La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) puso término anticipado al contrato de “mil cámaras” que sustentaron el programa “Calle Segura”, iniciativa estrella del último gobierno de Sebastián Piñera y renovado por la actual administración.
Dicha determinación consta en un documento fechado el 31 de marzo del corriente, firmada por la actual titular de la SPD, Carolina Leitao. Si bien la implementación abarcó todo el país, la finalización apunta a la Región Metropolitana, donde se instaló la gran mayoría de los aparatos.
De acuerdo con el documento, la empresa Ingesmart —que ganó la licitación con serios cuestionamientos— incumplió las bases del acuerdo de voluntades con el fisco, mostrando un retraso de 768%.
La conclusión quedó estampada en un informe preparado por la División de Estudios de la SPD, de abril pasado: “Esta situación ha generado un perjuicio directo a la Subsecretaría de Prevención del Delito, al debilitar su capacidad de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de una política pública de alto impacto”, detalla el dictamen.
Seg´ún la autoridad, la deficiente puesta en marcha de Ingesmart del programa en la RM implicó a 387 aparatos captadores de imágenes, lo que afectó directamente a 21 municipios de la capital.
“(Las casas edilicias) no han podido contar con el sistema en condiciones operativas para apoyar su labor en seguridad comunal, generando una sobrecarga en sus equipos y una creciente frustración por los retrasos injustificados y por la falta de funcionamiento en aquellas comunas donde la empresa ya ha finalizado la instalación del equipamiento”, detalla la resolución.
Y subraya que, “finalmente, el mayor impacto lo sufre la ciudadanía, al retrasarse la entrada en funcionamiento de sistemas que buscan precisamente aumentar su seguridad, disuadir delitos y fortalecer la vigilancia en espacios públicos”.
En esa línea, la SPD aplicó la llamada “cláusula penal” establecida en el contrato con Ingesmart. Se trata del cobro de un 25% del total de lo acordado en las bases, independiente de la garantía de fiel cumplimiento que toda empresa deposita en un banco.
Dicho cobro quedó ahora en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Cámaras espías
La adjudicación a la empresa Ingesmart se realizó en 2020 durante la última administración del Presidente Sebastián Piñera, cuando la SPD era dirigida por Katherine Martorell, por un monto de $14 mil millones.
Dicha determinación pasó a toma de razón a la Contraloría General de la República (CGR), que rechazó el contrato al detectar problemas administrativos que ponían en riesgo el cumplimiento de la iniciativa.
Las mil cámaras —marca Hikvision y fabricadas en China— están prohibidas en Estados Unidos y otros países por incumplir los estándares internacionales de televigilancia; eso sin contar con problemas en el sistema informático y denuncias por un supuesto espionaje cuando son instaladas.
En ese contexto, la administración de ese entonces explicó que las observaciones del ente fiscalizador serían subsanadas. En tanto, respecto de los problemas de software derivados de la procedencia de los aparatos, señalaron en su momento que iban a ser solucionados por Ingesmart sin costo adicional.
En paralelo a este contrato hubo otros cuestionamientos a la SPD por la compra en 2020 de cámaras corporales Motorola destinadas a Carabineros.
Este último caso derivó en que la empresa Pegasus —que consideró afectados sus intereses— interpusiera una querella en contra de Martorell y otros funcionarios por delitos de corrupción.
Dicho caso desde 2020 es tramitado por la Fiscalía Centro Norte y, transcurridos cinco años, Xavier Armendáriz sigue sin adoptar una decisión sobre el destino procesal de la indagatoria.
Dos años más tarde, la misma CGR ordenó un sumario administrativo en la SPD, que confirmó lo resuelto por Mercado Público en torno a que la adjudicación a Motorola fue ilegal. Básicamente porque los aparatos carecían de un requisito técnico, a diferencia de otro oferente.
El informe desconocido
El término del contrato con Ingesmart es la última consecuencia de una serie de episodios que hasta ahora no se habían conocido públicamente. En junio de 2024, la CGR emitió una auditoría final al programa de televigilancia en la que detectó una serie de situaciones “altamente complejas”.
Básicamente, acreditó que desde 2020 hasta al menos 2024, las cámaras, softwares, capacitaciones, entre otros aspectos, nunca funcionaron de acuerdo con los preceptos de la adjudicación.
En el documento al que accedió IE, el organismo fiscalizador dio cuenta que tampoco se aplicaron las multas respectivas a Ingesmart y conminó a la SPD a invocar las sanciones que establecían las bases de licitación.
De hecho, la entidad de control inició un sumario administrativo para establecer las responsabilidades funcionarias que derivaron en la ineficiencia del uso de cámaras de seguridad.
“La Subsecretaría deberá implementar acciones que permitan dar cumplimiento a las funciones de supervisión, control y aplicación de sanciones y multas por incumplimientos del proveedor, conforme al principio de celeridad y sin que el procedimiento en su totalidad sobrepase el plazo de seis meses, acorde a lo dispuesto en los artículos 7° y 27, respectivamente, de la ley N° 19.880, informando documentadamente sobre el particular, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final”, detalla la auditoría.
Mal pie
En mayo de 2024, dos meses antes que el informe de la CGR viera la luz, las cámaras de televigilancia ya habían agitado las aguas en el gobierno. Todo ocurrió cuando la entonces Ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), resolvió que la jefa jurídica de la SPD, Priscila Márquez, dejara su cargo.
La determinación la tomó una vez que se supo de un asunto clave: que Márquez es esposa de Guillermo de la Jara, quien funge como socio del estudio que asesoró a Ingesmart en su proceso de reorganización concursal.
Con todo, el mentado informe de Contraloría ordenó un sumario en la SPD y al mismo tiempo reveló decenas de anomalías, dejando en mal pie al entonces Subsecretario Eduardo Vergara (PPD).
Meses más tarde el hecho se sumó a la crisis de seguridad, con el alza de los delitos en la Región Metropolitana —que cuestionaba el trabajo de la SPD—, a lo que se añadió también el caso del Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado por abuso y violación.
De esta forma, la situación derivó en un ajuste de subsecretarios a principios de noviembre. Ahí fue cuando Vergara enfrentó la petición de renuncia por parte del Presidente Gabriel Boric, siendo reemplazado por Carolina Leitao, ex alcaldesa de Peñalolén.
Proceso en curso
Cuatro meses más tarde, esta última rubricó la resolución exenta 670, que confirmó la recisión del contrato. A partir de dicha determinación, ahora el Consejo de Defensa del Estado intentará cobrar las multas en una causa civil que podría tardar años; es decir, podría resolverse —al menos— en el próximo gobierno.
Consultados para este artículo, desde la Superintendencia de Prevención del Delito confirmaron que la determinación fue tomada frente a los antecedentes expuestos en el mencionado informe de Contraloría.
"En el contrato, que considera 29 comunas de la RM, se constató la existencia de incumplimientos que afectaban la esencia del requerimiento formulado por la SPD, pues siempre se consideró un proceso de instalación y puesta en marcha de no más de un año, permitiendo, de esta manera, contar con un sistema de teleprotección a nivel nacional a contar del primer año de suscripción del contrato, lo que en concreto no ocurrió. Al día de hoy, el contrato señalado, presenta graves incumplimientos no solo en la instalación del equipamiento ofrecido, sino que además en las funcionalidades ofertadas, lo que ha llevado a esta Subsecretaría a tomar la mejor decisión en pos del resguardo del interés público", señalaron.
Con todo, todavía no está todo dicho, pues recalcaron que "este es un proceso que está en curso. Desde la Subsecretaría se notificó el término anticipado de contrato a las contrapartes —en marzo de 2025—, ellos presentaron un recurso de reposición y la SPD aún está en plazo para responder a dicho requerimiento".