La Corte de Apelaciones de Valparaíso paralizó los efectos del oficio enviado por la contralora Dorothy Pérez donde solicitó datos sensibles de niños trans al Ministerio de Salud, para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos.
La decisión se enmarca en la presentación de dos recursos de protección interpuestos por familiares de menores de edad en transición, que consideran “arbitraria e ilegal” la petición de información, atendido que no considera los tratados internacionales de protección a la infancia, como también la Ley de Protección de Datos, entre otros cuerpos normativos.
En ambas causas -que se analizarán de forma conjunta-, el organismo fiscalizador pidió ampliación del plazo para evacuar el informe examinado por el tribunal de alzada porteño.
De acuerdo con los datos obtenidos por Informe Especial, esta es la primera vez que una Corte de Apelaciones acoge la llamada Orden de no innovar (ONI) en contra del “oficio Pérez”, lo que implica un golpe a la estrategia adoptada por la entidad de control administrativo, que ha defendido duramente su facultad de fiscalizar los recursos públicos.
Las ONI sugieren además, que las autoridades aludidas en este caso, la Ministra de Salud, no podrá ser multada o suspendida si se niega a entregar la información requerida - entre otros motivos legales - invocando el bien superior de los menores de edad.
La orden procesal, en todo caso, es momentánea hasta que la judicatura resuelva el fondo del recurso, previos alegatos.
Hecho eso, los tres ministros que integrarán la sala podrán acogerlo en todas sus partes o bien rechazarlo por mayoría.
Existe una salida intermedia, que el tribunal de alzada reconozca y defienda la actitud fiscalizadora de la CGR y desestimar el libelo, pero al mismo tiempo argumentar que los datos sensibles no son necesarios para auditar el uso de platas fiscales. Y en esa línea, ordenar que anonimizar los datos de niños y niñas y adolescentes, al menos mientras dure la auditoría.
Dicho de otra forma, una resolución salomónica.
Ya sea acogida la presentación o la última fórmula procesal aludida, Pérez tendría la chance de recurrir a la Corte Suprema, elevando el problema ante la máxima autoridad del Tercer Poder del Estado.
La polémica
Hay que recordar que la discusión entre instituciones comenzó a mediados de enero pasado, cuando la autoridad sanitaria tomó conocimiento del “oficio Pérez”.
Al analizar el contenido se encendieron las alarmas, porque inquiría lo siguiente: números de RUT, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, ingreso y egreso del programa, el hospital donde se trata él o la menor de edad y la vigencia del servicio.
La sensibilidad de la información derivó en que la Defensoría de la Niñez enviara un oficio reservado a Dorothy Pérez, donde le advirtió que los tratados internacionales firmados por Chile de protección a los derechos del niño -y que tienen rango constitucional-, deben estar incluidos en el razonamiento de la CGR a la hora de resolver.
Y agrega: (La Contraloría al) “formar parte del aparataje del Estado, (...) debe incorporar en su actuar y en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, el enfoque de derechos y principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes”.
Defensa pétrea de la Contraloría
Luego de tres publicaciones de Informe Especial, ayer la Contraloría reaccionó y a través de un comunicado de prensa, informó su respuesta a un recurso de protección iniciado en la Corte de Antofagasta que reclama contra la petición de datos sensibles al Minsal.
El documento, de carácter público en el sistema web del PJUD, revela la postura de Pérez para que los libelos sean rechazados en todas sus partes.
La tesis central, es que la CGR no ha cometido ningún acto arbitrario e ilegal, porque cuenta con la facultad que la ley le otorga para fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Al mismo tiempo, el informe indica que la institución que dirige resguardará los datos sensibles, porque el marco normativo que la rige así lo ordena. Dicho de otra forma, según Pérez, se trata de una institución confiable con funcionarios eficientes.