solicitud de competencia, por lo que se procederá a requerir al Tribunal Militar la entrega de todos los antecedentes recopilados hasta la fecha para dar continuidad a las diligencias.
Según consignó La Tercera, la decisión de trasladar el caso a la justicia ordinaria contó con el respaldo de la Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la representación de la madre de la víctima e, incluso, la defensa del capitán Felipe Oliva.
Los factores determinantes para el fallo
Los factores que tuvo en cuenta la magistrada Mónica Mansilla pra solicitar a la Fiscalía Militar de inhibirse de continuar conociendo los antecedentes de la investigación, fueron:
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Ausencia de una orden institucional: La defensa técnica expuso que el fallecimiento del cabo Palacios no derivó de una instrucción oficial o de una actividad regulada del Ejército, sino de una orden directa emitida de forma particular por los sargentos implicados.
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Naturaleza del delito: El INDH enfatizó el carácter "excepcionalísimo" de los tribunales castrenses, argumentando que estos solo deben intervenir cuando se vulneren bienes jurídicos estrictamente militares (como la seguridad nacional) y no ante delitos comunes o cuasidelitos de homicidio.
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Límites legales: La jueza Mansilla dictaminó que las atribuciones que se había tomado la Fiscalía Militar excedían lo estipulado en el Artículo 3 del Código de Justicia Militar, ratificando la competencia del Juzgado de Garantía local para supervisar el proceso.
"Se solicita a la Fiscalía Militar de Punta Arenas que se inhiba de continuar conociendo de la presente investigación y sean remitidos todos los antecedentes recabados a la Fiscalía Local", dictaminó la magistrada.
Situación de los imputados
Actualmente, existen cuatro miembros de la institución bajo la lupa judicial por el cargo de cuasidelito de homicidio:
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Capitán Felipe Oliva
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Alférez Alexis Farías
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Sargento Leonardo Vallejo
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Sargento Jaime Huichalaf
Si bien los tres primeros alcanzaron a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva al inicio del caso, durante el pasado mes de abril se modificó su situación judicial, quedando en libertad sujeta a firma mensual mientras se agota el periodo de instrucción.
Próximos escenarios jurídicos
A pesar del fallo del tribunal de garantía, la pugna por la competencia del caso podría no estar cerrada. En caso de que la Fiscalía Militar rechace la resolución e insista en llevar la causa, el conflicto deberá ser derivado a la Corte Suprema, tribunal que tendrá la última palabra para resolver de forma definitiva qué jurisdicción se queda con el expediente.
