"El hospital tiene muchos objetores, o sea, nos costó mucho encontrar un día para hacer el procedimiento. Nos costó hasta encontrar algún anestesista que no fuera objetor'' .
“Yo fui al Hospital y me tenían que llamar al otro día y han pasado varios días y nunca me llamaron. (...) Todos estos días estoy ansiosa esperando que me llamen, no puedo salir a la calle, no he parado de vomitar, todo lo que como lo vomito… no puedo ir a la universidad, esto me tiene muy mal, aparate de mi mente es mi cuerpo que no me responde”.
Muchas mujeres recurren a la agrupación Observadoras Ley de Aborto Chile (OLA) pidiendo acompañamiento en un complejo momento de su vida. Son de distintas partes de Chile y estos testimonios, recogidos por OLA, dan cuenta de que ninguna recibió la atención establecida por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
"Al ver la ecografía lloré… no pude hablar, la matrona me preguntó si tenía apoyo, le dije que no porque había sido una situación que no pude controlar ni consentí con el papá de mis hijos, el cual está demandado por VIF (violencia intrafamiliar) desde el mes de abril. Eran situaciones de violencia que ocurrían recurrentemente sin mi consentimiento… ella (la matrona) jamás me puso al tanto que existía una opción. Ningún tipo de información, solo me envió a control en el consultorio e indicó: 7 semanas de embarazo”.
"Luego de esperar 3 horas en el hospital me dijeron que tenía que hacer la denuncia en la PDI o en Carabineros para que pueda ser atendida, yo no tengo fuerzas para hacer eso".
Esta falta de información y trato digno que relatan son parte de las obstrucciones que diversos organismos han identificado para acceder a la Ley IVE, a ocho años de su entrada en vigencia.
Las barreras detectadas por el último estudio de OLA son diversas y van desde no lograr tener contacto con el equipo IVE hasta la entrega de información falsa o errónea, o la presencia de altos porcentajes de objetores de conciencia que pueden retrasar la atención de una paciente.
La médica e investigadora de la Universidad de Chile y representante de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, Adela Montero, realizó entre 2021 y 2023 —junto a otras académicas— un estudio que identificó varios obstáculos para el acceso de la Ley IVE. "Había barreras de información, habían barreras con los recursos humanos, barreras de infraestructura, barreras organizacionales, aparecía la objeción de conciencia y también aparecía, por ejemplo, la falta de fiscalización de la implementación de la ley".
La investigadora en bioética de la Universidad del Desarrollo (UDD), Sofía Salas, identificó que también existen otro tipo de obstáculos que afecta el acceso de la ley IVE. Se trata de "barreras técnicas en el sentido de que no en todos los servicios de ginecología a lo largo de todo el país existen las capacidades técnicas de los equipos y también humanas para poder hacer diagnóstico que muchas veces requieren exámenes complementarios; por ejemplo, resonancia nuclear magnética en el feto o estudios genéticos. Entonces, ahí significa que la gestante que podría caer en causal 2 debe ser derivada".
Salimos a constatar si siguen ocurriendo estas dificultades o ahora se cumple adecuadamente la ley. Un equipo de Informe Especial realizó un ejercicio periodístico y visitó tres hospitales de la Región Metropolitana al azar. Los resultados alertan:
Hospital 1: Llegamos a la oficina de información de ginecología y nos respondieron así:
Dijeron desconocer la norma y luego de consultarse entre las funcionarias presentes, nos imprimieron la ley publicada en la página de la Biblioteca del Congreso para que la supuesta paciente la leyera. Además, le indicaron que, para la tercera causal de violación, la víctima debía asistir al hospital con la denuncia hecha; obligación que es totalmente falsa según la normativa.
Milena Meza, representante de OLA, afirmó que —según sus últimos registros— en 2024 hubo 105 adolescentes y mujeres que la agrupación acompañó y a las que se les denegó el acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de que cumplían con los criterios de las tres causales: inviabilidad del feto, riesgo vital de la madre y violación.
El siguiente gráfico muestra las razones mencionadas por ellas para no poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso sí, es importante aclarar que cada persona nombró más de una:
"Me dijeron que no coincidían las fechas, yo solo di un estimado y me dijeron que no. La doctora me hizo sentir como mentirosa. Estoy peor de como estaba. La doctora me dijo: "Y tú, no sabías que había pastillas del día después". Me hizo sentir terrible... al lado estaba la psicóloga".
