Más de 26 mil inmuebles estatales son usados ilegalmente

De acuerdo con los datos entregados vía ley de Transparencia por el Ministerio de Bienes Nacionales, a diciembre de 2025 habían 31 mil inmuebles que pertenecen al Estado, pero que están siendo utilizados por particulares, de manera irregular o incluso ilegal. 

La ministra de la cartera, Catalina Parot, explicó la diferencia entre ambos estados: “Hay ocupaciones que son irregulares, por ejemplo, cuando hay una persona que estaba arrendando un inmueble (fiscal), pasa el tiempo, no se renueva ese arriendo y la persona queda como un ocupante irregular. En cambio, ilegal es el caso de una persona que no teniendo ningún derecho, usa y a veces abusa de una propiedad que le pertenece a todos los chilenos”. 

“Yo no quiero esconder el que esta cifra habla de un abandono de la propiedad fiscal que se ha producido a lo largo de muchos años. Lo fiscal es de todos y por lo tanto estamos todos llamados a cuidarlo. Y nosotros, especialmente como ministerio, a recuperar esas propiedades”, agregó la secretaria de Estado.  

Reinaldo Gleisner, vicepresidente de la gestora inmobiliaria Colliers Chile, la cantidad de inmuebles fiscales en estas condiciones habla también de “una cultura de permisividad. De que el Estado no se ha preocupado de defender lo que es de este y evitar las tomas, y que es un elemento muy negativo en el sistema inmobiliario chileno. Entonces, obviamente, debiera haber el mayor esfuerzo de regularizar estas situaciones”. 

¿Qué usos tienen?

Considerando todos los inmuebles del Fisco que están siendo ocupados de manera irregular o ilegal, el 80% es usado con fines habitacionales. 

Mucho más abajo destacan aquellos con utilización industrial y agrícola. Y en la lista completa hay también iglesias de diferentes cultos, infraestructura deportiva, bodegas, estacionamientos, entre otros. 

La discusión respecto de utilizar inmuebles del Estado para viviendas es amplia y compleja. Así lo plantea Javier Ruiz, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC: “muchas veces esto pasa por el debate público de que esto es un abuso, pero hay abusos por todos lados. Hay abusos de chilenos, hay abusos de inmigrantes, hay abusos de grandes empresas, hay abusos de pequeñas: pero finalmente el usuario final que llega ahí son las personas más miserables del país las que llegan a vivir a campamentos”. 

“Se hace muy difícil, cuando se trata de familias que ya además reciben servicios de parte de las municipalidades en que les entregan servicios de aseo, de luz, de agua, etcétera. Se hace muy difícil llegar allá de una manera tan violenta y desalojar esas familias”, indicó la ministra Parot. 

Ruiz, también director del núcleo milenio NUVIV sobre desafíos de la vivienda, afirma que cuando se trata de tomas de terrenos que tienen un dueño privado, los desalojos se hacen muy rápidamente porque hay un privado interesado en hacer otro tipo de negocio inmobiliario”, Sin embargo, en el caso de lugares fiscales “los procesos son más lentos justamente porque el Estado no tiene la urgencia de tener que erradicar, desalojar, etc”. 

Regiones más afectadas

El 75% de los terrenos estatales ocupados ilegal o irregularmente se concentran en el norte del país, entre las regiones de Antofagasta, Atacama y Tarapacá. 

Desde el Ministerio de Bienes Sociales indicaron que se va a avanzar en los desalojos de “segundas viviendas y de alguna industria, empresa, talleres que se instalan en territorio fiscal y que no cumplen con las obligaciones que tiene que cumplir todo chileno. En algunos casos son abusos y vamos a hablar de eso, pero hay casos en que son necesidades sociales las que han llevado a la gente a tomarse estos terrenos y a vivir en ellos".

“Estamos ordenando la casa. ¿Cómo lo estamos haciendo? Fiscalizando, analizando caso a caso y después de este análisis jurídico estamos tomando decisiones activas. Si hay que desalojar, desalojamos. Si podemos llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo y si podemos ordenar administrativamente el uso del inmueble, a través de una venta directa o un arriendo, lo hacemos”, afirmó por su parte el Seremi Metropolitano de Bienes Nacionales, Patricio Peralta. 

Recuperación en curso

Con todo, entre junio de 2025 y abril de 2026, el Ministerio de Bienes Nacionales normalizó la situación de 3.534 ocupaciones ilegales e irregulares.

Además, durante el mismo periodo, se llevaron a cabo 6.069 fiscalizaciones en todo el país. 

Un estudio de la gestora inmobiliaria Colliers respecto de 8.200 propiedades fiscales, calculó así la distribución de los usos: casi 35% son concesiones gratuitas; es decir, que fueron entregadas sin una remuneración para el Estado.

En tanto, otro 35% está destinado al arriendo, aunque no significa que sean arriendos a valores de mercado. Y, por último, un 10% son sitios eriazos. 

Para tener una referencia de lo que significan estos inmuebles fiscales en dinero, Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers Chile, afirma que “de estas 8.200 propiedades, el Ministerio dijo que habría posibilidad de enajenar del orden de 1.200, que tendrían un valor del orden de 200 o 300 millones de dólares”.