Licitación fallida: Carabineros anula compra de avión de $6.230 millones tras repetidas fallas técnicas

Por incumplimiento “grave” en la fecha de entrega y reiteradas falencias técnicas, Carabineros puso término anticipado al contrato de $6.230 millones, suscrito con la empresa Aerotac para la compra de un avión multipropósito Beechcraft, destinado a la Región de Antofagasta.

La determinación quedó estampada en la resolución Nº31, suscrita por el general director de Logística de  Carabineros, Patricio Yáñez, según los documentos obtenidos por Informe Especial.

El colapso del acuerdo de voluntades no solo representa un revés administrativo para la institución verde oliva, sino que también debilita la capacidad operativa en el norte del país.

La aeronave Beechcraft era considerada una pieza estratégica para la zona, de acuerdo a lo que detalla un informe interno; su ausencia posterga misiones críticas de patrullaje fronterizo, operativos aeromédicos y el despliegue táctico contra el crimen organizado, tareas que hoy quedan desprovistas de este soporte tecnológico.

“El término anticipado del contrato tendrá un impacto negativo en la Región de Antofagasta, debido al incumplimiento del proveedor (...) y afectará directamente la capacidad operativa institucional para responder a requerimientos de uso de material aeronáutico”, detalla la resolución firmada por Yañez.

El fracaso de la convocatoria abre un flanco crítico para Carabineros: la institución deberá iniciar un nuevo proceso para adquirir una aeronave de similares características, lo que implicará una brecha operativa de al menos un año hasta que se concrete una potencial entrega.

Ante el perjuicio causado, la policía uniformada procedió a ejecutar la boleta de garantía por $311 millones y aplicó una multa administrativa que asciende a los $1.869 millones contra Aerotac, buscando resarcir el incumplimiento de la proveedora.

Hay que destacar, en todo caso, que el monto de $6.300 millones sigue en manos del Fisco.

Independientemente del aspecto monetario, el impacto del contrato fallido trasciende a la institución uniformada y golpea directamente las aspiraciones de la Región de Antofagasta. Lo anterior, porque en 2025 el Gobierno Regional (GORE) aportó $1.033 millones para asegurar la adquisición y, al menos, morigerar una de las necesidades más sentidas de la población.

Con todo, Aerotac es una empresa reconocida en la industria, porque maneja una parte importante de los vuelos médicos en Chile a través de contratos con distintos servicios de salud regionales.

De hecho, en septiembre pasado fue suspendida como operador del rubro por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), atendidos dos incidentes de aterrizaje tanto en Rancagua como en Puerto Montt.

No obstante, la DGAC levantó al poco tiempo dicha prohibición.

Rechazado tres veces

La génesis de la truncada adquisición del bimotor Beechcraft King Air se remonta a 2024.

Según los registros de Mercado Público (la plataforma de licitaciones del Estado), la convocatoria de Carabineros contó con la participación de la empresa Aerotac, que se adjudicó el proceso sin competencia.

Pese a la exclusividad de la oferta, el trámite avanzó con aparente normalidad: en enero de 2025, la Dirección de Logística tomó razón del proceso tras la venia de la Contraloría General de la República.

En aquel entonces, las actas de las comisiones técnica y económica validaron la propuesta de la compañía sin consignar observaciones.

Luego del visto bueno administrativo, el 30 de mayo se dictó la resolución exenta que oficializó el contrato. El cronograma parecía inamovible: el 19 de diciembre de 2025 era la fecha límite para la entrega de la aeronave.

Sin embargo, el proceso derivó en un fracaso operativo. Aunque Aerotac puso el avión a disposición en el plazo estipulado, la Zona de Carabineros de Antofagasta rechazó la recepción mediante un “no conforme”.

La primera alerta crítica surgió en el corazón técnico de la oferta: el incumplimiento de las bases respecto al overhaul (mantenimiento mayor). La aeronave no contaba con el remanente de horas de vuelo exigido para garantizar su operatividad, vulnerando una de las condiciones esenciales de la licitación para asegurar la vida útil del bimotor.

Entre las anomalías más críticas detectadas —consigna el documento— destaca el incumplimiento del remanente técnico de operatividad: mientras las bases exigían un mínimo de 1.400 horas de vuelo antes de un nuevo mantenimiento mayor, Aerotac entregó la máquina con apenas 747,2 horas disponibles.