—Hay también estas experiencias muy horrendas y tortuosas que tienen que ver cuando no se cree en el relato de la mujer, específicamente en la causal número 3. Cuando se dice que no coinciden los límites gestacionales. Una mujer que vive violencia sexual puede tener un daño de trauma postraumático en donde no pueda recordar, no puede especificar con detalle cuándo ocurrió la agresión sexual. Para nosotras ese tipo de profesionales son obstructores de derechos —advierte Milenza Meza.
Otra de las dificultades con las que se encuentran las pacientes es la falta de información. Continuamos el ejercicio periodístico en el Hospital 2:
Fuimos a ginecología y, al preguntar por la Ley IVE, nos entregaron un folleto de la norma y nos derivaron a urgencia. Allí lograron confirmar con una llamada que no es necesario presentar una denuncia para la tercera causal.
Constatamos que al menos en estos dos primeros hospitales no se cumple lo establecido en el artículo 2 del reglamento de la ley IVE: “Todos los establecimientos de salud, públicos o privados, que ofrezcan servicios de atención ginecológica y obstétrica, deberán exhibir en un lugar público y visible los derechos consagrados en la ley Nº 21.030”.
atención retrasada
De acuerdo con testimonios recogidos por OLA, en ocasiones las mujeres reciben comentarios u opiniones valóricas de parte del personal de salud que terminan siendo dañinas para ellas, sintiendo que el solicitar el acceso a la Ley IVE es algo cuestionable moralmente.
Esto, advierten, también puede ser interpretado como una férrea obstrucción que opera desde una especie de ataque emocional.
“La psicóloga de la dupla IVE del hospital me dijo que lo pensara un poco más, porque era una vida. Me sentí humillada y juzgada, no pude preguntar sobre la ley. Salí llorando''.
'Me sentí juzgada, salí llorando, después de contarle todo a la psicóloga ella me dice que lo piense mejor, que una guagua puede ser un regalo”.
—Es una falta de atención, es una falta grave a la ética también. Y de alguna manera es un mal uso de un derecho a la libertad de conciencia que tiene que ser bien realizado. Bien realizado es un acto moralmente válido. Mal hecho, con el fin de obstruir o convencer a alguien o cambiarle una decisión autónoma a una persona, y más aún si eso retrasa una prestación a la que tiene derecho, es una falta ética grave —dice la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada.
—Yo creo que siempre falta mejor educación respecto de qué significa realmente ser objetor de conciencia y cuáles son los compromisos que debe asumir si quiere ser objetor. Aunque a mí no me guste el aborto, yo tengo que tener una mirada de benevolencia hacia esa mujer. Y por lo tanto yo no la puedo retar, no la puedo insultar, no le puedo disminuir la sensación interna que tiene. Tengo que empatizar, cuidar, acompañar a esa paciente y derivarla de la manera más delicada posible para que su atención pueda seguir siendo óptima— agrega la académica de la UDD Sofía Salas.
Barreras a niñas y adolescentes
El 4 de abril pasado, la Defensoría de la Niñez presentó un estudio donde se identificaron diversas barreras para acceder a la ley, entre niñas y adolescentes, y en especial en la causal de violación.
El organismo también detectó el desconocimiento de la ley y la falta de difusión de esta en los servicios de salud, igual como se da para las pacientes adultas. Hay “prácticas obstructivas de agentes en la aplicación del procedimiento (...) y se vinculan a resistencias personales o desacuerdos éticos. Incluyen, la omisión de información, no activar protocolos, demorar la detección, entre otras”, sostiene el reporte.
Se suma a la lista el “déficit de cobertura adecuada por objeción de conciencia”, así como la victimización secundaria en casos de violación; por ejemplo, cuando se vulnera la privacidad exponiendo información sensible, o cuando se pide el relato de los hechos reiteradas veces.
Objetores de conciencia a la baja
Según un reciente estudio de Corporación Humanas, basado en los datos del Minsal, los médicos objetores de conciencia han disminuido casi un punto porcentual en casos de violación respecto de la misma medición del año pasado; aunque permanencen sobre el 40%. Incluso aún se registra un hospital con el 100% de los médicos adheridos a la objeción de conciencia en la causal de violación. El 2025, dichos centros de salud sumaban tres. En todo caso, la ley IVE, exige que exista al menos, un equipo multidisciplinario por turno en cada recinto hospitalario.
La objeción de conciencia es un derecho establecido en la ley y se debe respetar, pero la pregunta es: Considerando los porcentajes tan altos de objetores, ¿Hay equipos suficientes para atender los casos?
—Yo diría que hay equipo suficiente. Pero tienen que tener personal para acoger a esta solicitud. Entonces, si hay un médico objetor, el protocolo del hospital dice, y el nuevo reglamento, que tiene que estar disponible a la brevedad otro que pueda resolver el problema. Y eso no hay para qué ir a buscarlo debajo de las piedras, digamos, porque tenemos ginecólogos y ginecólogas suficientes. Lo que aquí hay que hacer es gestión dentro del hospital, que el hospital se haga responsable —señala la presidenta del Colegio Médico.
