Congreso despacha a ley el proyecto de "Escuelas Protegidas"
El proyecto permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos medidas como revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas.
Con información de Aton
Martes 2 de junio de 2026
Con 105 votos a favor (incluyendo el apoyo de la Democracia Cristiana) y 45 en contra, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado y despachó a ley el proyecto "Escuelas Protegidas". La iniciativa busca establecer nuevas medidas de seguridad, orden y respeto dentro de las comunidades educativas del país.
A pesar de su aprobación, diputados del Partido Socialista, Frente Amplio y el PPD presentaron reservas de constitucionalidad. Al respecto, los parlamentarios cuestionan la restricción del beneficio de la gratuidad universitaria y advierten que la revisión de pertenencias podría vulnerar derechos fundamentales.
El proyecto permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos medidas como revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas. Además, se podrá solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos.
De encontrarse elementos potencialmente peligrosos, se deberá comunicar de manera inmediata a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
En caso de negativa del estudiante a la revisión, incluso en presencia de sus padres o apoderados, estos deberán retirar las pertenencias del establecimiento y el sostenedor deberá informar a la Oficina Local de la Niñez.
En materia de pérdida de gratuidad en la educación superior, la norma establece que no podrán recibir este beneficio aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la indemnidad sexual (añadido en el Senado) de las personas o contra la propiedad, pública o privada.
En el caso de condenas contra la propiedad, ahora se acotó que deben corresponder a delitos cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o sus inmediaciones. La ley aprobada también establece que los adultos condenados por delitos cometidos en contra de un profesional o asistente de la educación tendrán prohibición de celebrar contratos con el Estado por 3 años.