El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por el delito de estafa —en carácter de reiterado— en contra de Nicolás del Pino Méndez, un distribuidor de licencias de Microsoft que hasta ahora ha recibido pagos por más de $1.000 millones de casi 30 instituciones fiscales.
De acuerdo al libelo ingresado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago —y al que accedió Informe Especial—, Del Pino participó en licitaciones ofertando siempre un precio más bajo. Este hecho hizo que su empresa Salaam fuera atractiva para maximizar los recursos públicos.
Los contratos que firmó la compañía eran con un plazo mínimo de un año y, a cambio, recibía el pago íntegro sin que prestara la totalidad del servicio.
Según el CDE, las ofertas “carecían de seriedad, ya que no era la intención del querellado dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales sino recibir el pago anticipado de los servicios perjudicando a los distintos (...) organismos estatales”.
"Modelo insostenible"
La acción legal del CDE fue ingresada apenas un par de semanas después que este medio revelara que el primer afectado por Del Pino Méndez fue el Servicio Nacional de Migraciones, que contrató a la empresa Salaam a fines de diciembre de 2025.
Todo comenzó a mediados de julio cuando la entidad recibió un mail de la empresa Zona Portátil. En él, la firma explicaba que Salaam les debía el pago de al menos cinco meses por el arriendo de las licencias Microsoft.
En ese contexto —les dijo ZP— deberían dejar de entregar el servicio, ya que ellos a su vez se las arrendaban a Intcomex, la principal distribuidora de software de tecnológica norteamericana.
Lo propio ocurrió con el Tribunal Constitucional (TC), la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Subsecretaría de Pesca, el MOP, Cochilco, entre otras que fueron sorprendidas por la situación y que no lograron contactarse con Del Pino Méndez cuando buscaron una explicación a lo sucedido.
Desde ese momento, detalló el CDE, descubrieron que Salaam subarrendaba las licencias, pese a que las licitaciones que había ganado lo prohibían expresamente, dejando claro que era “un modelo de negocio insostenible a largo plazo y fraudulento ideado por (...) Nicolás del Pino Méndez”.
Conocidos los antecedentes a raíz de la denuncia del TC, a fines de julio pasado la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por el delito de estafa, que hoy por hoy complica la situación procesal del dueño de Salaam.
En rigor, ocurre que no se trataría de una estafa, sino de varias cometidas en un periodo de tiempo. En materia penal este hecho es conocido como exasperación por reiteración y, en efecto, las penas pueden aumentar considerablemente.
También podría implicar que, en una eventual formalización, Del Pino Méndez quede en prisión preventiva.
Carta falsa
Con todo, las acusaciones del CDE fueron más allá. El MOP —otro de los afectados— contactó a Microsoft para verificar si Salaam era verdaderamente un proveedor.
Sin embargo, la firma estadounidense respondió que había sido “desvinculado” en julio de 2024.
Así descubrieron que la misiva presentada por Del Pino Méndez en las licitaciones como prueba de blancura era falsa, fundamentalmente porque estaba fechada en noviembre del mismo año. Es decir, posterior al término del nexo entre ambas empresas.
Pero había otro detalle: la directora de Desarrollo de Negocios para Sudamérica de la tecnológica, Analí Vidal, tampoco la había firmado. Y peor aún, la querella del CDE afirma que Microsoft tampoco entrega documentos de ese tipo.
Analí Vidal fue tajante en otro correo electrónico: “Salaam fue reseller indirecto de Microsoft hasta junio del año pasado (2024), fecha en la que se lo desvinculó como miembro del Microsoft Cloud Partner Program”.
Y agregó: “La carta en mención no fue emitida por Microsoft ni firmada por mí. Solo para tu referencia, las cartas automáticas desde el portal de Microsoft son genéricas, todas las que llevan firma de algún ejecutivo deben ir dirigidas a un cliente puntual y hacer referencia a un concurso específico”.
Si bien el libelo del CDE no incluye el delito de falsificación de documento privado para lograr contratos con el Estado, es posible que se amplíe la querella a este último ilícito y que Microsoft haga lo propio.
Los acreedores
Cuando quedó al descubierto que Del Pino Méndez a través de su empresa Salaam había cometido una presunta estafa, varias de las instituciones intentaron contactarlo, pero no tuvieron suerte, salvo la firma Zona Portátil que se enteró que su deudor había iniciado un proceso de insolvencia ante un tribunal civil.
En la acción judicial interpuesta el pasado 22 de julio, Del Pino Méndez detalla que Salaam “no cuenta con la liquidez necesaria para atender al pago de las deudas contraídas en su condición de deudor y especialmente en su calidad de microempresa”.
En la misma presentación, el querellado asegura que su deuda asciende a más de $992 millones.
Su principal acreedor es Zona Portátil con $650 millones. Le sigue el Banco de Chile con $261 millones y la Tesorería General de la República con poco más de $45 millones.
Un hecho llamativo, tal como lo reveló Informe Especial, es que Del Pino Méndez creó “Endipi” en julio de 2024, una empresa de responsabilidad limitada con asiento en Miami (LLC, por sus siglas en inglés), dedicada también al rubro tecnológico.
En mayo del corriente presentó su primer informe financiero ante la autoridad, tal como lo verificó IE.
El dato es relevante porque entre las diligencias solicitadas por el CDE a la Fiscalía Centro Norte está el alzamiento del secreto bancario de los productos financieros del dueño de Salaam y de su empresa.
Por ahora, el organismo prefirió no adelantar una cifra sobre el perjuicio fiscal y que sea el Ministerio Público y los análisis contables y patrimoniales los que determinen el monto.
Sin embargo, la querella adelanta que las “licencias de software contabilizan un total de 74 OC (órdenes de compra) por un monto total de $1.016.234.155; monto al cual podría eventualmente empinarse el perjuicio causado por las maniobras emprendidas por (...) Nicolás del Pino Méndez”.
"Dilema legal"
Informe Especial consultó a Del Pino Méndez sobre la acción legal interpuesta en su contra. Sobre el asunto, el empresario indicó que colaborará por completo con el Ministerio Público, porque asegura que todo está en regla y que solo se le podría objetar la figura de malos negocios.
En ese sentido, indicó que pese a intentar mantener su empresa a flote lo pilló el devenir de cualquier pyme.
Aseguró que por ahora será defendido por la Defensoría Penal Pública y reconoció que la querella del Consejo de Defensa del Estado está bien presentada. A su parecer, debido a que tuvo problemas comerciales y de cumplimiento del servicio con algunas entidades fiscales, lo lógico era que el organismo intentara dilucidar qué es lo que ocurrió.
En la misma línea, dijo que le contará "toda la verdad al fiscal, donde reconocerá que se trata más bien de un problema económico, que es o más bien se transformó en un dilema legal".
Por último, enfatizó que en el proceso civil existen bienes para pagar a los acreedores y aseguró contar con toda la documentación para demostrar que no hay ninguna trama delictual detrás de su actuar, sino que —por el contrario— se debió al contexto económico como también a malas decisiones de negocios.