Tras una auditoría a los gastos y transferencias otorgadas por los municipios entre enero y septiembre de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en 32 municipios del país.
Puntualmente, señaló a nueve casas edilicias en el norte, una decena en la zona centro (su mayoría de la Región Metropolitana) y otras 13 en el sur. En resumen, se repiten pagos por eventos improcedentes, problemas con los pagos de honorarios, horas extras y en el uso de los vehículos estatales. Del mismo modo, Contraloría reprochó a la mayoría por la utilización de las redes sociales institucionales durante el periodo electoral.
En específico, el ente de control analizó las transferencias efectuadas por cada casa edilicia al sector privado, con la finalidad de fiscalizar la correcta utilización de los recursos públicos durante los meses clave de las campañas municipales. De esta forma detectaron una serie de conflictos de interés y actividades de campaña fuera de norma.
En particular, destaca la impugnación al municipio de Calama por fondos pendientes de rendición por $15 mil millones; a Maipú, por la entrega de ayuda social a siete personas que se encontraban fallecidas al momento de recibir el beneficio; y también a Coyhaique, por $769 millones en adquisiciones que no fueron tramitadas mediante el sistema de compras públicas.
Para dar con los hallazgos, la CGR se centró en verificar que los municipios hayan destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas a sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral.
Zona norte
Municipalidad de Copiapó. CGR constató que no contaban con la documentación suficiente para respaldar gastos efectuados; la falta de actas de entrega de cajas de alimentos; y que el municipio no mantiene el correcto control de su flota vehicular. Además, advirtió un eventual conflicto de interés en la contratación de un proveedor que prestó sus servicios al alcalde durante su campaña electoral de 2021. De acuerdo al reporte de la entidad, también evidenciaron debilidad en el proceso de entrega de los fondos de la beca Carmen Vilches. Por todas estas observaciones, Contraloría inició un sumario.
Municipalidad de Putre. En la revisión del contenido en los medios de difusión de la Municipalidad de Putre, el ente fiscalizador observó que se realizaron publicaciones con enlaces y vínculos a las redes sociales personales del alcalde, en las que promocionaba su candidatura. Además, a través de declaraciones de funcionarios del municipio, constataron que se les habría solicitado en dependencias municipales y en horario laboral que apoyaran la candidatura del alcalde. Por estas y otras observaciones, Contraloría instruyó a la casa edilicia iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Municipalidad de Arica. En este caso, CGR señaló un eventual mal uso del vehículo fiscal por parte del alcalde, por lo que la Contraloría Regional iniciará un sumario. Además, detectaron que el municipio habría publicado en sus redes sociales imágenes asociadas a actividades municipales en las que aparecía el alcalde, a pesar de que este ya no se encontraba a cargo del municipio, atendido a que se encontraba en periodo de reelección. Asimismo, detectaron irregularidades respecto del pago de horas extraordinarias en el periodo auditado.
Municipalidad de San Pedro de Atacama. La auditoría realizada en dicho recinto constató que la entidad comunal habría realizado transferencias al sector privado por $22,3 millones sin rendición de cuentas. Asimismo, verificaron observaciones sobre la bitácora de vehículos fiscales por las cuales el municipio deberá iniciar un sumario. También advirtieron sobre la existencia de invitaciones a eventos en las cuales se menciona al alcalde como gestor y no al municipio.
Municipalidad de Calama. El ente fiscalizador constató la falta de gestiones por parte de la Municipalidad de Calama respecto a fondos pendientes de rendición por $15 mil millones y se expuso una serie de irregularidades vinculadas al mal uso de vehículos fiscales, por los que la Contraloría iniciará un sumario. Además, se detectó que la entidad edilicia no proporcionó todos los antecedentes requeridos para acceder a los beneficios sociales entregados y un eventual mal uso de las redes de comunicación del municipio.
Municipalidad de María Elena. Contraloría advirtió que el municipio no suscribió el convenio con entidades del sector privado en la transferencia de montos por un total de $42,8 millones. También detectaron que los decretos alcaldicios que aprueban las horas extraordinarias, de junio a septiembre, no cuentan con antecedentes que justifiquen su asignación. Además, apuntaron a irregularidades vinculadas al uso de la flota vehicular.
Municipalidad de Vicuña. El ente fiscalizador expuso que la Municipalidad de Vicuña habría realizado pagos improcedentes en diversas actividades por un monto superior a $11 millones, por lo que procederán a formular el reparo pertinente del dinero. Asimismo, advirtieron diversas observaciones en la bitácora de vehículos municipales.
Municipalidad de Illapel. La auditoría expuso que hubo contratos y pagos a funcionarios municipales por $13,8 millones sin que se justifiquen los gastos señalados, motivo por el que el municipio deberá iniciar un sumario administrativo. Además, advirtieron actividades realizadas por la entidad edilicia que no se amparan a la jurisprudencia, por lo que Contraloría formulará un reparo por $35,3 millones. Asimismo, detectaron irregularidades sobre el pago de proveedores y la falta de documentación en expedientes de pago.
Municipalidad de Camarones. Entre otras observaciones, constataron que nueve documentos del municipio, que incluyen decretos alcaldicios, poseerían una imagen incrustada con la firma de diversos funcionarios del municipio, lo que evidenciaría una posible adulteración y/o manipulación del instrumento público. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y la CGR iniciará un sumario.
Zona centro
Municipalidad de Recoleta. Contraloría identificó que dos funcionarios —a contrata— de la planta municipal registraron contrataciones a honorarios en la misma entidad comunal, pese a que no se encuentran acreditados los servicios a ejecutar y tampoco que estas actividades hayan sido realizadas fuera de sus jornadas laborales.
Asimismo, constataron irregularidades en el desempeño del cargo de director gerente de la Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Recoleta y la existencia de fondos pendientes de 2024 por la suma de $5 millones, de los cuales $1,8 millones fueron otorgados a 6 concejales en ejercicio. Por esto último, el municipio deberá iniciar un sumario.
También advirtieron problemas en las bitácoras de los recorridos de vehículos municipales y se evidenciaron observaciones en el marco de distintos eventos municipales, en los cuales participó el entonces alcalde suplente y candidato a la titularidad comunal, Fares Jadue, sin extender la invitación al resto de candidatos alcaldicios.
Municipalidad de Melipilla. Entre diversas observaciones la CGR verificó que la municipalidad contrató el servicio “Jornada en el recinto con servicio a almuerzo para 400 personas” al proveedor Administradora de Turismo Rosa Agustina, por casi $20 millones, y autorizó la contratación directa del servicio de traslado de personas de distintas agrupaciones al referido resort por un monto de $5,5 millones. Estos gastos habrían sido descontados en cuentas referidas a una celebración de carácter nacional y en el ejercicio de las atribuciones municipales relacionadas con el desarrollo comunitario. La CGR efectuará el reparo correspondiente a $25,4 millones.
Municipalidad de La Pintana. Contraloría constató que el municipio no acreditó la realización efectiva de trabajos encomendados a 12 personas contratadas mediante la modalidad de honorarios por un monto de $29,3 millones. Asimismo, detectaron que la entidad edilicia contrató a la empresa Servicios Gastronómicos S.A. por medio de licitación pública para el desarrollo del evento “Reconocimiento a dirigentes sociales y comunitarios 2024” por un monto de $29 millones, sin ser procedente dicho gasto.
Además, reprocharon la contratación de la empresa Servicios y Eventos Gacec SpA para el servicio de coctel para 700 personas en el evento “La noche de las ferias”, por un monto de $3,4 millones, siendo dirigida a sólo un grupo en particular y sin tener relación con las finalidades del municipio. Contraloría formuló el reparo de todos los montos expuestos.
También advirtieron que la bodega central de la Municipalidad de La Pintana no contaba con el registro de control sobre la entrada y salida de 100 cajas de mercadería y 94 camarotes por un total de $44,2 millones, destinados a la asistencia social en diversos programas. Igualmente, la entidad realizó otras observaciones respecto de la contabilidad del municipio.
Municipalidad de Nancagua. El ente fiscalizador detectó tres procesos de licitación del “Servicio de Mantención de Áreas Verdes”, de los cuales terminaron con declaraciones desiertas o inadmisibles, de modo que dicha entidad comunal efectuó la contratación del servicio por trato directo, por un monto de $195 millones sin fundamento por parte del municipio para renovar de forma mensual. Por este motivo la municipalidad deberá iniciar un sumario.
Asimismo, constataron el pago de $44 millones en la remuneración de personal a honorarios sin que conste la acreditación de las actividades realizadas mensualmente. También señalaron irregularidades en el uso de vehículos fiscales en días inhábiles y otras observaciones en el uso de las redes sociales de la municipalidad.
