Una querella por obstrucción a la investigación y cuasidelito de homicidio interpuso la familia del detective —y piloto— Mario Herrera, en contra de los ejecutivos y personal de mantenimiento de la francesa Airbus en Chile.
Lo anterior, a raíz del accidente en helicóptero que el policía sufrió en enero de 2024, en la zona de Pichidangui, Región de Coquimbo, cuyas causas están siendo investigadas por el Ministerio Público.
El líbelo apunta al francés Piere Marie Gout, en su calidad de gerente general; Elás Goncen Valero, gerente de operaciones; además del supervisor de mantenimiento, Jorge Veloso Veloso, que a juicio de los querellantes también infringieron las normas del Código Aeronáutico.
El trágico episodio derivó en la muerte de dos de los cinco ocupantes, que por entonces realizaban una operación antinarcóticos. Se trata de la piloto 1 del vuelo, Camila Silva y también de Daniela Salazar. Ambas fueron declaradas mártires de la institución.
Desde entonces hasta ahora, la fiscalía local mantiene abierta una causa sin formalizados para determinar las causas de la tragedia.
La indagatoria había avanzado lento y sin mayores novedades, pero en diciembre de 2025 todo cambió cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió su informe final sobre el siniestro.
De dicho reporte, en cuya confección participó su homóloga francesa BEA, se colige —según los querellantes— que las causas posibles del accidente apuntan a un desperfecto mecánico producto del mantenimiento deficiente por parte de los especialistas de Airbus en Chile.
Según el líbelo —patrocinado por los abogados Carlos Carmona, Fanny Valdivia y Claudia Schiele—, la aeronave ingresó a una revisión general (conocida como “gran visita”) el 15 de mayo de 2023 y se mantuvo así hasta el 2 de enero de 2024. Pese a la certificación, casi un mes después cayó a tierra.
Bajo fuego
La dinámica de los hechos indica que el fatídico 31 de enero de 2024, Camila Silva fungía como la jefa del vuelo. El segundo era precisamente Mario Herrera.
Antes de partir hacia el interior de la Región de Coquimbo, donde ejecutaban el retiro de plantaciones de marihuana, Silva revisó que todo estuviera en regla.
Los hechos dan cuenta que el despegue, en principio, no mostró problemas, pero de pronto se escucharon tres ruidos consecutivos en el motor, momento en que la aeronave comenzó a perder potencia.
Fue en ese minuto que Mario Herrera —de amplia experiencia con casi 2.000 horas de vuelo— tomó el mando del helicóptero y comenzó a maniobrar para evitar la tragedia.
Independiente de su pericia, la máquina cayó a tierra y producto de la debilidad del estanque y el combustible que portaban para quemar las plantas de cannabis incautadas a traficantes de la zona, se desató el fuego.
Herrera, con sus piernas y manos quemadas, logró salir. Pudo sacar a Salazar e incluso corrió hacia un baño químico donde Silva era presa de las llamas y evitó —hasta ese momento— que fuera consumida por el fuego.
Sin embargo, ambas detectives fallecieron.
Por su parte, Herrera se recuperó, continúa en servicio activo, pero las secuelas desde entonces lo acompañan.
Actualmente, se encuentra en calidad de imputado en el caso que lleva la fiscalía local.
No obstante, el peritaje de la DGAC señala que su actuar al mando del helicóptero se apegó íntegramente a las reglas usadas para casos de emergencia, descartando su responsabilidad.
"Falta de personal"
Para acreditar por qué el piloto perdió el control, la DGAC realizó una revisión profunda al helicóptero. De esta forma, según se detalla en la querella, la autoridad francesa y la chilena apuntaron a una falla en la transmisión —que vincula el motor al eje central de la aeronave, que otorga potencia de funcionamiento— debido a que los pernos y golillas fueron mal instalados.
En la indagatoria de ambas instituciones —además— se concluyó que la empresa revisora de Airbus, que opera en Chile, no cumplió los estándares que toda aeronave requiere después de 144 meses de uso, detalla el documento.
De hecho, las especificaciones establecidas por el fabricante (Airbus) debían cumplirse a cabalidad, requisitos conocidos como “paquete de inspección”. Este último debe ser aplicado pormenorizadamente por los especialistas, lo que incluye la trazabilidad del trabajo “hasta la conformidad final, donde se da la aprobación para el cierre del proceso”, apunta el escrito.
No fue todo, se advierte que mientras se realizaba la revisión, al mismo tiempo el personal de Airbus ejecutaba lo propio con aeronaves más antiguas de otros dueños, sin que hubiera dedicación completa al helicóptero de la PDI.
De acuerdo con los interrogatorios realizados por la DGAC a quienes intervinieron en la revisión, consignados en la querella, “existía una falta de personal calificado destinado a las labores de mantención, que hizo que los trabajos comenzaran con dos semanas de retraso”.
También se acreditó, según explica el libelo, que durante todo el periodo de revisión de examen mecánico, “existió una constante rotación del personal encargado de la mantención para cubrir otras actividades (con) otras aeronaves”. Lo anterior derivó en una excesiva carga laboral que superó más de 70 horas semanales para cumplir encargos de variados clientes.
Es más, hubo cambios de componentes con otra aeronave de la PDI “sin un control estricto”, asegura la acción legal.
Estanque estándar
A todo lo anterior, los querellantes agregan que el incendio que siguió a la caída, se produjo porque el estanque de combustible era de modelo estándar y no con mayor resistencia, como lo instala la misma Airbus en otros países donde vende sus helicópteros.
En la presentación, los abogados solicitaron al Ministerio Público —además— una serie de diligencias. Entre ellas, que se integre a la carpeta de investigación los “certificados de entrenamiento en el trabajo” de quienes participaron en el mantenimiento del helicóptero; también un peritaje sobre la resistencia del estanque y copia del contrato de mantenimiento entre la PDI y Airbus.
Informe Especial solicitó una versión del Ministerio Público, que declinó referirse al tema porque la causa se encuentra en plena tramitación.
Por su parte, consultados sobre el tema, Airbus Chile lamentó los hechos y aseguró que han colaborado con la investigación que lleva el Ministerio Público. En esa línea, valoraron los hallazgos del informe de la DGAC “sobre la causa probable de este evento”, en torno a que se trató de una falla en el mantenimiento de la aeronave.
En tanto, la PDI subrayó que tras la tragedia han fortalecido "los estándares de seguridad operacional y de prevención en la ocurrencia de eventos similares, donde el énfasis está puesto en gestión de emergencias y toma de decisiones en situaciones críticas, realizándose en las ciudades de Las Vegas y Carolina del Norte".
Asimismo, explicaron que la institución contaba con un seguro asociado. "La aseguradora procedió al pago del monto asegurado correspondiente a la aeronave, así como a las indemnizaciones asociadas a las familias del personal fallecido, conforme a las condiciones establecidas en la póliza", remarcaron.