Una querella criminal por cinco posibles delitos interpuso el abogado Gabriel Salinas, luego que la Contraloría revelara que 315 personas con antecedentes penales continuaban trabajando en el Estado, donde miembros de las FFAA y Carabineros lideran la estadística.
De acuerdo con la acción penal, podrían existir conductas como nombramiento ilegal, quebrantamiento de condena, perjurio y falsificación de instrumento público, fraude al fisco e ilícitos militares contra los deberes y el honor militar.
La acción judicial ya fue admitida a tramitación por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y será enviada a la Fiscalía Centro Norte.
Salinas justificó su presentación porque los delitos mencionados atentan contra el principio de probidad, “al permitir que individuos condenados por sentencia firme —incluyendo penas aflictivas— ejerzan potestades públicas, porten armas o administren recursos fiscales”.
Carabineros y Ejército
El escrito es resultado de una revisión que emanó del organismo fiscalizador el pasado 17 de noviembre, tal como reveló Informe Especial.
En él se daba cuenta que 315 personas, que trajaban en la administración pública, mantienen anotaciones por ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La revisión alcanzó como fecha límite a junio pasado y suman 317 registros, porque existen dos personas que mantienen más de una condena.
Ahora bien, la lista estableció que 84 casos están radicados en Carabineros de Chile y 22 en el Ejército. El resto se divide en proporciones menores entre la Armada, Fuerza Aérea y municipalidades de distintas regiones del país.
Hojas de vida
En términos porcentuales, el organismo dirigido por Dorothy Pérez sostiene que 73 de los casos (23%) se enmarcan dentro de condenas de crimen, mientras que 244 (77%) se trata de simples delitos que no contemplan una “pena aflictiva”.
Según el propio informe de Contraloría, a partir de los hallazgos ordenó a las instituciones que realicen investigaciones para establecer posibles responsabilidades internas, ya que los antecedentes en cuestión no habrían sido informados al “jefe del servicio”, como tampoco a la CGR.
Las indagatorias -detalla el reporte- también deberán incluir un análisis, respecto a si las condenas impuestas incidieron en la ponderación y calificación “de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria”.
Suspendidos con sueldo
Tras la aparición del informe de la Contraloría, Carabineros respondió apuntando a que la auditoría contenía errores en la cantidad: en vez de 84 -aseguran- serían 74 funcionarios de la institución verde oliva.
En el comunicado, insistieron que los aludidos “ya no pertenecen a Carabineros de Chile, por encontrarse en situación de retiro absoluto, haber sido desvinculadas de la institución o mantener en trámite su proceso de retiro y/o suspendido del empleo, a contar del año 2019 en adelante”.
Sin embargo, fuentes -que conocen el fondo de la auditoría- explicaron a Informe Especial que los casos invocados son reales, en la medida en que estos no hayan sido enviados vía el sistema interno a la CGR para actualizar la hoja de vida.
Al mismo tiempo, se indicó que en la policía uniformada existen funcionarios que aún cuando se encuentren suspendidos, continúan recibiendo el sueldo.