La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario administrativo en el Gobierno Regional del Maule, dirigido por Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), por vulnerar el principio de probidad.
Dicha medida surgió luego que el órgano detectara la contratación de una "asesoría confidencial" prestada por la abogada Angélica Caro, quien recibió pagos millonarios bajo condiciones que la CGR califica de irregulares.
De acuerdo con la resolución del ente fiscalizador, Caro fue contratada vía trato directo para la preparación de argumentos legales para enfrentar la judicialización que iniciaron funcionarios despedidos por la autoridad.
Inicialmente, el monto pactado ascendía a $7 millones, cifra que posteriormente llegó a $9 millones sin mediar justificación técnica ni expresión de causa, según Contraloría.
"Experiencia acreditada"
La gobernación, en su respuesta a la CGR, aseguró que el contrato “tuvo un carácter complementario y especializado, orientado a apoyar un proceso excepcional, de alta complejidad”.
Por su parte, Contraloría indicó en su resolución que el Gobernador tiene la atribución legal para prorrogar una contrata o bien terminarla, “de manera que no se aprecia de qué modo el ejercicio de tal facultad pudiera revestir el carácter de confidencial o afectar el adecuado funcionamiento del servicio y la eficacia de tales determinaciones”.
La revisión de la CGR también arrojó dudas sobre la competencia técnica de la profesional: "El objeto del trato directo es la contratación de asesoría jurídica especializada en materias de derecho administrativo y litigación pública, no obstante, las especificaciones técnicas antes mencionadas han sido redactadas en términos genéricos", reprocha el oficio.
En tanto, la Gobernación defendió el contrato aludiendo a una "experiencia acreditada en litigación pública".
Una revisión hecha por Informe Especial evidencia que la experiencia de Caro se limita a un trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), mas no como especialista en derecho público, como tampoco en litigación. De hecho, al revisar su LinkedIn, su perfil no existe, aunque distintas fuentes indican que fue borrado a raíz de la situación que la afecta, donde aparecían detalladas las contrataciones anteriores.
En el registro de peritos del Poder Judicial aparece como “juez árbitro” con experiencia en sede Civil, Familia y empresas familiares.
Conflicto de interés
Al margen de lo señalado por Contraloría, un detalle que agrava la situación es la inhabilidad por nexos familiares, ya que su cónyuge es Moisés Muñoz, que hasta marzo pasado ejerció como presidente de la Corte de Apelaciones de Talca.
Pese al evidente conflicto de interés, ya es de conocimiento público que el ministro Muñoz participó en la vista de causas relacionadas con el Gobierno Regional del Maule, inhabilitándose sólo después que el caso se hiciera público en la prensa.
El proceso de contratación también pasó por alto los protocolos habituales, señala el oficio de Contraloría: en lugar de ser visado por la División Jurídica, el pacto fue gestionado directamente por el jefe de Finanzas, además del Administrador General y el propio Gobernador, lo que para el órgano fiscalizador representa una anomalía en el control de legalidad.
Al mismo tiempo, según apuntó la CGR, el llamado a concurso tuvo características amplias y con baja justificación, lo que permitió un contrato arbitrario de Caro.
Vías procesales
El dinero pagado a la profesional —hasta ahora— no ha sido devuelto al erario fiscal, explicaron fuentes del caso.
En situaciones similares, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado querellas por malversación de caudales públicos o bien por fraude al fisco, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Por último, la CGR otorgó plazo hasta el 10 de abril para remitir “todos los antecedentes vinculados con la ejecución de ese trato directo, especialmente, los que den cuenta de los servicios efectivamente prestados y los pagos efectuados al respecto, con su respectiva documentación de respaldo”.
Informe Especial intentó contactar en varias oportunidades a la autoridad maulina, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Por su parte, la abogada Angélica Caro se excusó de emitir una versión aludiendo a que carecía de un conocimiento acabado de la situación, pero indicó que una vez adentrada en la decisión de Contraloría, evaluará entregar un comentario.