En la misma línea, la docente investigadora en bioética de la Universidad del Desarrollo, Sofía Salas, advierte que "la legítima objeción de conciencia exige que el objetor informe con veracidad. Que derive para que esa persona pueda tener la atención oportuna que merece y que no oculte información esperando que se venzan los plazos. Es inaceptable desde el punto de vista ético porque el objetor de conciencia tiene derecho a serlo, pero no puede ocultar, engañar ni tramitar para evitar que la mujer se haga un aborto que es considerado legal".
Salas hace hincapie en que la responsabilidad de que en todos los turnos haya un equipo para atender alguna de las tres causales es del jefe de servicio del centro médico. Plantea que, por ejemplo, en el caso de una mujer violada que quiera acogerse a la ley y asiste a un hospital donde el 100% de los médicos son objetores, se podría pedir "al equipo de la comuna vecina que vaya a atender a esa mujer y no hacer que esa mujer se traslade a otro lugar".
La experta también indica que, en los casos de embarazos menores; es decir, de 12 o 14 semanas, se requiere de administración de medicamentos más que una intervención quirúrgica, "por lo tanto, perfectamente —sin mayores cambios mediante reglamento— se podría facultar a las matronas para que una vez certificado el diagnóstico, sean ellas las que administren el misoprostol requerido".
Por su parte, la investigadora de la U. de Chile Adela Montero indica que la objeción de conciencia es una de las barreras que tiene más peso a la hora de acceder a la ley. Y recalca: "La persona objetora tiene todo el derecho de declararse objetora en conciencia, pero a mi juicio no tiene derecho a intentar que la usuaria cambie de decisión, no tiene derecho a entregar información errónea, no tiene derecho a negarle la atención, porque la objeción de conciencia es hacia la acción, hacia una acción directa y específica".
En mayo del año pasado, se hicieron una serie de modificaciones al reglamento de objeción de conciencia, entre ellas la de favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución global de los turnos o que los funcionarios deberán comunicar a la mujer en su primera consulta que son objetores. Además, se especifica que la objeción de conciencia "no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, reasignación, derivación, así como tampoco respecto de los demás actos de preparación o cuidadores posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo".
Sin embargo, a casi un año de la actualización, la coordinadora de estudios y litigio estratégico de Corporación Humanas, Jennifer Alfaro, advierte que el reglamento no es claro “en decir cuánto es el porcentaje de objetores que se permite y además contratar específicamente a personal no objetor”.
Milena Meza, miembro de la agrupación Observadoras Ley de Aborto Chile (OLA), cree que pese a los problemas detectados, sí hay mejoras desde 2018. “Los equipos avanzaron, hay profesionales que se han ido capacitando, eso lo vemos, (...) se han ido extinguiendo de las malas prácticas obstétricas, el uso de la mifepistona, el uso del misotrol, del ameo, de trabajar con la altura de la tecnología que nosotras tenemos acceso, de ser un país que logra traer la ciencia a las mujeres y niñas. Y en ese sentido los equipos profesionales creo que sí tienen alta voluntad, especialmente las duplas psicosociales que trabajan en los hospitales”.
Sofía Salas, investigadora de la UDD suma antecedentes: "Cuando uno ve los datos iniciales que habían de objeción de conciencia, por ejemplo, al comienzo de la ley IVE, claramente ahora hay menos objetores de conciencia. (...) Pero en general, los médicos mayores, que solían ser en el mundo de la obstetricia todos varones, tienen una percepción más negativa respecto del tema del aborto que las generaciones más jóvenes, especialmente cuando se han incorporado al ejercicio de la ginecología y obstetricia un número importante de mujeres".
Seguimos con nuestro ejercicio periodístico en el Hospital 3, donde sí nos explican la ley y nos atienden correctamente:
Objetores en hospitales públicos
El estudio de Corporación Humanas revisó los porcentajes de objetores en hospitales a través de datos entregados mediante ley de transparencia. Más allá del equipo multidisciplinario IVE que debe existir por ley, el resultado fue claro: 34 establecimientos públicos que realizan interrupciones al embarazo en las tres causales presentan un 40% o más de médicos obstetras objetores.
El informe también destaca a cuatro establecimientos en el país que no registran a ningún médico obstetra objetor de conciencia. Se trata del Hospital Provincial de Huasco, Hospital de San Carlos, Hospital de Lota y el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales.