Tras la ofensiva de Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia Microsoft, la justicia comenzó a cerrar el cerco tras Nicolás del Pino Méndez, ingeniero y otrora distribuidor de licencias de Office que se adjudicó licitaciones por casi $500 millones con al menos 15 entidades estatales.
Luego de su formalización el pasado 20 de abril —donde fue imputado por estafa, lavado de activos y falsificación de instrumento privado—, la justicia concretó en los últimos días la notificación de las "medidas cautelares reales" en su contra. En simple, quedó impedido de vender sus cuatro departamentos y tres autos, que en conjunto están valorados en más de $700 millones.
No fue la única mala noticia que recibió. Desde la audiencia, el acusado quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Su defensa apeló a la Corte de Santiago para intentar dejarlo en libertad y, al mismo tiempo, la Fiscalía hizo lo propio para solicitar su prisión preventiva. No obstante, el tribunal de alzada capitalino resolvió el pasado jueves mantener dichas cautelares, tal como ordenó el juez de primera instancia.
El caso estalló a fines de julio del año pasado, cuando Informe Especial reportó la primera alerta del Servicio de Migraciones, el cual en ese entonces fue notificado de que le suspenderían 300 licencias de Microsoft Office que habían adquirido a la empresa Salaam, propiedad de Nicolás del Pino Méndez.
Rápidamente se sumaron decenas de instituciones públicas en la misma situación, lo que llevó a que el Ministerio Público abriera una causa por estafa y el CDE interpusiera una querella pocos días después.
Portafolio inmobiliario
Para retener las propiedades del dueño de Salaam, el Consejo de Defensa del Estado presentó al tribunal el detalle de cada una de los inmuebles registrados a su nombre.
En total suman nueve, aunque en rigor son cuatro departamentos con sus bodegas y estacionamientos asociados. Uno en Ñuñoa, otro en La Florida y dos en Santiago Centro.
Según los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, por toda esa cartera inmobiliaria desembolsó 15.757 UF, poco más de $630 millones al cambio actual.
El CDE también pidió lo mismo respecto de sus vehículos. Un Audi A5 Cabrio, año 2012, valorado en $12,5 millones; un BMW Z4, de 2023, avaluado en $55,9 millones; y un Peugeot 307 del año 2007, tasado en $3,3 millones. En buenas cuentas, $71,7 millones en autos.
Es decir, entre bienes muebles e inmuebles, la justicia retuvo en total $700 millones del patrimonio de Nicolás del Pino Méndez.
Su defensa se opuso parcialmente. Pidió no considerar el departamento de La Florida y uno de Santiago, comprados en 2022 y 2023, por haber sido inscritos antes de los hechos investigados. Lo mismo solicitó sobre el Audi y el BMW, porque supuestamente ya no serían de su propiedad.
No obstante, el tribunal desestimó dichos argumentos, pues el CDE replicó que las medidas cautelares reales tienen como objeto "asegurar la efectividad de la demanda civil, por lo que no importa la fecha de inscripción de los inmuebles". Y sobre los autos, aseguró que "en el padrón siguen figurando a nombre del imputado".
Revendedor de sotfware
La bola de nieve comenzó a crecer a mediados de julio, cuando los distintos servicios públicos afectados comenzaron a recibir un correo de la empresa Zona Portátil (ZP), quien a su vez vendía las licencias a Salaam.
En dicho mail, ZP explicaba que al no recibir los pagos por las autorizaciones para distintos softwares de parte de Salaam, se veían en la obligación de rescindir el uso de las licencias que ya estaban pagadas por la autoridad.
Con todo, el mecanismo que indaga la Fiscalía tiene ciertas complejidades. La empresa Salaam postulaba a licitaciones públicas vendiendo licencias de software, básicamente de Microsoft. Las autorizaciones digitales las adquiría a Zona Portátil, a la que pagaba mensualmente, pese a que recibía de inmediato el pago total del contrato con las entidades públicas.
De acuerdo con Ronald Sánchez, patrocinante de ZP, comenzaron a trabajar con Salaam en 2024 y jamás presentó un problema de liquidez ni malos antecedentes en los registros de Mercado Público.
Sin embargo, a principios de 2025, Salaam dejó de pagar y ZP por meses mantuvo el uso de licencias del Estado.
