A principios de mayo, el FBI y la Embajada de Estados Unidos en Chile informaron al Cibercrimen de la PDI sobre una estafa vía internet de carácter transnacional en criptomonedas.
Pudo ser uno de tantos timos que ocurren a diario en todo el mundo, salvo por un detalle: la cuenta donde llegaron los activos pertenece a una sociedad con dirección en Iquique, Región de Tarapacá.
El documento que recibió la policía civil, al que accedió Informe Especial en exclusiva, revela que un ciudadano estadounidense invirtió más de 1 millón de dólares en WH Alliance, una supuesta empresa de criptomonedas, cuyo dueño sería un tal Roland Quisenberry.
La información proporcionada por la legación diplomática indicó que la víctima es Jeff Senour, quien sería un piloto y músico avecindado en Arizona. Este último aseguró que, gracias a su abultada inversión, su billetera digital había crecido supuestamente hasta los 11.8 millones de la divisa norteamericana. Sin embargo, relató que todo se derrumbó cuando intentó retirar el dinero y no pudo.
De hecho, relató que —antes de descubrir la verdad— adicionalmente los estafadores le exigieron el pago de una “comisión" de otros 194 mil dólares para recuperar la plata, pero en realidad sólo fue una nueva trampa para embaucarlo con aún más dinero.
“He invertido más de un millón (de dólares) en esto desde mi jubilación, y estaría devastado si es una estafa; me sentiría completamente estúpido y avergonzado si lo fuera; justo hoy 12 de mayo de 2025 les hice una transferencia de 194.000 (dólares) para uno de los pagos finales y hasta ahora no me responden en la red”, explicó Senour en su denuncia al FBI.
La mencionada cuenta bancaria pertenece a una supuesta sociedad cuyo domicilio comercial no existe en Iquique, lo que hace presumir que se trata de una empresa de papel especialmente creada para el delito, dijeron fuentes allegadas al caso.
Como sea, un breve recorrido por internet revela que existen cientos de advertencias de que se trata de una estafa y que la figura de Roland Quisenberry no es más que un anzuelo.
Audiencia clave
Los datos recibidos por el Cibercrimen fueron derivados de inmediato al Ministerio Público, que solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía —jurisdicción donde se ubica la embajada estadounidense— una orden para retener los fondos de la cuenta bancaria chilena ligada a los estafadores. Lo anterior, con miras a identificar a los posibles responsables que —al menos hasta ahora— podrían ser nacionales o extranjeros.
Sin embargo, la Fiscalía no tuvo suerte en el tribunal, ya que el 13 de mayo la magistrada Cecilia Villanueva denegó la solicitud porque —a su juicio— el principio de ejecución del delito se encontraba en Iquique y no en Santiago. Acto seguido, se declaró incompetente.
La resolución se transformó en un problema para la Fiscalía, ya que casos de este tipo deben ser tramitados con celeridad, pues los activos son transferidos rápidamente por los estafadores de la red para evitar la trazabilidad.
En todo caso, el Ministerio Público insistió en el mismo tribunal, donde se fijó una audiencia de competencia para determinar si el caso quedará incoado en Iquique o en Santiago.
Crimen organizado
Distintos organismos internacionales han puesto de relieve que la tecnología ha permitido el aumento de las estafas digitales en todo el mundo.
En un informe de 2024, la Interpol ligó este delito al fenómeno del crimen organizado, porque a través de la inteligencia artificial, las asociaciones delictivas amplían una pluralidad de ilícitos que cometen, tales como la trata de personas, tráfico de migrantes, secuestros y engaños de diversa índole.
“Con el uso de la inteligencia artificial, ahora los grandes modelos lingüísticos y las criptomonedas, combinados con modelos de negocio (como el phishing y el ransomware como servicio), se pueden llevar a cabo unas estafas más sofisticadas y profesionales sin necesidad de tener habilidades técnicas avanzadas y a un coste relativamente bajo”, destacó la Interpol.
Los pasos para un fraude o estafa comienzan con los canales para contactar a las víctimas potenciales; luego, al ser estafadas, empieza una tercera fase: los mecanismos para lavar los activos producto de la acción delictiva.
Hay que recordar que la zona norte de Chile registra altos índices de crimen organizado —con preponderancia en el narco—, pero también el contrabando, el tráfico de precursores, sicariato, la trata de personas, tráfico de migrantes, entre otros.
Si lo indagado por el FBI se comprueba, significaría que los grupos delictivos refinaron su modelo de negocio —desde suelo nacional— para sumarse a una economía criminal emergente al amparo de la telaraña global.