La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el pasado viernes 2 de enero, debió echar pie atrás en el trámite de un disputado proceso de licitación.
No es la primera vez. Tal como les ha ocurrido antes con otros concursos de similar envergadura, el revés se concretó tras un cúmulo de reclamos de las empresas interesadas ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP) y el reproche de la propia Contraloría General de la República, que confirmó una serie de errores a la hora de evaluar la admisibilidad de varios de los oferentes que se quejaron.
Puntualmente, esta vez se trata de la licitación para el “Programa de Alimentación Escolar y Programa de Alimentación de Párvulos años 2026, 2027, 2028 y 2029” en las regiones de Coquimbo, Araucanía, Magallanes y Metropolitana.
En efecto, es uno de los contratos más jugosos del aparato estatal y sin duda el más relevante de la Junaeb, pues implica la provisión —por cuatro años— de raciones de comida para 1,3 millones de estudiantes de colegios y jardines del sistema público.
De hecho, el contrato tiene un valor total de $760 mil millones. Eso sí, la licitación no está pensada para que se la adjudique un sólo oferente; por el contrario, está dividida en tres líneas independientes, con lo que se busca la ejecución de varios contratos en favor de empresas diferentes.
Reclamos tras reclamos
La disputa por la codiciada adjudicación inició su camino en septiembre pasado, con su publicación en Mercado Público, la plataforma oficial de licitaciones del Estado. A inicios de octubre, Junaeb recepcionó un total de 25 ofertas.
Pero al poco andar, el 21 de octubre, varias de las empresas oferentes se encontraron con una resolución que, para ellos, fue una desagradable noticia: no habían sido declaradas admisibles sus ofertas.
En total, entre octubre y noviembre, fueron cuatro las firmas que presentaron reclamos ante el TCP para objetar las decisiones de la Junaeb: SOSER S.A, Optimizar Ltda, Transportes Kayser SPA y Alianza S.A.
Entre las principales quejas surgió que la Junaeb no se había apegado a las bases explicitadas en la licitación. Puntualmente, porque varios fueron descartados debido a que la entidad habría asumido erróneamente que existían oferentes vinculados a un mismo grupo empresarial.
Así lo acusó Optimizar Limitada, que fue ligada a Outfood SpA; y lo mismo ocurrió con Soser, que acabó fuera por sus supuestos nexos con Distal S.A.
Soser reclamó, adicionalmente, que las bases contienen ambigüedades que permiten “interpretaciones discrecionales” y que Junaeb aplicó cambios de criterio durante la evaluación sin informarle a las empresas.
Transportes Kayser SpA, en la misma línea, aseguró que les descontaron puntos por reglas no contempladas en las bases e incluso señaló que a otros oferentes se les habría permitido arreglar errores que a ellos no.
Alianza S.A., por último, acusó que fue descartada porque su Informe de Evaluación Financiera no estaba firmado por el representante legal de la empresa. Todo ello, según la demandante, pese a que en el foro de preguntas la propia Junaeb había señalado que no era necesario.
Intervención de Contraloría
Más allá de las disputas ante el TCP, el asunto escaló cuando la Contraloría General de la República le dio la razón a varias de las reclamantes: ordenó retrotraer la adjudicación y evaluar nuevamente a las empresas que ofertaron.
Según determinó el ente fiscalizador, mediante una resolución firmada en la víspera de Navidad, Junaeb no acreditó que las empresas declaradas inadmisibles —Optimizar, Outfood, Soser y Distal— tuvieran efectivamente los mismos beneficiarios finales, ni pertenecieran al mismo grupo empresarial o fueran sociedades relacionadas.
La CGR recalcó que no existían las suficientes pruebas para que se pueda incluir a las empresas como grupo empresarial y que Junaeb confundió a personas naturales y jurídicas al realizar su revisión.
Ante dicha representación de la Contraloría, Junaeb acató y el pasado viernes 2 de enero anuló su decisión inicial y volvió a evaluar la admisibilidad de las ofertas. Esta vez, Optimizar, Outfood, Soser y Distal lograron avanzar.
Eso sí, mantuvo la decisión respecto de Transportes Kayser y Alianza S.A., pues en rigor la CGR no le ordenó nada respecto de ellos.
Con todo, abogados del rubro y especialistas en derecho administrativo enfatizaron que la intervención de Contraloría es un hecho poco frecuente en este tipo de procesos. Uno de ellos, fuera de micrófono, comentó a Informe Especial que “es muy difícil que te representen una resolución, ya que significa que hay una ilegalidad que es muy grave o muy evidente”.
Historial de problemas
Pese a lo anterior, no se trata de la primera vez en que Contraloría ha puesto bajo la lupa las acciones de Junaeb.
Sin ir más lejos, en enero de 2025 el ente fiscalizador acusó irregularidades en unos pagos a la propia Soser S.A. Según señaló la CGR en ese entonces, la institución les habría pagado $3.554 millones por apenas 284 raciones de comida.
En mayo del 2024, en tanto, también intervino en la licitación por la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), en la que acusó un uso de distintos criterios para evaluar a las empresas ofertantes. De hecho, en aquella ocasión también tuvo que echar pie atrás en la adjudicación y debió repetir el proceso de evaluación.
Adicionalmente, en octubre de esa misma anualidad, se supo que a semanas de cerrar el año escolar aún no estaba terminada la entrega de útiles escolares, que en teoría debería haberse concretado en marzo. En esa ocasión, todo el retraso se generó por una disputa entre Torre y Artel, quienes se enfrentaron también en el Tribunal de Contratación Pública para zanjar quién se quedaría en ese entonces con la apetecida licitación de $20 mil millones.
Como sea, en relación a la pugna librada por estos días por la licitación del Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos, Junaeb corrigió la evaluación de admisibilidad. Pero aún no señala quiénes serán los ganadores.
Por su lado, Transportes Kayser SPA y Alianza S.A volvieron a ser descartados del proceso y quedaron fuera del concurso público, aunque esta última sigue intentando revertir su situación ante el TCP. De momento, ninguna de las empresas reclamantes ha tenido éxito en sus solicitudes para paralizar la licitación hasta resolver las disputas.
"No existe retraso"
Consultados por Informe Especial, desde la Junaeb recalcaron que "no existe retraso en el proceso licitatorio. Este se encuentra operando dentro de sus plazos normales para asegurar la entrega del servicio de alimentación escolar al inicio del año escolar 2026".
Asimismo, destacaron que aún restan aproximadamente dos meses para el retorno a clases y que este servicio se adjudica habitualmente durante el mes de enero, cumpliendo con los tiempos necesarios para la instalación de las empresas.
En ese marco, "el despliegue del Programa de Alimentación Escolar (PAE) está plenamente asegurado para inicios de marzo, garantizando la entrega de raciones para las y los estudiantes desde su primer día de clases".
Respecto a los reproches de Contraloría, en tanto, explicaron que Junaeb ya "realizó las adecuaciones pertinentes y reingresó la documentación para su toma de razón. Este trámite se realizó cumpliendo con los estándares de control que el Estado exige y dentro de los plazos planificados por la institución".
Sobre los reclamos ante el Tribunal de Contratación Pública, precisaron que "las empresas cuentan con canales formales y oficiales para ingresar sus presentaciones, las cuales han sido respondidas en tiempo y forma".