El Tribunal Supremo (TS) del Partido por la Democracia (PPD) suspendió la militancia e inició un sumario interno en contra de Sebastián Cornejo Rosales, secretario de dicha instancia, por la presunta filtración de mensajes de WhatsApp.
La información consta en un recurso de protección interpuesto por el afectado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde acusa un actuar arbitrario e ilegal que conculca sus derechos constitucionales.
De acuerdo con los antecedentes a los que accedió Informe Especial, los hechos se remontan al 9 de junio pasado.
Según el dictamen de la tienda política, “la información extraída de forma ilícita fue remitida y difundida por el denunciado ante terceras instituciones de carácter público y/o privado ajenas al partido, amplificando el daño institucional”.
A raíz de la acusación, se inició una investigación interna y se nombró como fiscal sumariante a Marco Leal Ruiz, quien deberá acreditar o descartar la conducta denunciada.
Todo lo anterior sobrevino tras publicaciones en la prensa con detalles de los acalorados chats internos del PPD. En particular aquellos que tuvieron lugar apenas estalló la polémica del acuerdo de los senadores del partido con el gobierno en el marco de la megarreforma.
"Razones políticas"
El suspendido secretario asegura que se enteró de la decisión cuando observó en la aplicación de su teléfono que había sido eliminado del grupo que usan los miembros del Tribunal Supremo.
Por esta razón, el otrora secretario solicitó a la judicatura —mientras se analiza el fondo del recurso— que detenga los efectos de la suspensión a través de una orden de no innovar, que está pendiente de ser resuelta por la Novena Sala.
La abogada de Cornejo, Macarena Palma, explicó que la decisión adoptada por el TS no cumplió con las normas del debido proceso, ya que su patrocinado —antes de ser suspendido— nunca fue notificado.
Si bien no quiso adelantar otras razones detrás del dictamen del órgano disciplinario del PPD aseguró que, por ahora, no descarta que detrás de ello existan solo “razones políticas”.
Cualquiera sea el resultado del libelo, fuentes de IE comentan que al interior del PPD se desarrolla una lucha que se instaló durante las elecciones internas llevadas a cabo a principios de año. Asimismo, enfatizan que dicho escenario habría derivado en decisiones que van más allá de lo estrictamente legal, con miras a favorecer a grupos de poder interno.
El acuerdo de la discordia
Todo el asunto estalló cuando un grupo de senadores del PPD alcanzó un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la llamada “mesa político-técnica" que llevó adelante la titular del Senado, Paulina Nuñez (RN), con el propósito de lograr los votos en el Congreso para la megarreforma que impulsa el gobierno.
Básicamente, la coordinación de voluntades políticas apuntó a modificar de 25 a 20 años la invariabilidad tributaria. Eso sí, los empresarios que accedan a ella deben primero invertir US$350 millones.
Detrás del acuerdo estuvieron los senadores PPD Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Pedro Araya.
Es en ese marco que escaló la crisis en toda la oposición, ya que el Partido Socialista (PS) lidera la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que este declare la invariabilidad —además de otros artículos en materia ambiental— como inconstitucional y, de esta manera, impedir que dichos aspectos de la megareforma se conviertan en ley.
Según las versiones de prensa, post acuerdo PPD-Gobierno en los grupos de WhatsApp internos algunos planteaban la posibilidad de renunciar al partido, otros amenazaron con pasar a los senadores implicados al Tribunal Supremo o les pedían irse con el Partido Repúblicano. A contramano, algunos parlamentarios aludidos intentaron defender su polémica decisión.
Con todo, tras días de tensión en las huestes del partido, los senadores PPD salieron a retractarse del acuerdo.