La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, interpuso un recurso de ilegalidad en contra de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), luego que fuera incluida en la nómina como un “Operador de Importancia Vital” (OIV), lo que implicaría un gasto multimillonario a la casa de estudios en implementación de medidas antihackeo.
De acuerdo con la presentación, a la que accedió Informe Especial, Devés asegura que la decisión adoptada por la ANCI el pasado 16 de diciembre carece de “racionalidad”, ya que la entidad educacional debería aplicar “la contratación adicional de funcionarios, adquisición en infraestructura, software, certificaciones obligatorias, consultorías y asesores externos, los que, en principio, ascenderían a $3.732.615.688 anuales, (lo que) no se condice con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad en el uso de recursos públicos”.
Por esta razón —según detalla la presentación—, las únicas funciones críticas relativas a la seguridad de la información deberían recaer en “los ámbitos clínico-asistenciales (...) y a la función de resolución de nombres de dominio .CL (...) excluyendo el resto (...) que no alcanza el umbral de impacto requerido”.
"Discriminación"
El libelo, al mismo tiempo, no solo acusa arbitrariedad en la decisión de la ANCI, sino también discriminación, ya que el organismo no rotuló como OIV a 16 casas de estudio a lo largo del país, como las universidades de Santiago, Valparaíso, Bío-Bío, UTEM, Talca, O’Higgins, Playa Ancha, entre otras.
“Así, la imposición de una carga anual de la entidad indicada no solo afecta el patrimonio en términos numéricos, sino que incide directamente en la capacidad real de administrar y priorizar recursos conforme a los fines esenciales que el ordenamiento impone a esta casa de estudios”, remarcan.
De acuerdo con la nueva Ley de Ciberseguridad, existen los llamados “Prestadores de Servicios Esenciales (PSE)”. Se trata de empresas catalogadas como críticas para el funcionamiento de la nación; por ejemplo, se incluyen áreas como salud, telecomunicaciones, servicios digitales, transportes, entre otras.
Los OIV, en tanto, tienen una calificación aún más alta, ya que apuntan a servicios que incluyen infraestructura crítica, que —de fallar— afectarían directamente la seguridad nacional y, por extensión, la salud pública y la economía del país.
Tormenta de reclamos
La reciente nómina preparada por la ANCI, publicada a mediados de diciembre de 2025, derivó en que las últimas dos semanas ingresaran —hasta el cierre de esta edición— al menos siete recursos ante la Corte de Santiago, fundamentalmente por empresas privadas que proveen servicios digitales.
Básicamente, argumentan que la decisión no solo es arbitraria, sino que además la ANCI tampoco aplicó el principio de racionalidad, atendiendo al tamaño y espaldas financieras de cada una de las compañías reclamantes. En otras palabras, aseguran que podrían caer en insolvencia.
En el marco de la normativa, los Operadores de Importancia Vital arriesgan multimillonarias multas. Si incumplen las medidas de protección la multa puede llegar a los $2.180 millones, y de reincidir en la conducta, supera los $4.185 millones, tomando como base de referencia la Unidad Tributaria Mensual (UTM).
"No es una sanción"
A raíz del asunto, consultados por Informe Especial, la ANCI afirmó que "ser designado como Operador de Importancia Vital (OIV) es un reconocimiento al rol esencial que cumplen ciertas instituciones para el funcionamiento del país. No es una sanción, sino una señal de confianza y una oportunidad para liderar en seguridad digital, fortalecer la resiliencia y asegurar la continuidad de servicios que impactan directamente en la ciudadanía".
Asimismo, enfatizaron que "el proceso de identificación se realizó conforme a la Ley Marco de Ciberseguridad" y que "en este proceso fueron definidos 915 OIV de sectores estratégicos, lo que representa solo el 1,49% del total de entidades analizadas".
En ese entendido, para la agencia "los recursos de ilegalidad presentados por 8 instituciones —menos del 1% del total— corresponden a casos aislados y no alteran el consenso general sobre el valor, la legitimidad y la importancia de esta designación".
Por todas esas razones, señalaron que "ser OIV es asumir un rol de liderazgo y compromiso con la seguridad digital del país, en beneficio de todas las personas".