La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó ayer miércoles el recurso de amparo interpuesto por la familia de Julia Chuñil, desaparecida desde noviembre pasado, que cuestionó la constitucionalidad de una serie de diligencias realizadas a principios de 2025 por la Fiscalía de Los Ríos para encontrar a los responsables.
El tribunal de alzada estimó que, por la vía del habeas corpus, no es posible coartar la investigación del Ministerio Público, toda vez que el “derecho a la libertad personal o seguridad individual de los amparados” no está en riesgo.
La determinación adoptada por tres ministros, en todo caso, consideró un informe enviado por la Fiscalía de Los Ríos, donde descartó las imputaciones formuladas por los abogados de la familia de Chuñil.
De acuerdo al documento al que accedió Informe Especial, las pesquisas cuestionadas se desarrollaron entre el 30 de enero al 1 de febrero de 2025.
Estas últimas se desarrollaron en las comunas de Máfil y Los Ríos con presencia de la policía, el Ministerio Público y familiares de Chuñil. Casi cuatro meses más tarde —el 28 de mayo del corriente— la abogada Karina Riquelme, en representación de la familia, interpuso el ahora rechazado un recurso de amparo.
En el libelo objetaron las actuaciones aludidas, porque habrían violado las garantías fundamentales, entre ellas, las de Jeanette Troncoso, hija de Julia Chuñil; básicamente, que habría sido presionada para autoinculparse.
Ante ello, el tribunal de alzada valdiviano solicitó un informe a la Fiscalía Regional de Los Ríos, para que realizara sus descargos frente a las imputaciones detalladas en la acción legal.
En el documento que consideró la corte regional, la titular Tatiana Esquivel defendió enérgicamente el trabajo investigativo hecho hasta ahora, deslizó una sospecha y fustigó el contenido de la acción legal.
“Esta situación plantea legítimas dudas sobre la finalidad y oportunidad del presente recurso, el cual no parece responder a una vulneración real y actual de derechos fundamentales, sino más bien a una reinterpretación ex post de diligencias judicializadas, previamente informadas, ejecutadas conforme a derecho y en presencia de los propios intervinientes acreditados”, afirmó Esquivel.
De paso, en otros informes relacionados, aludió a una causa por robo de madera y destacó las diligencias con georadares y el encargo de análisis de datos y llamadas de involucrados en el caso.
Teléfono incautado
Parte de las diligencias cuestionadas, según la Fiscalía, es la incautación del teléfono de Jeanette Troncoso, hija de Chuñil. De acuerdo al escrito, se realizó con autorización judicial del 30 de enero de 2025, sin oposición de la mujer ni la presencia de menores de edad, según detalla el escrito ingresado en la Corte de Valdivia.
“Llama particularmente la atención que en dicho recurso se incorpore a un niño y una niña, aludiendo a una supuesta exposición a situaciones de violencia”, apuntó la Fiscalía.
Y añadió: “Esta afirmación es infundada y desconoce que la protección de los menores ha sido una de las principales consideraciones en la planificación y ejecución de la diligencia (...) una vez que los menores ya se encontraban en otro domicilio bajo el cuidado de familiares adultos responsables (...) circunstancia que fue anticipadamente coordinada con la madre Jeanette Tronoso, quien aceptó voluntariamente dicha medida”.
Esquivel reveló —además— que el celular de Jeanette Troncoso fue incautado durante el procedimiento mencionado, previa autorización judicial sin que hubiera aplicación “coacción ni oposición”.
“(La mujer) no se encontraba acompañada de sus hijos en ese momento y se practicó en el exterior de su domicilio a plena luz del día y frente al equipo de la Fiscalía, policial y pericial e incluso otros familiares que la acompañaban”, subrayó el informe obtenido por IE.
Causa por robo de madera
A renglón seguido, la Fiscalía justificó otra de las acciones cuestionadas: “Javier Troncoso, otro hijo de Julia Chuñil y también ‘amparado’ en el recurso, habría sido apartado arbitrariamente del lugar de las diligencias del 30 de enero de 2025, lo que no se ajusta a los hechos (...) don Javier no estuvo presente ese día en Huichaco Sur”.
Otra de las situaciones denunciadas por la familia de Chuñil es que Jeannete Troncoso fue presionada, amenazada con un arma de fuego y privada de libertad. “Las imputaciones son falsas”, respondió el organismo.
Respecto de esto último, la abogada Karina Riquelme presentó una denuncia en contra de la Fiscal Tatiana Esquivel por el delito de apremios ilegítimos, que incluyó a Carabineros.
A raíz de lo anterior, la Fiscalía Regional de Los Ríos solicitó a la Fiscalía Nacional inhabilitarla en la indagatoria. En dicho escrito, la persecutora mencionó la existencia de una causa ligada por el delito de usurpación y sustracción de madera, sustanciada por la misma regional, donde aparecería información relativa de Julia Chuñil.
Pese a la petición para que la causa fuera derivada a otro u otra regional, Esquivel fue confirmada en su puesto por el Fiscal Nacional subrogante, Héctor Barros, el lunes 2 de junio recién pasado.
Georadar y tráfico de llamadas
La Fiscalía de Los Ríos, en su informe a la Corte de Valdivia, aseguró que todos los familiares de Julia Chuñil han sido tratados “como víctimas”, aplicándose todos los instrumentos nacionales e internacionales de protección. Y agregó que los abogados patrocinantes de la familia —y que accionan en la indagatoria— tienen copia íntegra de la carpeta de investigación.
De hecho, en otro documento al que accedió IE, se detallan dos diligencias recientes.
La primera de ellas se desarrolló el 8 y 9 de marzo pasado, donde se realizó una “prospección no destructiva con georadar”, realizada por una empresa contratada por el Ministerio Público, “en diversas zonas de interés".
La segunda, el 1 y 2 de abril, donde la Unidad de Delitos Complejos del Servicio Médico Legal (SML) de Santiago rastreó una serie de lugares, los que previamente fueron señalados con el georadar mencionado.
Por último, el 9 de abril del presente la Fiscalía de Los Ríos ordenó a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI realizar el análisis del tráfico de datos y llamadas de distintas personas que aparecen vinculadas al caso, cuyos informes aún están pendientes.