La Contraloría General de la República (CGR) resolvió no tomar razón de la ampliación del contrato entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa administradora del Centro de Justicia, la española OHL.
De acuerdo con las actas de evaluación del proceso, dicha cartera de Estado había pactado con la concesionaria un aumento de presupuesto de 45% —es decir, $3.700 millones— en favor de la continuidad operacional del geométrico edificio de Pedro Montt 1606, cuyo conjunto alberga los tribunales penales que están bajo la jurisdicción de la Corte de Santiago.
Previamente, según consta en los mismos registros, el MOP pagaba $8.404 millones a OHL por los costos fijos, y el nuevo contrato pretende subir hasta los $12.183 millones.
Todo ello, en el marco de reiteradas críticas del Poder Judicial al funcionamiento del recinto, entre las que destacan filtraciones en los estacionamientos, mala climatización, entre otros problemas.
La decisión del organismo fiscalizador —materializada en el dictamen 223571— establece que el “subsidio fijo” no está justificado y que su aplicación significará “un notable aumento de los fondos públicos involucrados, en comparación con el vigente”. Pero la entidad de control fue incluso más allá y cuestionó en duros términos el incremento económico, porque “tampoco se advierten las razones jurídicas y técnicas para incluir en su cálculo aspectos como ‘imprevistos’, ‘estimación de gastos financieros’, ‘impuesto a la renta’ y ‘costo patrimonial’”.
Peor aún, la CGR apuntó a que el MOP no se preocupó de la convocatoria a licitación, “la que debe efectuarse de manera obligatoria y oportuna”, según detalla el propio dictamen.
Obra bajo el agua
La aprobación del nuevo contrato, de acuerdo con las actas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) —integrada por varios ministros de la Corte Suprema—, dan cuenta de críticas severas al actuar del MOP y la cartera de Justicia, liderada por Jaime Gajardo (PC).
Básicamente, en dichos registros señalaron que nunca fueron incluidos en las reuniones con la empresa OHL —que derivaron en la ampliación del contrato— y, además, que las mejoras en seguridad del recinto serán insuficientes.
De hecho, en el documento apuntaron que el Ministerio de Justicia solicitó siempre “con urgencia” la aprobación de la CAPJ, “advirtiendo que, de lo contrario, podría retrasar el proceso”.
Aún cuando los supremos manifestaron sus reparos, finalmente terminaron por aprobar el contrato a fines de 2025, pero dejaron por escrito un alcance: “Que no se emite pronunciamiento respecto de las condiciones económicas que motivaron el aumento del gasto en el subsidio fijo a la operación del Centro de Justicia de Santiago, toda vez que dicha materia fue definida exclusivamente por el Ministerio de Justicia, el MOP, la Dirección General de Concesiones y la Dirección de Presupuestos, sin participación de la Corporación Administrativa”.
A raíz de las filtraciones en los estacionamientos del edificio —llamado informalmente el “mall del crimen”—, OHL deberá rediseñar la explanada, lo que implicará dos cosas: eliminar la pileta, pero al mismo tiempo el retiro de la obra “Sine Qua Non”, de la artista Ángela Ramírez, que montada como un relieve de resina y fibra de vidrio, emula a la fachada del palacio de tribunales. Al fisco le costó poco más de $51 millones y se desconoce cuál será su nueva ubicación.
El permiso pendiente
Cuando el 17 de junio de 2005 la Reforma Procesal comenzó a operar en Santiago, el Centro de Justicia fue inaugurado con pompas.
Asistieron a la ceremonia el entonces Presidente Ricardo Lagos y su homónimo de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, entre otras autoridades de la época.
El momento era importante, porque significaba el principio del fin del antiguo sistema de persecución penal. De esta forma, la figura del “juez y parte” que ostentaban los magistrados del crimen cambió a la bilateralidad de la audiencia, donde participa el Ministerio Público, la Defensoría y el tribunal de garantía, que evalúa la constitucionalidad de las medidas intrusivas y cautelares.
Lo llamativo de entonces fue que la estructura, construida por OHL en los terrenos pertenecientes a la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae), no contaba con la autorización de funcionamiento que debía emitir la Municipalidad de Santiago.
Historial de problemas
Una vez en operación, por años las críticas se centraron en la falta de climatización, pues incluso hubo desmayos de funcionarios a raíz de las altas temperaturas; además de problemas de filtraciones que persistieron, lo que derivó en diversos informes de Contraloría que daban cuenta de anomalías graves en el funcionamiento del edificio, diseñado por el arquitecto chileno Cristián Boza y los argentinos José Macchi y Marcelo Vila.
A modo de ejemplo, en 2009 la entidad revisora inició sumarios en el MOP, donde se acreditaron irregularidades en el diseño, retraso de obras, caos financiero, el no cobro de multas por más de US$50 millones, entre otras falencias.
En 2014 volvió a ocurrir lo mismo. El órgano fiscalizador decretó en ese entonces nuevas indagatorias administrativas y los problemas detectados por la autoridad fueron literalmente los mismos: en los aparcaderos —para evitar que el agua lluvia inundara la zona— se utilizaban baldes. También faltas de salubridad, multas anuladas aun cuando habían sido correctamente cursadas, entre muchos otros problemas. Destacaron dos situaciones más: el uso de plantas artificiales en vez de naturales, sin contar las abruptas caídas en 45 grados de las salidas de emergencia, que carecían de barandas y un sistema antideslizante.
Tal como dio cuenta en su minuto la revisión de la Contraloría, la explanada del Centro de Justicia hasta hoy está hecha de piedra pizarra, lo que implica que —particularmente en invierno— quien camine por allí se arriesgue a sufrir una caída fácilmente.
Informe Especial requirió una versión a la CAPJ, pero se indicó que no habría comentarios sobre el tema. Lo propio ocurrió con el Ministerio de Justicia.
En el MOP, en tanto, comprometieron una declaración que, hasta el cierre de esta edición, no llegó.
La empresa OHL tampoco respondió los requerimientos de IE.