Municipalidad de Maipú. De acuerdo a Contraloría, la entidad comunal desentendió las solicitudes de información formuladas para la respectiva fiscalización, peticiones de antecedentes que, pese a ser reiteradas en tres o más oportunidades durante la ejecución de la presente auditoría, no fueron respondidas por la casa edilicia. Por este motivo, la CGR anunció un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Sin perjuicio de lo planteado, y entre otras observaciones, advirtieron irregularidades en el uso de vehículos fiscales en días no hábiles, lo que será incluido en el sumario señalado.
A su vez, se estableció que la entidad comunal entregó ayuda social a siete personas que se encontraban fallecidas al momento de recibir el beneficio y se comprobó que seis viviendas pertenecientes a la municipalidad se encuentran en uso por personas que no cuentan con la calidad de funcionarios municipales y tampoco con un decreto alcaldicio que los autoriza. Debido a estos antecedentes, la Municipalidad de Maipú deberá iniciar un procedimiento disciplinario.
Municipalidad de La Florida. Contraloría advirtió que el municipio de La Florida pagó más de $30 millones por la prestación de servicios a honorarios durante 2024, con finalidades ajenas a los objetivos de la entidad. Por lo anterior, Contraloría formulará el reparo de $23,1 millones.
Asimismo, constataron que, bajo el contexto de la celebración del día del dirigente vecinal y comunal, el exalcalde de la comuna presentó a los candidatos a cargos públicos de La Florida sólo de su pacto electoral, situación que podría constituir una eventual infracción al principio de probidad. Además, CGR verificó que la entidad edilicia entregó 5.600 giftcards por la suma de $140 millones en el contexto de una emergencia climática, sin que los antecedentes de respaldo resultaran suficientes para acreditar la necesidad de los beneficiados. Por los tres puntos precedentes, el ente fiscalizador anunció un sumario.
Municipalidad de Puente Alto. El ente fiscalizador determinó un gasto improcedente por $129 millones a la empresa Administradora de Turismo Rosa Agustina para el servicio de producción del evento “Jornada de capacitación para dirigentes sociales de la comuna de Puente Alto”, no siendo posible verificar que hayan invitado a la totalidad de dirigentes vecinales de la comuna, hecho que —de acuerdo a la CGR— no satisface el requisito de tratarse de un evento destinado a toda la comunidad local. Por esto procedieron a formular el reparo por el total de dicho monto.
Asimismo, verificaron que la municipalidad aprobó las rendiciones presentadas por el Club Deportivo Leydis Senior Puente Alto, por más de $30 millones, sin que se acreditaran los beneficios de compras de pasajes aéreos y la participación de integrantes en un campeonato internacional.
Además, advirtieron irregularidades en el uso de vehículos fiscales; en la participación de funcionarios en campañas electorales en horario laboral; y respecto de la revisión del libro de asistencia y remuneraciones. Por estos motivos, el municipio deberá instruir un sumario administrativo.
Municipalidad de Santiago. El municipio de Santiago no proporcionó antecedentes de respaldo sobre la organización, actividades y financiamiento en el marco de la difusión del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) 2024-2034, lo que impidió el correcto desempeño de fiscalización. Dada esta situación, la Contraloría iniciará un sumario.
Sin perjuicio de ello, el organismo de control constató una serie de irregularidades en las bitácoras y el uso de vehículos fiscales por los cuales iniciarán un procedimiento disciplinario. Asimismo, la auditoría arrojó observaciones en el pago de horas extraordinarias sin acreditación de la ejecución de las labores y una serie de anomalías en los registros contables del municipio.
Municipalidad de Colina. Entre diversas irregularidades observadas por el uso de vehículos fiscales y en los medios de comunicación de la entidad edilicia, la Contraloría señaló que el municipio pagó $14,5 millones por los servicios a honorarios en programas comunitarios, sin que se respalden las actividades ejecutadas. Asimismo, CGR constató que el municipio habría pagado $3 millones por viáticos al extranjero, sin que se cuente con antecedentes suficientes sobre cómo se determinó la correspondencia del pago de éstos. En consecuencia, el ente fiscalizador deducirá el reparo del total de ambos desembolsos.
Municipalidad de Renca. Sumado a una serie de observaciones sobre pago de honorarios, la Contraloría comprobó que las prestaciones desarrolladas por 11 personas que desempeñaron la función de asistente de concejal, para las cuales la Municipalidad de Renca pagó $68,1 millones, no se ajustaron a las consideraciones de la norma.
