Al menos dos carabineros declararon bajo reserva de identidad ante la Fiscalía Occidente, lo que podría destapar un nuevo caso de corrupción vinculado al retiro ilegal de vehículos, esta vez en la tenencia de Melipilla.
De acuerdo con los antecedentes a los que accedió Informe Especial, las versiones constan en una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el tribunal de garantía de esa comuna en contra de cinco exuniformados por delitos reiterados de cohecho y soborno en el caso de un empresario dueño de un aparcadero.
Los testimonios secretos, entregados ante el Ministerio Público, reavivaron una causa que comenzó en 2019, conocida como el “caso grúas”, donde incluso fue sentenciado el entonces general de Carabineros, Manuel Iván Valdés Pinochet, por el delito de soborno reiterado y asociación ilícita.
El exoficial, en todo caso, fue condenado a cinco años de libertad vigilada —es decir, sin cárcel—, al pago de una multa por $8 millones y la inhabilitación de sus derechos políticos durante ocho años desde ejecutoriado el fallo. Hasta ahora, ninguno de los otros implicados ha sido condenado a prisión efectiva.
Nuevos bríos
En el caso de esta nueva indagatoria, el CDE argumentó que las revelaciones deben ser indagadas y establecer la responsabilidad de una serie de exfuncionarios.
De acuerdo con la acción legal —al igual que en 2019— aparece involucrada la empresa ACN, propiedad de un excarabinero que, a través del pago de coimas, retiraba vehículos de la tenencia de Melipilla para trasladarlos a un aparcadero de su propiedad y obtener millonarios beneficios económicos.
“Acudía a la unidad dos veces al día (entre las 13:00 y 14:00 horas, y entre las 19:00 y 20:00 horas) para llevarse las actas de retiro de los vehículos y sus llaves, entendiéndose directamente con el Cabo 1° Luis Orrego Reyes en la oficina del Jefe de Tenencia”, consigna la presentación.
Para que los policías uniformados accedieran a participar del ilícito, los dueños de ACN, Francisco Cortez y José Williamson, pagaban $40 mil por camión y $20 mil por cada vehículo, los que no eran registrados en el sistema interno, según detalla la acción legal del CDE. Tanto Cortez como Carreno se encuentran condenados por delitos de corrupción en el caso de 2019.
Ambos, según la querella, pagaban “en dinero en efectivo (...) a funcionarios institucionales de la referida tenencia por los vehículos retirados de circulación".
Como consecuencia de dicha conducta, una testigo declaró "haber recibido múltiples reclamos de conductores —especialmente cuando el Cabo 1° Orrego Reyes realizaba labores de fiscalización— por el retiro de sus vehículos por, supuestamente, transitar sin permiso de circulación, aún cuando los propios conductores alegaban haber proporcionado toda la documentación del vehículo, desapareciendo dicho permiso luego de entregarlo al funcionario”, detalla la acción legal.
Se trata precisamente del tipo de casos que dio a conocer 24 Horas a fines de 2018, antes que estallara el escándalo.
Competencia resuelta
El CDE interpuso un libelo en el tribunal de garantía de Melipilla hace algunos meses, pero desde entonces —al menos en el sistema judicial— no tuvo movimiento, pues se trabó por una contienda de competencia con el primer juzgado del ramo, pero de Santiago.
De esta manera, recientemente la indagatoria quedó en manos de esta última judicatura y a cargo del fiscal occidente Eduardo Baeza.
Por último, el CDE solicitó el alzamiento del secreto bancario a los cinco exfuncionarios de Carabineros querellados.
Al mismo tiempo, requirió que el general Valdés Pinochet declare como testigo, al igual que el otrora comandante Ismael Cid Riffo, que en su minuto fue también fue condenado a una pena de cinco años sin cárcel efectiva y al pago de $12 millones.
Consultados sobre el tema, Carabineros aseguró que "no se puede referir a este caso ocurrido el año 2021, toda vez que la institución adoptó oportunamente las medidas administrativas correspondientes apartando los funcionarios involucrados, luego de que fueran vinculados a hechos constitutivos de delitos".
Por su parte, el abogado de Francisco Cortez, dueño de ACN, declinó referirse al tema.