Este lunes se ha llevado a cabo la tercera jornada de formalización en el marco del denominado Caso ProCultura, una arista que investiga a dicha fundación en Caso Convenios.
Cabe recordar que los delitos que se le están imputando a Alberto Larraín, fundador de la organización y a los demás coimputados de esta arista, son por el convenio que se suscribió entre la Gobernación de la región Metropolitana encabezada por el gobernador Claudio Orrego con la Fundación ProCultura, por más de $1.600 millones para el programa Quédate, de la prevención del suicidio. Para ello se habrían alcanzado a ejecutar cerca de $6 millones de pesos.
Sin embargo, la Fundación Procultura no siguió ejecutando los recursos ni el programa. Actualmente, el Ministerio Público investiga qué pasó con los $1.000 millones, por ello se habla de un delito de fraude al fisco por la suscripción de este convenio entre la Gobernación de la región Metropolitana y la Fundación Procultura.
Al respecto, el Ministerio Público está solicitando la medida cautelar de prisión preventiva en contra de cuatro imputados: Alberto Larraín (fundador de ProCultura), María Constanza Gómez (representante legal), María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno. Cabe mencionar que Gabriel Prado ya figura con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Una de las aristas investigativas apuntó a la mensajería que había entre Claudio Orrego y Alberto Larraín, la cual aparentemente fue eliminada: "Los chats entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín están borrados. Eso no es una presunción, eso es de la lógica por cuanto hay una comunicación por Telegram, en la cual el gobernador Orrego le señala diciéndole, 'hermano, si hay dificultades, si hay algo que nos pueda perjudicar, bórralos'", consignó el abogado querellante, Pablo Toloza.
"Es imposible que estas dos personas con su grado de cercanía no hayan tenido más conversaciones que solo esa. Es evidente que acá hay información que se ha borrado", agregó el abogado.
No obstante, Claudio Orrego no ha figurado en las audiencias de formalización, pese a sí ser nombrado. Esto se debe a que Orrego cuenta con un fuero y para eso el Ministerio Público debe solicitar su desafuero, que pese a haberlo hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago aún no tramita dicha solicitud.
Por ello, el gobernador no ha estado presente en las salas de audiencia. Sin embargo, el Ministerio Público contaría con los antecedentes para formalizarlo.