El asunto es que ZP adquiría —a su vez— las licencias a la empresa Intcomex, la principal distribuidora de Microsoft. De esta manera, como Salaam no le pagó a ZP, Intcomex también cortó el servicio a esta última, según detalló el abogado Sánchez. De acuerdo con este último, Salaam le adeuda más de $600 millones a ZP.
El CDE y Microsoft, en sus querellas, también apuntaron a una carta falsa —supuestamente firmada por la multinacional estadounidense— presentada por Del Pino en los procesos de licitación. Por esa razón es que, además de estafa y lavado de activos, fue formalizado por falsificación de instrumento privado.
En quiebra
Nicolás del Pino Méndez inscribió la empresa Salaam por primera vez en 2018 junto a un socio. Desde entonces, sufrió varias modificaciones y sobre el final operó con él como único dueño y accionista.
De acuerdo con los registros de Mercado Público, en 2024 Salam se adjudicó concursos por más de $1.358 millones. De esa cifra, casi el 54% está enfocado en el gobierno central y casas de estudio. Un 19% lo lleva el MOP y un 15,56% son servicios para las Fuerzas Armadas.
En 2023, Salaam recibió más de $817 millones de sectores similares a los anteriores. En 2022, en tanto, fueron $182 millones. En ese entonces, su principal cliente fueron las FFAA, con un 74% del total transado.
El problema que enfrentan hoy las entidades públicas y las empresas privadas, entre ellas ZP, es que Salaam inició un proceso de insolvencia (otrora conocido como declaración de quiebra) en la justicia civil.
De acuerdo con los registros a los que accedió IE, la acción judicial fue interpuesta el 22 de julio del año pasado, y detalla que la firma “no cuenta con la liquidez necesaria para atender al pago de las deudas contraídas en su condición de deudor y especialmente en su calidad de microempresa”.
“Esta empresa, producto de la pandemia que azotó al país, comenzó a tener graves problemas económicos a comienzos del año 2022, los cuales se han mantenido hasta la fecha, lo que se tradujo en un estado de insolvencia grave que le hace imposible pagar sus obligaciones pecuniarias”, afirmó en su presentación.
Según los documentos que adjuntó Salaam al tribunal, su deuda actual asciende a más de $992 millones. Su principal acreedor es Zona Portátil con $650 millones. Le sigue el Banco de Chile con $261 millones y la Tesorería General de la República con poco más de $45 millones.
Entre los bienes que puso a disposición para pagar sus deudas figuran artículos menores de oficina, herramientas, dos estacionamientos y dos vehículos. En principio no dejó sobre la mesa los departamentos.
Eso sí, el fisco no es el único a la caza de esos bienes. En otra causa civil, donde una financiera le reclama a Salaam el cobro de un pagaré, también figura una de las viviendas y el BMW de $55 millones.
"Puesta en escena"
Consultado por Informe Especial, Ramón Sepúlveda, abogado defensor de Nicolás del Pino, desestimó las imputaciones de estafa del Ministerio Público: "Creemos que la realidad es otra, ya que nuestro cliente en todo momento tuvo la intención de cumplir con los servicios. Aún más, se indica un perjuicio patrimonial que no es real, ya que muchos de los contratos se cumplieron en gran parte", asegura.
Asimismo, plantea que "la fiscalía y los querellantes señalaron elementos de una supuesta puesta en escena que no es real, ya que si bien en algunas licitaciones mi cliente era el más económico, estaba muy cerca de otros oferentes, por lo que sostener que sus precios tenían por objeto una defraudación no es correcto".
Respecto a la medida cautelar, en tanto, "creemos que el Juzgado de Garantía y Corte de Apelaciones fueron claros, en este caso atendida las circunstancias del caso y las personales de mi cliente, la prisión preventiva no era proporcional y la rechazó, lo que nos deja muy conformes en cuando al rechazo de la misma, que fue pedida sin justificación".
Por ahora, afirma que están evaluando las aristas del caso para pedir prontamente el cambio del arresto domiciliario total.
Finalmente, respecto a los bienes, destaca que "estos se compraron con crédito y no con dineros en efectivo, por lo que sostener que son parte de la ejecución del fraude o lavado de activos tampoco es efectivo y todo lo que se hizo con ellos posterior a la quiebra fue en el marco de una reorganización patrimonial sin saber de la querella".
