La Fundación Integra tiene actualmente 11 jardínes infantiles —de los más de 1.200— que cuentan con algún tipo de blindaje para enfrentar eventuales disparos.
De acuerdo con información solicitada por Informe Especial vía ley de transparencia, casi un tercio de estos establecimientos están ubicados en la Región Metropolitana, específicamente en San Joaquín, La Granja y Recoleta.
Al mismo tiempo, en regiones también figuran jardínes infantiles en Alto Hospicio, Iquique, Coquimbo, La Serena y San Fernando.
En total, a estos recintos asisten más de mil niños y niñas, según la matrícula oficial registrada a julio de este año.
Violencia al alza
Dicho auge responde a que en los últimos años se han registrado varios episodios con armas de fuego en las cercanías de hospitales, colegios y hasta jardines infantiles.
Por esa razón, no resulta sorpresivo que actualmente se estén blindando estos establecimientos.
La Junta Nacional de Jardínes Infantiles (Junji), por su parte, no entregó el detalle respecto de sus recintos, pues "no cuentan con un registro oficial de jardines infantiles o salas cuna que cuenten con infraestructura blindada, dado que dicha condición no forma parte de los requisitos normativos para su funcionamiento o reconocimiento oficial", según señalaron en su respuesta vía transparencia.
No obstante, explicaron que en los últimos años han trabajado en el desarrollo de un anteproyecto de blindaje para jardines infantiles con mayor riesgo de balaceras, en colaboración con el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile. Sin embargo, "la implementación de dicha solución ha resultado inviable desde el punto de vista económico, debido a los altos costos de inversión que implica su ejecución", remarcaron.
Por otra parte, en enero de este año ingresó a la Cámara de Diputados un proyeto para modificar la Ley N°17.798 sobre control de armas, con el objetivo de aumentar las penas establecidas para el delito de disparo injustificado, específicamente en lugares como “salas cunas, jardines infantiles, establecimientos educacionales, establecimientos de salud, sedes sociales, vecinales o deportivas". Incluso se considera que “si la conducta se realizare próxima o alrededor de infantes, adolescentes o adultos mayores, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo", o sea, cárcel.
Eso sí, a la fecha el proyecto está recién en su primer trámite constitucional; es decir, aún requiere dar muchos pasos legislativos para poder convertirse en ley.
Tipos de blindajes
Los datos proporcionados por Fundación Integra revelan distintos tipos de blindajes en los locales educacionales, desde placas de acero en el cielo hasta ventanas protegidas con acrílico de 9 milímetros.
Alicia Varela, directora nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez de Fundación Integra, explicó a IE que cuentan con programas "como el PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar), infraestructura y equipos capacitados para ofrecer espacios educativos seguros, acogedores y de calidad".
En este marco, remarcó que han "implementado diversas medidas de prevención y resguardo, que incluyen mejoras en cierres perimetrales, control de accesos, planes de emergencia y simulacros periódicos, siempre en coordinación con las comunidades educativas y autoridades locales".
En ese contexto, enfatizó que el compromiso de la institución es "ofrecer espacios educativos donde cada niño y niña pueda crecer y aprender con confianza, acompañados de equipos profesionales que los cuidan con amor y dedicación".
Jardines abandonados
Al margen, no se trata del único problema que enfrentan hoy por hoy este tipo de recintos. Por ejemplo, según detectó Contraloría el año pasado luego de una auditoria a la Junji de la Región Metropolitana, varios establecimientos se encontraban 100% edificados, pero aún no estaban entregados para su funcionamiento.
Según denunció a inicios de 2025 la Asociación de Funcionarios Junji (Ajunji), habrían un total de 69 jardines infantiles abandonados en todo Chile, ya sea por reconversión, por construcción total o por intervenciones menores.
En tanto, también han protagonizado otros problemas relacionados a sus equipos de trabajo. De acuerdo con la investigación de Informe Especial sobre el megafraude de licencias médicas, Fundación Integra y Junji son precisamente las instituciones que más permisos de reposo ideológicamente falsos recibieron de parte de los facultativos indagados en la trama.
En efecto, la red de médicos colombianos —enjuiciada por vender miles de licencias ideológicamente falsas entre 2020 y 2022— sacudió de forma transversal al mundo de la salud y educación. Sin embargo, las cifras de ambas entidades fueron por lejos las más llamativas: Integra encabezó el ranking de las instituciones públicas con 2.377 licencias, seguida de cerca por Junji, con otras 1.820 licencias.
Mientras tanto, en el tercer lugar, mucho más atrás —con 564 licencias— le siguió la Subsecretaría de Salud Pública.