A más de un año y medio desde que alrededor de 245 soldados conscriptos de la "Brigada N°24 Huamachuco" marcharan desde Pacollo a Putre, este martes se dio inicio a la audiencia de formalización por las consecuencias que tuvo dicho ejercicio: el fallecimiento de Franco Vargas; la amputación de una mano y dedos del pie de Lucas Gamboa; numerosas cirugías en la pierna de Byron Alarcón, quien ingresó con un shock séptico al Hospital Militar; además de una serie de secuelas para el resto de los conscriptos.
Son cinco los imputados en la causa: el comandante Claudio Guajardo, el capitán Michael Fritz, los tenientes Bjorn Wohllk y Bastián Troncoso –el único que sigue siendo funcionario del Ejército– y el enfermero Manuel Zambrano. Los delitos que imputa la Fiscalía, según cada caso, son apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves.
Quienes conocen la causa señalan que una de las razones del retraso de la fecha de formalización fue por una serie de diligencias que solicitó el abogado defensor de Claudio Guajardo, Humberto Palamara. Esto a través de una querella en contra de distintas autoridades, que van desde el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, hasta los diputados Luis Malla y Cristián Araya.
Entre las acciones que se solicitaron estaba la toma de declaraciones y, el 16 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la del Comandante en Jefe del Ejército en la oficina del mando institucional. Declaración a la cual Informe Especial tuvo acceso exclusivo.
Vacunas y exámenes de hipobaria
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, partió la toma de declaración preguntando a Javier Iturriaga por el 1 de julio de 2024, cuando asistió a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, cuyo mandato textual era “reunir antecedentes sobre los actos del Gobierno referidos al cumplimiento de la normativa aplicable al Servicio Militar, especialmente en los hechos ocurridos durante los ejercicios militares realizados en la comuna de Putre”.
La pregunta era si recordaba lo que había dicho en esa ocasión referente a exámenes de hipobaria y vacunación para soldados conscriptos.
“Frente a interrogantes generales presentadas (...) señalé textualmente: ‘(...) la vacunación no era parte de esos protocolos, así como tampoco eran exigibles los exámenes de hipobaria para alturas para nuestros soldados, debido a que la experiencia indicaba que, en los últimos cuarenta años, no habíamos tenido ningún problema grave’”, recordó el general Iturriaga ante el fiscal.
No obstante, en la querella dirigida contra el general, se adjuntó el documento “Orden del Comando de Operaciones Terrestres (COT), para el proceso de Selección del Contingente para el año 2023”, la cual señala que el Cuartel General del COT tendrá entre sus tareas coordinarse con la División de Salud para "hacer presente los procedimientos (exámenes) a seguir con aquel contingente que estará expuesto a condiciones hiperbáricas" y que el Departamento de Logística “coordinará con la DIVSAL, la toma de exámenes al contingente que estará expuesto a condiciones hiperbáricas, a fin de no poner en riesgo la integridad de los SLCs”.
Cuando le preguntaron al general Iturriaga si tenía conocimiento respecto a estas disposiciones, dijo: “No, este aspecto que es muy técnico, propio de la sanidad militar, me fue dado a conocer con posterioridad a los hechos que se investigan”.
En tanto, el fiscal Carrera le preguntó por qué si la orden consideraba los exámenes, estos no se hicieron a los soldados conscriptos. Iturriaga respondió en los mismos términos que lo hizo ante el Congreso: “En forma resumida puedo indicar que estos exámenes no se realizaron antes de su despliegue porque dicha orden no lo consideraba de esa forma, antes del despliegue. (...) a la fecha no era una exigencia previa para el despliegue de los soldados a desempeñarse en unidades de altura, atendido a que la experiencia indicaba que no había habido ningún accidente grave por causa de hipobaria por más de 40 años”.
Luego agregó: “Ahora bien, pese a lo dispuesto por el COT, dicha orden se enfrentó a un problema financiero, (...) en atención a que la Ley de Presupuesto de los años 2023 y 2024, en la partida correspondiente al Ejército de Chile, no consideró un ítem presupuestario que permitiera financiar el examen de hipobaria (...) solo con la publicación de la Ley N* 21.722 -Ley de Presupuesto para año 2025- de fecha 13 de diciembre de 2024, consideró un ítem presupuestario dentro de la glosa correspondiente al Ejército que permitió financiar el examen de hipobaria a 1.000 SLCs”.
Sin protocolo
El persecutor preguntó por otro documento adicional:
—Fiscal Carrera (F.C.): ¿Sabía usted de la existencia del Protocolo de DIVSAL (...) de 17 de julio de 2023, y de que este protocolo establece que ningún soldado conscripto debe ser desplegado sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, sin ser calificado como apto?
