La Corte de Apelaciones de Temuco deberá nombrar a un ministro en visita para investigar las torturas que acusó Lucía Acevedo Carreño después del golpe de Estado de 1973 en el Estado Nacional, estando embarazada.
Dicha orden de la Suprema escaló hasta La Araucanía el pasado lunes 10 de noviembre luego que el tribunal internacional resolviera que Chile incumplió el deber de proporcionar "justicia efectiva" a la víctima de violaciones de DDHH y violencia sexual.
La decisión del máximo tribunal se produjo una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) enviara una comunicación oficial al actual presidente del tercer poder del Estado, Ricardo Blanco.
“En relación con la investigación penal de los hechos, la CIDH observó que pese a haber tomado conocimiento de los actos de violencia sexual sufridos por la víctima ‘no fue informada por el Estado chileno de que las autoridades competentes hayan iniciado y conducido una investigación seria, diligente y eficaz dirigida investigar estos actos y, en su caso, sancionar a los responsables. Por tanto, concluyó que el Estado incumplió su obligación internacional de investigar y sancionar la violencia sexual y la tortura sufridas por la víctima’”, expuso la secretaría de Estado en un oficio enviado a la Suprema.
Al margen de la Comisión Valech
De acuerdo con el fallo de la CIDH, notificado a principios de año al Estado de Chile, la víctima no fue incluida en la Comisión Valech II (2010-2011) por responsabilidad de Fernando Alvarado Soto, entonces jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de Puerto Montt, Región de Los Lagos.
Ello habría derivado en que no pudo ejercer su derecho a presentar una querella criminal para que se indagaran los hechos.
Según indica el dictamen de la CIDH, Chile se opuso a la demanda de la víctima durante el primer gobierno del ahora fallecido Presidente Sebastián Piñera.
Torturas post embarazo
La resolución del tribunal internacional detalló, en su oportunidad, que la justicia de nuestro país consideró la petición inadmisible, “por cuanto del escrito (de la víctima) no se desprende o expone hecho alguno que constituya una vulneración de los derechos establecidos en la Convención Americana y que la señora Acevedo no señala los derechos vulnerados”.
De acuerdo con la versión de la mujer, estuvo recluida durante cuatro meses en el recinto deportivo que sirvió como centro de tortura durante los inicios de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
En su exposición relató que tuvo a sus bebés estando en cautiverio y que, una vez nacidos, continuaron las torturas. Adicionalmente, aseguró que los militares le apretaban los senos y la leche materna era arrojada a los bebés bajo amenaza de asesinarlos si no confesaba su participación en grupos guerrilleros.