El 16 de octubre, alrededor de las 14.00 horas, en la residencia Casa Esperanza 1 —ubicada en el Barrio Yungay—, un adolescente apuñala con un arma blanca a otro joven del centro, provocándole tres heridas de gravedad en el torso.
La víctima, de solo 14 años, es trasladado al Hospital San Juan de Dios y luego a la Posta Central con riesgo vital, perforación pulmonar y daño medular irreversible. El diagnóstico es tajante: no volvería a caminar.
Semanas después, la Defensoría de la Niñez interpuso una querella criminal —a la cual tuvo acceso Informe Especial— en contra del director del Servicio de Protección Especializado de la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo; además de la directora regional de la misma institución, Marcela Gaete. Ambos en “calidad de autores” del delito de “homicidio simple por omisión impropia”, en grado de frustrado.
La acción judicial también está dirigida contra “todos quienes resulten ser responsables” en la calidad de autores y cómplices.
Fuera del perfil
Al momento del incidente, Casa Esperanza era administrada por la Fundación Chilena para la Discapacidad, con más de 10 años de experiencia en población con este tipo de condiciones. Pero en 2023 incursionaron en el ámbito de las residencias de protección para menores de 18 años, donde no se habían desempeñado.
Según detalló este lunes 24 Horas Reportajes, se adjudicaron la administración de tres residencias para niños, niñas y adolescentes con discapacidad: Casa Esperanza 1, en el centro de Santiago; Casa Esperanza 2, en Lo Barnechea; y un tercer centro en Coquimbo.
Sin embargo, la información a la vista da cuenta de que en aquellos lugares tenían NNA que no tenían discapacidad, antecedente que desde antes se evaluaba como riesgoso en la Defensoría.
“Desde el inicio, tanto el director nacional como la directora regional metropolitana del Servicio de Protección Especializada fueron informados de que dichas residencias recibían adolescentes cuyo perfil no correspondía al modelo adjudicado y que el organismo colaborador no contaba con experiencia suficiente en cuidado alternativo. Pese a ello, las autoridades mantuvieron su funcionamiento, permitiendo ingresos y sosteniendo la acreditación”, apunta la querella.
Crisis a la vista
Adicionalmente, la acción judicial indica que —desde noviembre de 2023— ambas autoridades fueron comunicadas en distintas oportunidades y por diferentes organismos, como el Servicio de Salud Metropolitano, el Programa Mi Abogado de la RM y la Defensoría de la Niñez, sobre “la existencia de graves vulneraciones de derechos que se consumaban en el interior de las residencias Casa Esperanza 1 y Casa Esperanza 2, los cuales consistían en: infraestructura peligrosa, ausencia de personal capacitado, malos tratos físicos, omisión de denuncias, manejo inadecuado de crisis, rotación extrema de funcionarios, ausencia de supervisión efectiva, exposición a violencia entre pares, transgresiones sexuales inclusive la existencia de armas, entre otras”.
El escrito sostiene que, pese a “supervisiones negativas” e “incumplimientos graves” de la fundación que administra las residencias, esta se mantuvo operando. Incluso, el líbelo relata que en febrero del año pasado la fundación fue sancionada en Coquimbo “por hechos similares”.
“Entre los meses de julio a octubre de 2025, distintos tribunales de familia ordenaron al Servicio informar fiscalizaciones, aplicar sanciones, evaluar la administración provisional e interrumpir los riesgos existentes. Pese a ello, Casa Esperanza 1 nunca fue cerrada”, señala la querella.
En informes previos a la presentación, la Defensoría da cuenta de episodios donde adolescentes amarran y amordazan a niños más pequeños de la residencia; además de riñas, confiscación de armas cortopunzantes y conductas sexuales entre residentes.
"Omisión impropia"
La acusación de la Defensoría de la Niñez contra las autoridades mencionadas se fundamenta en que, por ley, ambos cargos deben velar por los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y la ejecución de medidas necesarias para la protección de estos.
“Encontrándose el director nacional y la directora regional metropolitana cada uno en posición de garante, omitieron voluntariamente ejercer acciones mandatadas por ley, que favorecieron supervisión, cierre, acreditación y administración provisional de la residencia en que el adolescente se encontraba, siendo el resultado conocido y predecible para ambas querelladas”.
En el documento también se afirma que se ha cometido “un delito de omisión impropia, conocido también como comisión por omisión, que consistió en no impedir un resultado (riesgo vital, daño pulmonar por perforación, daño medular y secuelas neuromotoras)”.
El director del servicio aludido, Claudio Castillo, discrepa de las acusaciones de la querella, pues explica que en noviembre de 2024 hubo una fiscalización negativa a la residencia que da “origen a un plan de asesoría y acompañamiento, más de 30 supervisiones, fiscalizaciones, una mesa de trabajo que incluso participan órganos externos”.
Proceso de cierre
Adicionalmente, indica que “el proceso de cierre se inicia en el 2025, este era un proyecto que se había adjudicado durante dos años, es decir, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Y en febrero el propio colaborador solicita iniciar el cierre de la residencia, y en mayo del 2025 la Dirección Metropolitana señala que iniciamos formalmente el proceso de cierre”.
Más aún, manifiesta su incomprensión con la querella de la Defensoría: “No me parece serio que instituciones que han sido parte del diseño de un proceso de cierre, en que han estado sentados en la mesa, en que incluso han señalado que están de acuerdo y han visibilizado avances, luego a través de querellas planteen desconocimiento de aquello que ellos estaban de acuerdo previamente”.
Por su parte, la Fundación Chile para la Discapacidad no quiso referirise al tema y solo se limitaron a aclarar que "respecto de la subvención, nosotros como Fundacion, aperturamos residencias para niños con discapacidad, sin embargo, en consideración a que los niños y adolescentes que se nos ordenó ingresar, no se encontraban en esta situación, devolvimos íntegramente los recursos correspondientes al factor de discapacidad".
Finalmente, el Servicio de Protección Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes cerró el pasado 31 de diciembre la residencia Casa Esperanza 1.