—Comandante en Jefe (C.J.): A la fecha de los hechos, en realidad no, ya que se trata de un aspecto técnico que lo ve el Comandante de la División de Salud con el Comandante General de Personal, este tipo de documentos no tienen distribución al Comandante en Jefe del Ejército. Ahora bien, al día de hoy sí conozco tal documento (...) como lo señala su título, desarrolla tareas de identificación y tratamiento de patologías de altura, sin embargo, no establece que ningún soldado conscripto debe ser desplegado sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar sin ser calificado como apto.
—F.C: ¿Sabe usted si al soldado conscripto Franco Vargas Vargas se le aplicó dicho protocolo? y si se le aplicó, ¿si fue declarado apto?
—C.J: Hasta donde es mi conocimiento, no se le aplicó, sin embargo, insisto que se trataba de un protocolo de identificación y tratamiento del mal de altura, no disponía una evaluación previa al despliegue de los soldados.
Sobre el por qué no se realizó vacunación contra la influenza a los soldados conscriptos, Iturriaga señaló que se cumplió con el calendario del Ministerio de Salud.
La declaración continuó con la pregunta de si existía responsabilidad institucional en que los conscriptos no fueran examinados de hipobaria, a lo que el Comandante en Jefe respondió: “Las instituciones no tienen responsabilidad, esta corresponde a las personas que las componen (...) será esta investigación junto a los sumarios administrativos en curso los que determinen las eventuales responsabilidades personales correspondientes”.
—F.C: ¿Está dispuesto a asumir, públicamente, esa responsabilidad institucional?
—C.J: Como Comandante en Jefe del Ejército, ejerzo el mando superior de la institución, y por tanto soy responsable final de su conducción. Nunca he eludido mi responsabilidad como integrante del Ejército de Chile.
Arista diputados
Al margen, una de las imputaciones de la querella del comandante Claudio Guajardo y su abogado Humberto Palamara en contra del general Javier Iturriaga, dice: “Por invitar a los diputados Maya (sic) y Araya a disparar, con armamento de guerra y hurtando munición de guerra, para que se divirtieran, durante una visita que hicieron a Pacollo, en el ejercicio de su función fiscalizadora, el 31 de agosto de 2024, derivada de la muerte del conscripto Vargas”.
Se trata de los diputados Luis Malla (PL) y Cristián Araya (Partido Republicano). El tema también fue tratado en la declaración del Comandante en Jefe Javier Iturriaga:
—F.C: ¿Usted autorizó la enajenación de la munición de guerra de 5,56 mm que utilizaron los dos diputados cuando dispararon en el cuartel Pacollo, el 30 de agosto de 2024?
—C.J: Concurrieron el día 30 de agosto de 2024, a la Brigada N* 24 "Huamachuco" y al predio de Instrucción “Pacollo”, los diputados don Cristian Araya y don Luis Malla, presidente de la comisión, quienes efectuaron un recorrido por las instalaciones de la Brigada N* 24 “Huamachuco”, donde constataron, en particular, las condiciones de habitabilidad de los SLCs, la enfermería, los comedores, donde se procedió a almorzar con los soldados de la Brigada, exponiéndoles, además, el equipo y vestuario con que cuenta cada uno de ellos. Posteriormente, los diputados concurrieron a las instalaciones del Predio de Instrucción de Pacollo, donde se les explicó el tipo de instrucción que recibían los soldados en dicho cuartel, recorriéndolo, momento en el cual participaron de una demostración de las instrucciones de tiro que llevan a efecto los soldados, como, asimismo, de una recreación de la marcha que lamentablemente concluyó con el fallecimiento del soldado Vargas (Q.E.P.D.). Eso es lo ocurrido.
—F.C: Si usted no autorizó la enajenación de la munición de guerra de 5,56 mm. ¿quién autorizó la enajenación de esa munición de guerra?
—C.J: La participación de los diputados en la instrucción de tiro fue validada por este Comandante en Jefe en el contexto ya señalado.
Con todo, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Arica separar esta arista —que incluye a los doce querellados por Claudio Guajardo— en una causa distinta a la formalizada esta semana. El tribunal dejó la constancia de esa decisión el 12 de diciembre, por lo que la investigación de estos hechos seguirá su propio curso.
En tanto, tras la formalización de los imputados en la causa principal, este miércoles el juzgado resolvió dejar en prisión preventiva al comandante Claudio Guajardo, los tenientes Bjorn Wohllk y Bastián Troncoso, y al enfermero Manuel Zambrano.
Por su parte, el capitán Michael Fritz quedó con arresto domiciliario.