Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast confirmó el envío de una reforma a la Ley Indígena enfocada en otorgar mayores libertades económicas a las comunidades y modificar el actual sistema de propiedad.
El eje central del anuncio presidencial apunta a terminar con las limitaciones de uso del suelo que rigen actualmente sobre las tierras entregadas a comunidades indígenas.
En este sentido, Kast aseguró que, "la política impulsada hasta ahora en temas de entrega de tierra ha mostrado que no ha sido eficiente y ha estado desconectada de las necesidades reales de las comunidades".
La iniciativa buscará eliminar las restricciones vigentes. "Queremos permitirle a cualquier integrante de las comunidades que la pueda arrendar, que la pueda hipotecar en iguales condiciones que cualquier chileno", enfatizó el Jefe de Estado.
Además, anunció que el Gobierno avanzará en el otorgamiento de títulos de derecho de uso y goce individual sobre las hectáreas entregadas.
"No puede ser que en ciertas comunidades, por no tener un derecho sobre la propiedad, no puedan postular a beneficios. Hay personas que hacen patria en el Altiplano y no pueden postular a un subsidio porque no tienen un título de dominio", criticó Kast.
Respecto al rol de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y los mecanismos de adquisición, el Presidente anunció una auditoría total al sistema:
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Se instaurarán tasaciones transparentes a valor de mercado.
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Se implementará un control estricto del destino de cada compra.
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El Ejecutivo se encuentra realizando un análisis exhaustivo de los montos pagados en años anteriores. "Algunos se van a sorprender del estado de abandono de muchas tierras entregadas, sobre las cuales había mucha esperanza, pero se transformó, quizás, en la ventaja para unos pocos y la desilusión para miles", advirtió el mandatario.
Finalmente, el Presidente aseguró que la reforma retomará el proceso de consulta indígena que administraciones previas dejaron "a medio andar". Sin embargo, advirtió que el proceso contará con un fuerte resguardo institucional utilizando registros oficiales de identidad.
"Vamos a garantizar que ese proceso de consulta sea legítimo, libre de toda interferencia y de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe", concluyó.
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