La tarde del viernes 30 de mayo, dos hombres y una mujer llegaron en un vehículo gris al Colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de la Paz. Los hombres —que llevaban sus rostros cubiertos— se bajaron e ingresaron al establecimiento por la puerta principal, subieron al segundo piso y dispararon contra un estudiante de 18 años.
Segundos después, niñas, niños y jóvenes de todo el recinto se tiraron al piso boca abajo para protegerse de los balazos que escuchaban; y los profesores nerviosos intentaron calmarlos. Pero el ataque no culminó ahí. Saliendo del colegio los sujetos hirieron a otros dos estudiantes que son hermanos.
Los hechos, ocurridos en la Región del Biobío, conmocionaron a todo el país por la agresión extrema en el que se vio envuelta dicha comunidad educativa. Sin embargo, la violencia en los colegios -en distintos grados- ya no es algo aislado. Solo cinco días después un alumno ingresó a su liceo en Curicó un arma cortante y una pistola. El joven fue detenido por Carabineros, pero el arma de fuego quedó en manos de una de sus compañeras, quien posteriormente amenazó a un profesor para que le subiera las notas.
Según cifras de la Superintendencia de Educación (Supereduc), revisadas por Informe Especial, las denuncias por convivencia han aumentado constantemente desde que se tiene registro en 2014. Sólo el primer trimestre de 2025 se han contabilizado más de 1.500.
Las denuncias
De acuerdo con los registros públicos de la Supereduc, entre enero y marzo de 2025 se registraron 1.518 denuncias por convivencia, de las cuales el 51% corresponde a eventos de maltrato hacia estudiantes. Más preocupante aún, de ese 51% la mitad se trata de agresiones entre alumnos.
Si se compara con el mismo periodo de 2024, las denuncias por convivencia han aumentado en un 25%. Específicamente, los casos de violencia entre estudiantes pasaron de 385 el año pasado a 443.
Pero el alza no es algo nuevo, las denuncias por convivencia vienen incrementándose hace años. De hecho, en 2024 se registró un 16% más de este tipo de agresiones que en 2022, cuando ya la cifra aumentó considerablemente respecto de los años prepandemia.
Desde la Defensoría de la Niñez sostienen que "si bien este aumento podía atribuirse a un incremento en problemas de salud mental (explicable a raíz de la pandemia), ahora aparece otro componente relacionado: la soledad, la falta de tejido social y la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes en los entornos que se desarrollan (el hogar, la escuela, la comunidad)".
"Esto no sería un fenómeno nuevo, ya que la existencia de hechos de violencia en las escuelas o cercanos al entono educativo es parte de las preocupaciones no sólo en Chile, sino que es un desafío que se ha expresado a nivel global por la comunidad internacional", agregan.
¿Detectores de metales?
Ante los hechos, hay quienes apuestan a que una de las soluciones sea la instalación de detectores de metales en los colegios; para lo cual habría que cambiar la legislación. En efecto, en marzo el Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Temucó instaló detectores de metales y de reconocimiento facial con el objetivo de evitar situaciones de violencia. Sin embargo, la Subsecretaría de Educación multó a la Municipalidad de Temuco por la acción, debido a que la normativa no lo permite.
El Ministro de Educación, Nico´lás Cataldo, dijo hace algunos días en TVN no estar "cerrado" a debatir la posibilidad de instalar pórticos que detecten metales, pero enfatizó que los problemas de violencia se deben enfrentar de manera integral.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló a Informe Especial que "en general, la instalación de detectores de metales en las escuelas no obedece a una medida que reconozca la importancia de un abordaje integral del problema y, a la vez va en el sentido contrario de lo que se espera que suceda en los establecimientos educativos, pudiendo dar paso a la vulneración de otros derechos. Si el Estado quiere implementar esta medida, debe verificar que se cumplan cada uno de los requisitos antes mencionados y no sólo eso: debe generar protocolos de actuación claros, establecer la forma en que se garantizarán los derechos de todos los estudiantes y contar con un mecanismo independiente que evalúe la eficacia de la medida y que muestre datos sobre los niveles de disminución de actos de violencia".
Con todo, la conversación ya está instalada en la Cámara de Diputados. El lunes pasado, en la Comisión de Seguridad expuso el Alcalde de Temuco Roberto Neira. Asimismo, el 16 de junio la Comisión de Desarrollo Social tratará el tema.