La Contraloría General de la República (CGR) decidió abrir un procedimiento disciplinario en contra del alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, tras una denuncia de abuso sexual ingresada al ente fiscalizador.
Tras la determinación del pasado 3 de septiembre, el caso inició su trámite administrativo, el que determinará si existió o no una infracción al principio de probidad de parte de la autoridad.
En tanto, la vía judicial también está en curso, pues la denunciante presentó una querella y la indagatoria ya está en manos de la Fiscalía.
Hasta ahora, eso sí, el jefe comunal no ha sido formalizado ni acusado ante la justicia y, a raíz de aquello, por ahora no tiene una consecuencia electoral inmediata.
"Si posteriormente fuera acusado por un delito que merezca pena aflictiva, se suspendería su derecho a sufragio y quedaría temporalmente impedido de ejercer como alcalde", explicó a Informe Especial Cynthia Pérez, abogada de la denunciante.
El testimonio
Jocelin de la Fuente, de 42 años, es la trabajadora que acusó a Silva. En abril pasado, en conversación con 24 Horas, entregó por primera vez su testimonio.
Según relató, el episodio habría ocurrido la noche del 8 de marzo, tras una actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Jocelin dijo que, después de dichas celebraciones, algunos funcionarios y el alcalde llegaron al bar de la zona donde ella trabajaba.
Como además era conductora de aplicaciones, le pidieron llevar al alcalde y su esposa a su casa, aseguró. Y en esa dinámica, acusó que poco antes de salir del recinto le tocó sus partes íntimas.
Le pidió a su jefa que la acompañara y una vez en el auto, recalcó que el alcalde subió al asiento del copiloto y durante el trayecto habría vuelto a tocarla, aún cuando su esposa iba en el asiento trasero del vehículo.
Despido repentino
Según la denunciante, sus jefas le prestaron apoyo emocional, pero al poco andar cambieron su actitud y simplemente le enviaron un finiquito de mutuo acuerdo.
Finalmente no aceptó ese trato, aunque de todas formas fue despedida.
Con todo, al día siguiente decidió interponer su denuncia y posteriormente la querella.
En efecto, no se trata del primer proceso judicial que enfrenta el alcalde, pues hace unos años fue condenado por conducción en estado de ebriedad.
En tanto, en la acción legal interpuesta por su abogada Cynthia Pérez pide que el alcalde sea condenado por abuso sexual, con una sanción de tres a cinco años, dependiendo de si se le aplica algún agravante. Ello, sin considerar una posible pena accesoria, como inhabilidad de ejercer cargos públicos durante el periodo de condena.
Por su parte, si la Contraloría comprueba faltas a la probidad, podría eventualmente destituirlo del cargo e incluso prohibirle que se postule a cargos de elección popular.