El pasado 9 de enero de 2026, la Contraloría General de la República (CGR) volvió a rechazar el sumario administrativo —realizado por la Dirección Administrativa de la Presidencia— que indagó la muerte de Hugo Morales, el funcionario que falleció tras sufrir un paro cardiaco al interior de La Moneda, en septiembre de 2024.
En esta ocasión, el órgano fiscalizador señaló que las sanciones dictaminadas por la dirección administrativa del palacio de gobierno no contaban con "fundamento racional" ni estaban "plenamente ajustados a la normativa legal".
Por ese motivo, declinó dar luz verde al procedimiento y ordenó la reapertura del sumario para que la autoridad subsane las observaciones.
El caso volvió a la palestra este jueves luego que se conociera una carta de Mauricio Morales, hijo del otrora gásfiter de La Moneda, quien apuntó a Contraloría por la demora y por negarse a una reunión con su familia.
Historia repetida
No se trata de la primera vez que la Contraloría toma esa determinación, pues ya había ordenado exactamente lo mismo en abril de 2025.
El sumario presentado en aquella ocasión por La Moneda, a juicio de la CGR, contenía una "indagatoria incompleta" del caso y no profundizó en antecedentes relevantes.
Por ello determinó que el sumario en cuestión "no se ajustaba a derecho" y la Dirección Administrativa de la Presidencia debía volver a investigar las "eventuales responsabilidades administrativas".
Ese fallido primer sumario de la Presidencia fue ordenado precisamente por la Contraloría en noviembre de 2024, semanas después del deceso de Hugo Morales. Por eso que el Palacio, una vez finalizada la investigación administrativa, ha debido remitirlo al órgano fiscalizador para su debida aprobación.
En ese marco es que —tras examinar el contenido, las sanciones y los argumentos respectivos— han reprochado la calidad de las resoluciones de La Moneda.
Sanciones en pausa
El contenido del sumario desde el principio fue declarado secreto, tanto la primera parte como la segunda, por lo que siempre se ha manejado con absoluta reserva.
Sin embargo, de las resoluciones de Contraloría —tenidas a la vista por Informe Especial— se desprende que en principio el sumario no reprochó que el caso se haya reportado a la Inspección del Trabajo dos días después del fallecimiento de Hugo Morales, en contravención con la normativa. O bien, sin ir más lejos, tampoco apuntó a que la ambulancia del SAMU no pudo ingresar al estacionamiento subterráneo de La Moneda para socorrer al funcionario ni profundizó en las condiciones de desacanso del personal del Subdepartamento de Mantención Técnica.
En el segundo intento, objetado hace tres semanas por la CGR, La Moneda había determinado destituir a dos funcionarios, suspender a uno y multar a otros dos. Solo uno quedaba sobreseído.
Sin embargo, producto de los nuevos cuestionamientos al proceso, el sumario debe ser reabierto para subsanar los problemas. En simple, los castigos siguen en pausa.
Desprolijidades legales
En rigor, a la hora de reprochar los sumarios, Contraloría no cuestiona en sí mismas las sanciones que estableció el sumario, sino más bien apunta a que —en términos legales— la decisión no está debidamente justificada, pues para ello las resoluciones respectivas deben dejar en evidencia una "grave infracción al principio de probidad administrativa". En definitiva, que no se trata de una decisión "arbitraria" e "ilegítima".
Por ejemplo, respecto de los funcionarios que se pretende destituir, el órgano fiscalizador dice que "no se puede inferir un incumplimiento grave al principio de probidad administrativa por parte de ninguno de los inculpados", pues "no resultó posible atribuir las causas del accidente cardiorrespiratorio de Hugo Morales a incumplimientos administrativos".
En tanto, respecto al funcionario que se decretó sobreseimiento, la CGR cuestiona que en realidad correspondía decretar su absolución, pues ya se habían formulado cargos en su contra.
Marcelo Carrasco, abogado de la familia, apuntó por un lado a La Moneda y también a Contraloría por no actuar con la debida celeridad, puesto que estos procesos no suelen extenderse por tanto tiempo.
"Entiendo el dolor"
Como sea, en estricto rigor el sumario hoy se encuentra en poder de Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, que es a la que le compete darle curso al proceso y, una vez terminado, someterlo una vez más a la revisión de Contraloría.
Mauricio Morales, hijo de Hugo, en su carta acusó un silencio del Estado ante este caso, que hoy salieron a romper representantes del gobierno.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que "se han entregado todos los antecedentes para que finalmente este sumario esclarezca completamente los hechos. Entiendo el dolor que genera a los familiares", aseguró.
En ese sentido, mediante una declaración pública, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República dijo que "acató íntegramente las instrucciones impartidas por el órgano contralor: realizó diligencias de manera expedita, emitió de manera oportuna los actos administrativos solicitados y mantuvo comunicación constante con la familia de Don Hugo".
Con todo, el 18 de diciembre pasado la familia de Hugo Morales solicitó a la Contraloría una reunión mediante Ley del Lobby, pero no fue hasta este jueves —tras la publicación de la carta— que la petición fue atendida. Finalmente, serán recibidos por el contralor (s) el próximo miércoles 4 de febrero. Según comentaron conocedores del caso, previamente ya habían tenido una audiencia en junio del año pasado.