Asimismo, la auditoría realizada por la CGR verificó que 12 personas contratadas a honorarios no cuentan con la documentación que respalde las actividades realizadas, por las que se pagó un monto de $48,5 millones. Ante ambos antecedentes, la CGR formulará el reparo del total.
Además constataron que en la plataforma de Ley de Lobby el alcalde de la municipalidad registraba audiencias hasta el 22 de marzo de 2024. No obstante, de la revisión de la agenda, verificaron reuniones con empresas o privados, realizadas entre los meses de julio y septiembre del año pasado, las cuales no se encontraban consignadas en el portal. Por ese motivo la CGR iniciará un sumario.
Zona sur
Municipalidad de Chiguayante. En su fiscalización, Contraloría comprobó una serie de irregularidades respecto del uso de las redes sociales y plataformas de difusión de la Municipalidad de Chiguayante, además de otras observaciones vinculadas al uso de vehículos fiscales durante días no hábiles. Asimismo, se comprobó que el municipio pagó $771 mil por la adquisición de una nota periodística al medio Sabes.cl y por la publicación de 65 frases radiales a la empresa Cordillera SpA.
También verificaron el pago de $1,9 millones por el servicio de un seminario al proveedor Gastronomía y Turismo Coll y Compañía Limitada, cuya actividad —según Contraloría— no consistió en un seminario y tampoco fue abierto a la comunidad. Igualmente, detectaron irregularidades en cuentas contables por más de $3 millones.
Municipalidad de Río Bueno. El ente fiscalizador constató, tras la revisión de 20 egresos por adquisición de bienes y servicios por $161 millones, los expedientes de pago no cuentan con la acreditación de la recepción conforme ni comprobantes de pago. También advirtieron que cargas de combustible realizadas en días inhábiles no fueron debidamente justificadas y la entrega de becas municipales en casos que no cuentan con el certificado de la casa de estudios. A estas observaciones sumaron otras por rendición de cuentas pendientes e irregularidades en el uso de las redes sociales del municipio.
Municipalidad de Talca. En la capital del Maule, CGR apuntó a la existencia de 15 transferencias al sector privado, por $65 millones, sin cumplir con la respectiva rendición. Igualmente determinaron que el reglamento sobre procedimientos de entrega de ayuda social no establece los montos máximos o cantidad de beneficio a entregar, lo que ocasionó que se entregaran beneficios con montos distintos respecto a una misma prestación. A la vez, revelaron una serie de irregularidades en relación con el uso de vehículos fiscales y falta de documentación para formalizar la entrega de beneficios a los funcionarios municipales.
Municipalidad de Los Lagos. Contraloría verificó que la Municipalidad de Los Lagos no sometió a trámite de toma de razón los decretos alcaldicios por los cuales aprobó la contratación del servicio de concesión para el servicio de aseo, mantención de áreas verdes y servicios generales. En tanto, comprobaron que la empresa Aseo y Omato JG SPA no garantizó el fiel cumplimiento del contrato de concesión de personal, correspondiendo al 8% del monto total del convenio, equivalente $37.8 millones, y se corroboró que la firma no dio cumplimiento al término del contrato de concesión. Por estas y otras razones, el ente fiscalizador iniciará un sumario y enviará los antecedentes al Ministerio Público.
Entre otras observaciones, también advirtieron que el municipio aprobó el pago de 21 funcionarios a honorarios por supuestos servicios prestados que no se encontraban considerados en sus contratos originales, y detectaron el erróneo uso de vehículos fiscales y carga de combustible sin justificación.
Municipalidad de Sagrada Familia. El órgano fiscalizador detectó que la entidad edilicia contrató vía trato directo un servicio de cóctel para 200 personas por $2 millones, cuyo desembolso era improcedente. Además constataron que el municipio no pudo acreditar la suma de $668 mil correspondiente a ayuda social, toda vez que no fue posible acreditar el estado de carencia de los beneficiados. También detectaron diversas irregularidades en el uso de las redes sociales de la municipalidad; sobre el uso de vehículos fiscales; y también en relación con el pago de honorarios de algunos servicios. Por los antecedentes expuestos anunciaron un sumario al municipio para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Municipalidad de San Javier. Contraloría evidenció irregularidades en la asistencia y pago de remuneraciones de funcionarios de la Municipalidad de San Javier. Asimismo, detectaron diversas observaciones en las bitácoras de vehículos fiscales y en el uso de redes sociales de la entidad edilicia.