Pese a los intentos de la firma por subsanar las deficiencias, el Beechcraft fue rechazado nuevamente el 3 de febrero de 2025 tras ser sometido a un peritaje de los especialistas aeropoliciales.

El informe técnico de la Prefectura Aérea fue lapidario, detectando "múltiples observaciones en el control de calidad" que impidieron su recepción.

El problema se extendió hasta el 16 de marzo de 2026, fecha en que la aeronave volvió a reprobar las inspecciones. Esta vez, las dificultades se concentraron en el sistema de grabación de voces y datos de vuelo, un componente de seguridad indispensable para la aeronavegación legal.

Los documentos obtenidos por Informe Especial concluyen que, sumado a las fallas técnicas, Aerotac acumuló 76 días de retraso en la entrega final, factor que la institución calificó jurídicamente como un "incumplimiento grave", sellando así el término anticipado del millonario contrato.

"Disputas internas"

IE requirió una versión de Aerotac, que a través de sus abogados envió un comunicado en el que defendió su gestión. La empresa aseguró que, previo al intento de entrega, pilotos policiales completaron los cursos de instrucción aérea para operar el bimotor.

Según la compañía, todas las observaciones técnicas fueron "debidamente subsanadas", acusando que Carabineros mantuvo una intención predeterminada de rescindir el vínculo contractual.

Ante la magnitud de la sanción, Aerotac presentó sus descargos administrativos, los cuales, según sostienen, no han sido resueltos en su totalidad a la fecha.

La defensa de la empresa apunta a una vulneración del debido proceso. “El propio contrato regula el procedimiento para la aplicación de medidas por incumplimiento”, añadieron.

Desde la firma subrayaron que la institución solo debería dictar una resolución fundada tras un análisis exhaustivo de sus argumentos. Ello toda vez que Carabineros aún no puede cobrar el dinero de la boleta de garantía, al menos hasta que termine este procedimiento.

“La empresa considera que las instancias administrativas y, eventualmente, judiciales, existen precisamente para esclarecer diferencias de apreciación respecto de unos mismos hechos”, apunta el comunicado.

Aerotac dice que se reservará “su disposición a ejercer y hacer valer sus derechos por las vías institucionales correspondientes”. Dicho de otra forma, aunque no lo señala expresamente, es un anuncio de que se ejercerán acciones civiles ante los tribunales de justicia.

Finalmente, el comunicado de la empresa desliza la existencia de presuntas "disputas internas" al interior de Carabineros respecto a la compra, aunque evitó profundizar en los detalles.

“Se trata de materias propias de dicha institución, respecto de las cuales Aerotac no tiene ninguna participación ni opinión que emitir”, aseguró.

Por ahora, lo único claro —más allá de la disputa administrativa y posiblemente judicial— es que la Región de Antofagasta seguirá esperando la llegada de una aeronave que hoy se vislumbra más lejana que nunca. Lo anterior, porque resulta altamente improbable que una resolución validada directamente por el general director, sea revocada.

Seguridad operacional

Informe Especial consultó sobre el tema a Carabineros. La institución respondió —también a través de un comunicado— que el proceso de adquisición se apegó a las bases de licitación que fueron visadas por la Contraloría General de la República.

En la misma línea, explicó que durante “las etapas de recepción de la aeronave, la institución detectó incumplimientos técnicos y operacionales incompatibles con los estándares exigidos para este tipo de equipamiento aeronáutico”.

“Por esta razón (...) se rechazó su entrega en distintas oportunidades, privilegiando en todo momento la seguridad operacional, el cumplimiento contractual y el resguardo de los recursos públicos”, añade la respuesta.

A renglón seguido argumentó que —por todo lo anterior— “se dio término anticipado del contrato y actualmente se encuentran en desarrollo los procedimientos administrativos (...) incluyendo aquellos vinculados a eventuales multas”.

Al mismo tiempo, la entidad verde oliva apuntó que, respecto a una próxima compra de un avión de similares características, se “evaluará técnica y jurídicamente las alternativas disponibles, considerando la experiencia obtenida, las necesidades operativas institucionales y las condiciones del mercado”.

Por último, destacó que —pese al traspié— mantienen “plenamente operativas sus capacidades institucionales mediante la gestión y redistribución de medios disponibles”.

Todo lo anterior, “mientras se adoptan las decisiones administrativas y operativas que correspondan para fortalecer el servicio policial aéreo en la macrozona norte”.