El caso estalló a inicios de mayo. Marco Piña Paredes, contador de profesión y hasta entonces jefe de finanzas de la Corporación Municipal de Educación de Talagante (Talaeduca), dijo que un llamado telefónico fue suficiente para que en minutos las arcas de la institución quedaran prácticamente vacías. De acuerdo con su versión entregada al municipio, cayó en un "cuento del tío" y se le perdieron $408 millones.
Tras el episodio fue despedido. El alcalde Sebastián Rosas (PS) denunció los hechos, presentó una querella por fraude informático días después y reconoció que el funcionario es uno de los sospechosos. Algunos concejales derechamente no le creen a Piña, sobre todo tras enterarse de un antecedente clave: en 2016 fue condenado por defraudación fiscal, tras un escándalo que explotó cuando se desempeñaba en la Municipalidad de Zapallar.
Pero la polémica no terminó ahí. Talagante también despidió a Francisco Pacheco, el mandamás de la Corporación, y el alcalde ordenó un informe financiero para conocer el estado de la billetera de Talaeduca.
Según la versión de la casa edilicia, así detectaron un problema aún mayor: identificaron compromisos financieros pendientes por un total de $ 3.102.637.219. Principalmente por cotizaciones previsionales, descuentos efectuados a funcionarios, obligaciones laborales, proveedores, factoring, proyectos externos, acreditación SEP, incentivos al retiro y otros compromisos adquiridos durante los años 2025 y 2026.
Así las cosas, el municipio presentó a fines de junio una segunda querella, en contra de "todos los que resulten responsables", por el delito de administración desleal.
Las deudas de Talaeduca
De acuerdo con lo que señalan en el líbelo, Piña y Pacheco llegaron en inicios de 2025 a la Corporación, poco después de asumir el alcalde Rosas en diciembre 2024.
Tras su contratación, Piña expuso ante el Concejo Municipal que Talaeduca arrastraba una deuda estructural de $1.800 millones de la administración anterior. Según la querella, a fines del año pasado Pacheco aseguró que ya habían bajado "cerca de los $800 millones de esa deuda" y que tenían que "seguir haciendo ajustes".
No obstante, la salida de ambos directivos tras la polémica por el "cuento del tío" reveló una realidad distinta.
La acción judicial destacó, entre los $3.102 millones de deuda, los hallazgos más relevantes:
- Saldos pendientes de acreditación SEP por $674 millones.
- Saldos de proyectos externos que deberían encontrarse disponibles por $359 millones.
- Cotizaciones previsionales pendientes de pago por $336 millones, correspondientes al mes de abril de 2026.
- Gira de Estudios año 2025 por $322 millones.
- Compromisos con proveedores por más de $263 millones.
- Deudas asociadas a factoring por más de $221 millones.
- Obligaciones derivadas de descuentos efectuados a funcionarios (por ejemplo, cuotas rebajadas por planilla) y no enterados oportunamente a las instituciones correspondientes.
- Recursos asociados a incentivos al retiro de asistentes de la educación y docentes que fueron transferidos a la Corporación y que actualmente no se encuentran disponibles.
"Situación financiera preocupante"
Tras el levantamiento bancario, el municipio determinó que la Corporación mantiene 23 cuentas corrientes vigentes, en Scotiabank y BancoEstado, con un saldo total de apenas $48 millones.
"La Corporación de Educación de Talagante enfrenta una situación financiera preocupante, caracterizada por un importante nivel de obligaciones acumuladas y restricciones de liquidez inmediata", destacó la casa edilicia en su querella.
Es decir, están prácticamente sin ni un peso para una institución de esa categoría.
Informe Especial consultó al municipio sobre la crisis y, en particular, por qué la querella por administración desleal fue interpuesta "contra quienes resulten responsables" y no fue dirigida a los directivos despedidos, pese a que ambos eran los que ejercían la administración de Talaeduca.
No obstante, el municipio declinó referirse al tema atendido que se trata de un proceso judicial en curso.
En el caso de la primera querella por fraude informático, tampoco señalaron a alguien. Fuentes conocedoras del caso explicaron a IE que, en su momento, la decisión respondió a que "nadie tiene la capacidad de robarse $400 millones solo, sin que —por ejemplo— salten alertas en el banco".
En ambas acciones judiciales, la autoridad comunal pidió que se encargue una investigacio´n a la PDI. A su vez, también entregaron todos los antecedentes a Fiscalía.