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La Fiscalía Oriente investiga el presunto delito de incitación al suicidio de un estudiante por parte de sus compañeros, en un colegio particular pagado del sector oriente de Santiago, donde hasta fines de 2025 estudiaba el afectado. Hoy está en otro recinto y en tratamiento médico.
Según la denuncia interpuesta por el padre del joven, en 2025 tuvo conocimiento que un grupo de estudiantes escribieron en el TikTok de su hijo expresiones de grueso calibre, apuntando a la orientación sexual del alumno y el grave estado de salud de su madre.
Omitimos expresamente la mayoría de las descalificaciones y comentarios discriminatorios publicados contra este joven. A modo de ejemplo dejamos este, que es altamente grave: “Que se cuelgue”, le dijeron en uno de ellos.
Esa es una de las tantas publicaciones que gatilló la acción judicial y que actualmente están incluidos en la carpeta de investigación reservada a cargo de la fiscal María Valeria Gómez.
Bajo orden judicial
Al enterarse de la situación, el padre del estudiante no solo interpuso la denuncia en la PDI, sino que incluyó una serie de pantallazos donde sus compañeros le conminaban al suicidio mediante los comentarios que recibía, los que obtuvo gracias a la ayuda de otros apoderados.
En esa línea, también exigió al SNM acceder a una copia del expediente interno donde los estudiantes que lo acosaron reconocieron su responsabilidad en los hechos.
En la presentación se indica que la directora del establecimiento rechazó la petición, aludiendo a que los involucrados son menores de edad y sus identidades deben permanecer bajo reserva.
Producto de lo anterior, la PDI se puso en contacto con la directora para obtener la documentación, pero esta última indicó que si bien colaboraría con la indagatoria, requería de una autorización judicial. Y agregó que los alumnos involucrados en la situación recibieron las sanciones respectivas.
A raíz de la negativa, la fiscal Gómez solicitó lo propio al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Luego de analizar lo expuesto, la magistrada Francis Fell accedió a que la copia de la aplicación del protocolo escolar fuera entregada íntegramente; y advirtió que —de no cumplirse la determinación judicial— ordenaría la “incautación con auxilio de la fuerza pública”.
"Total colaboración"
En Chile, desde 2022 se encuentra vigente la llamada Ley Antonia, que sanciona la inducción al suicidio, entre otras conductas de agresiones sexuales en contra de mujeres.
Informe Especial requirió una versión de parte de la directora del establecimiento.
La profesional confirmó la situación e indicó que se aplicaron todas las medidas disciplinarias para este tipo de casos.
Sin embargo, afirmó desconocer la autorización judicial y que el último contacto con la PDI data de mediados de 2025. Desde entonces, según aseguró, no ha tenido más información.
En todo caso, aclaró que de parte del colegio habrá total colaboración con la indagatoria una vez que sea notificada del dictamen adoptado por el tribunal de garantía.
Inquirido el Ministerio Público, se indicó que “existe una investigación en curso con órdenes despachadas a la PDI y, existiendo menores involucrados, no podemos dar mayor información por el momento”.