El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal por fraude al fisco, falsificación de instrumento público y administración desleal en contra de una exfuncionaria de Gendarmería, quien se habría apropiado de 5.108 vales de colación para su beneficio.
De acuerdo con la presentación ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a la que accedió Informe Especial, ella logró de esta forma apoderarse de poco más de $18 millones.
Según la explicación que el CDE entrega en la acción legal, los hechos ocurrieron porque la mujer cumplía funciones como secretaria en el Departamento de Monitoreo Telemático (DMT).
“En razón de su cargo y la confianza depositada por sus superiores, la imputada era la encargada exclusiva de la custodia, solicitud y distribución de los vales de colación destinados al personal de dicha unidad”, detalló el documento.
Básicamente, gracias a la falta “de controles acuciosos por parte de la jefatura, la imputada ejecutó —entre mayo de 2018 y marzo de 2019— una dinámica defraudatoria de carácter sistemático orientada a la materialización de un perjuicio patrimonial al Fisco de Chile”.
Los invertidos
Otra parte de la estrategia seguía así: de acuerdo con el CDE, adulteraba “maliciosamente” las plantillas de rendición y, al mismo tiempo, la solicitud de los beneficios alimentarios, abultando de “forma artificial el número de beneficiarios”.
A lo anterior se suma la inclusión de personas que no pertenecían a la institución, nombres inexistentes, otros desvinculados y la inversión de apellidos “para eludir los filtros administrativos”.
Según el Consejo, “como pieza fundamental para el éxito de su plan”, adulteró la firma de su jefe directo en el DMT, Pablo Gaete.
“Asimismo, la imputada utilizaba canales informales de comunicación, tales como correos electrónicos enviados a la Sección de Alimentación, para solicitar "vales extras" bajo el pretexto de supuestas contingencias o turnos extraordinarios que nunca se realizaron, prescindiendo de toda visación jerárquica”, agrega el libelo.
La caja fuerte
No era todo: la secretaria también habría usado casi 200 personas que estaban con licencia médica, prenatal y postnatal, “cuyas firmas de recepción también fueron falsificadas en las planillas de entrega”.
La imputada finalmente fue descubierta en 2019, cuando fue revisada físicamente la caja fuerte que tenía bajo su custodia, donde “existía una ausencia total de stock, pese a que los registros oficiales indicaban que debía haber un saldo de 1.044 vales”.
Develada la conducta criminal, las diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, como parte de la investigación de la Fiscalía Centro Norte, “concluyeron que el total de documentos sustraídos por la imputada asciende a 5.591”.
⚖️ ESTE ARTÍCULO DESCRIBE UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO
Hasta la fecha NO existe una sentencia ejecutoriada que de por establecido lo que sucedió. Al ser un caso aún sin resolver, los involucrados son inocentes y ello sólo podría cambiar si la justicia determina algo distinto. Las opiniones expresadas en Informe Especial son de responsabilidad de quienes las emiten.