A su vez, constataron que el municipio registró las compras de cajas de alimentos denominadas “Para personas”, por un total de $38 millones, sin que lo dispuesto se ajustara a la norma. También señalaron que el órgano comunal contrató a honorarios a funcionarias que cumplieron un servicio que corresponde a labores de la gestión interna municipal, además de otras observaciones respecto al pago de honorarios.
Municipalidad de Coyhaique. CGR apuntó a que la Municipalidad de Coyhaique adquirió giftcards para ser entregadas como ayudas sociales, sin incorporar especificaciones que limitasen el canje solo a productos de primera necesidad. También evidenciaron que la casa edilicia desembolsó la suma de $19,6 millones a la producción del evento “Día del Dirigente Comuna de Coyhaique 2024”, en circunstancias que dicha celebración no constituye una festividad que sea propiamente municipal. Por esto y otras observaciones el municipio deberá iniciar un sumario administrativo.
Además, Contraloría identificó que el municipio efectuó 22 adquisiciones, por un monto de $769 millones, que no fueron tramitadas por medio del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. Asimismo, el fiscalizador reprochó que en 14 oportunidades dictaron extemporáneamente actos administrativos que aprueban dichas contrataciones, por $689 millones, omitiendo realizar un concurso y sin contar con especificaciones técnicas. Ante estos antecedentes, la Contraloría anunció un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Municipalidad de Aysén. Contraloría corroboró que el organismo comunal pagó horas extraordinarias con recargo del 25% y 50%, excediendo tanto las horas aprobadas por decretos alcaldicios, como el límite de 40 horas diurnas, sin que se haya aportado el acto administrativo que autoriza tal excepción. A esta sumaron otras observaciones por el pago de horas extras y respecto del buen uso de los recursos públicos.
Municipalidad de Cisnes. El ente fiscalizador consignó que, en dos oportunidades, funcionarios municipales intervinieron o participaron en la tramitación de transferencias efectuadas por $12,6 millones y $200 mil, destinadas a grupos en los que mantienen participación o vínculo de consanguinidad. Asimismo, la Contraloría constató una serie de irregularidades por el pago de horas extraordinarias y servicios a honorarios que no han sido respaldadas correctamente.
Municipalidad de Torres del Paine. CGR adviritió que la Municipalidad de Torres del Paine llevó a cabo los eventos “Celebración del día de la familia comuna Torres del Paine 2024” y “Celebración del día del trabajador” por la suma de $5 millones y $7,5 millones respectivamente, sin que estas actividades se ajusten a la función propiamente municipal. En consecuencia, la Contraloría anunció que formulará el reparo de ambos montos.
A su vez, constataron irregularidades en el uso de vehículo fiscal; y detectaron que el municipio contrató en calidad de honorarios a profesionales para la realización de labores habituales, por lo cual la entidad edilicia deberá considerar sus contrataciones para la realización de labores no accidentales.
Municipalidad de Punta Arenas. Respecto a la capital de Magallanes, Contraloría apuntó a que no cuentan con un mecanismo de control para el cumplimiento de la jornada de trabajo del alcalde. Asimismo, constataron que los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario de esa entidad edilicia no realizan marcaje de horario de los trabajos extraordinarios efectuados fuera de las dependencias municipales. Por otra parte, advirtieron irregularidades en la contratación de funcionarios; asignación de trabajos extraordinarios; exceso de horas laborales en situaciones de emergencia climática; y faltas a la probidad en el uso de recursos públicos.
Municipalidad de Trehuaco. La Contraloría General de la República evidenció que el municipio no justifica la autorización de horas extraordinarias y no mantiene control sobre el cálculo de éstas. También verificaron que la entidad edilicia mantiene contrataciones de familiares de funcionarios municipales y, a su vez, constataron que la municipalidad no dispone de un catastro de beneficiarios de ayudas sociales que permita el control de tales beneficios.
Municipalidad de Pemuco. Entre diversas observaciones, CGR identificó inasistencias injustificadas de parte del personal, además de la omisión de marcación de entrada o salida de la jornada laboral, sin descuento, totalizando un monto de $731 mil. Asimismo, se observó la existencia de horas extraordinarias ascendentes a 295 diurnas y 973 nocturnas que no cuentan con la debida justificación que respalde su realización.