A raíz del apuñalamiento que sufrió el administrador de la Corte de Arica a mediados de noviembre, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) envió un instructivo —de poco más de una página— a todos los presidentas y presidentas de las cortes de apelaciones del país.
El documento, al que accedió Informe Especial, está firmado por la directora (s) Andreina Olmo y prohíbe expresamente “mantener cuchillos cartoneros, tijeras, abrecartas u otros elementos cortopunzantes encima del escritorio” en las jurisdicciones bajo la tutela de los tribunales de alzada respectivos.
Cabe recordar que la víctima fue agredida con un cuchillo tomado desde la cocina del recinto por un funcionario que, tras volver de un período de licencias siquiátricas, estaba ad portas de ser desvinculado de su trabajo; lo que provocó su descompensación.
Según se detalló en su momento, la decisión había sido tomada —entre otras razones— por su desempeño y salud incompatible con el servicio.
El trabajador judicial, finalmente, fue abatido por Carabineros. El administrador, en tanto, sigue internado en un centro de salud con múltiples cortes.
Ocasiones especiales
Adicionalmente, el oficio establece que los elementos cortantes aludidos solo podrán ser utilizados “si se justifica su uso en la actividad laboral”.
Los funcionarios —continúa— deberán guardarlos con celo y “a resguardo” en las “cajoneras o muebles” para evitar que sean usados para otros fines.
En ese marco, la prohibición alcanza también a los “kitchenettes”, donde no se podrán mantener “cuchillos cocineros”.
Estos “deben ser retirados de estos espacios comunes y guardados bajo llave por la jefatura, limitando su uso autorizado cuando haya alguna celebración se deba ocupar este utensilio para rebanar alimentos”.
En otras palabras, solo para ocasiones especiales.
Conducta inusual
Con todo, en su horario de colación los trabajadores de la judicatura no podrán usar cuchillos con filo.
En este sentido, destaca la CAPJ, tienen que privilegiar la “punta roma” y, una vez que terminen de comer, preocuparse de guardar debidamente los elementos.
Y agrega: “Será responsabilidad de los Comités Paritarios incluir en la lista de chequeo de detección de peligros, con motivo de las inspecciones que realicen en las dependencias de tribunales y unidades judiciales, el cumplimiento de estas disposiciones”.
La institución solicitó difundir las instrucciones, pero apuntó a que la responsabilidad en adelante la tendrán “las jefaturas”.
De acuerdo con la comunicación escrita, estas últimas deben “estar atentas a situaciones que hagan sospechar (...) de que algún funcionario o funcionaria muestre “situaciones conductuales (...) que se vuelvan inusuales, que generen conflicto, influyan negativamente en el clima laboral”.
Por cierto, siempre y cuando aquellos comportamientos “se mantengan en el tiempo sin solucionarse, para su derivación a las instancias correspondientes”.
Protocolo de crisis
En ese marco, Informe Especial consultó a la CAPJ sobre el instructivo aludido. Desde la entidad comentaron que, una vez conocidos los hechos, se implementaron medidas para indagar las causas de lo ocurrido, como también entregar apoyo emocional a los funcionarios que estuvieron presentes durante el apuñalamiento.
En ese línea, según detalla el comunicado enviado a este medio, se aplicó un protocolo de crisis. La ministra María Angélica Repetto, titular de la Suprema, se reunió con la mandamás de la corte local y concurrieron al centro de salud donde se encuentra internado el administrador herido.
Atendido los hechos, enfatizaron que se revisará la política de salud mental del tribunal de alzada ariqueño.