En junio de 2024, una intervención de gendarmería en la Cárcel de Puerto Montt dejó la postal de una mesa con billetes de distinto valor, que en total sumaban $900 mil. Dos meses después, seis de los imputados por el millonario robo a la empresa Brinks fueron sorprendidos con cerca de un millón de pesos en el Complejo Penitenciario de Rancagua. ¿Cómo pudo ingresar ese dinero? ¿Cuánto más estará a disposición de los privados de libertad? Y sobre todo ¿Para qué querría un preso tener esos montos dentro de la cárcel?
Para intentar responder a algunas de estas preguntas, IE solicitó por Ley de Transparencia la cantidad de incautaciones de dinero que Gendarmería ha realizado en los últimos cinco años. Los datos muestran que, si en 2020 hubo tan sólo 21 decomisos de dinero al interior de los penales chilenos, esa cifra ha crecido sostenidamente hasta quintuplicarse en 2024, con 101 decomisos.
A estas acciones además se suman sólo cuatro incautaciones a visitas en los últimos años: dos en Santiago Sur, una en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y otra en el Penal de Punta Peuco.
“¿Qué es lo que nosotros buscamos en estos procedimientos? Primero, quitar del poder de los internos todo aquello que les dé poder al interior de la unidad penal. Armas, teléfonos, droga -que ha subido bastante- y también dinero ha aumentado”, asegura el coronel Mario Cid, jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria de Gendarmería.
El coronel además explica que, a la hora de hablar de incautaciones de dinero, hay dos tipos de procedimientos.
El primero consiste en la incautación de dinero cuyo origen podría ser ilícito. Solicitamos por Transparencia el monto de plata incautado en cada penal por procedimientos de este tipo. El total anual fue de $8.821.220, según el siguiente detalle:
A esa cifra hay que sumarle la que se da por otro tipo de incautaciones, las que se producen cuando un interno es sorprendido con más dinero del permitido. La norma establece que cada preso puede portar hasta dos Unidades Tributarias Mensuales (UTM) dentro de la cárcel. Es decir, unos $137 mil. Todo dinero que exceda esa cifra debe ser incautado y es el interno quien debe justificar por qué tenía más plata más de la permitida.
Si se multiplican los cerca de $137 mil por la cantidad de personas privadas de libertad actualmente, es posible estimar que el máximo dinero permitido para circular de forma lícita dentro de una cárcel superaría los $8.300 millones.
Pero “no es tan así, porque no todos los internos son visitados. Gran parte de los internos no tiene recursos económicos”, explica el coronel Cid.
En efecto, el dinero incautado por encontrarse sobre lo permitido llegó a $14.674.500 el 2024.
Según el coronel Cid, hay distintas explicaciones para este monto: “Puede ser en el caso de incautaciones de internos que lleguen por primera vez a una unidad penal y que ya andaban portando por sobre el monto autorizado. Lo segundo es que este interno que ha recibido dinero en reiteradas oportunidades por parte de su visita lo va guardando y no lo va gastando. El interno que es un trabajador de un CEP o un artesano que fue juntando dinero y que él prefiere mantenerlo a escondida y tampoco da cuenta de eso. Entonces, son todas esas incautaciones las que van sumando y que llegaron a esos $14 millones”.
Lo concreto es que, sumando todo el dinero incautado en recintos penitenciarios en 2024, llegaron al total de $23.495.720.
“Ya el hecho que incautemos 20 millones de pesos quiere decir que estamos teniendo dinero que se está moviendo y hay quizá cuánto más que no hemos incautado. Como pasa en general —ya sea con dinero incautado, con drogas o armas— hay una cifra negra que no conocemos”, advierte Pilar Lizana, especialista en seguridad y crimen organizado de Volpe Consulting.
“Esa cifra es absolutamente irrisoria y por supuesto muy baja a lo que hoy conocemos que se domina al interior de las cárceles”, asegura Catalina Medina, abogada de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confrapeco).
¿Para qué se permite el dinero?
El fiscal regional occidente, Marcos Pastén, tiene actualmente a su cargo la investigación de focos criminales en recintos penitenciarios. Al ser consultado sobre el tema, se pregunta sobre el propósito de permitir dinero en las cárceles chilenas.
“Si no hay economías lícitas o economías permitidas por ser una cárcel concesionada o cárceles que por su infraestructura no tienen economato o actividad lícita ¿Cuál es la razón de ser de que las personas puedan manejar dinero? ¿Para qué? ¿Para qué podrían estar necesitando el dinero? Uno podría suponer que para comprar cosas. Bueno ¿Qué tipo de cosas son entonces las que se están comercializando en el interior de las cárceles que requieren los internos?”, cuestiona Pastén.
Por su parte, el coronel Mario Cid dice que como Gendarmería sólo cubren las necesidades básicas: “Nosotros como administración penitenciaria y el Estado de Chile le proporciona al interno lo básico para su sobrevivencia. Hotelería, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con el tema de la celda, cama y otros y en la alimentación las tres (comidas) básicas, pero hay cosas que el Estado hoy día no le entrega al interno; como por ejemplo, los útiles de aseo”.
La punta del iceberg
La Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes realiza día a día visitas a los internos. Según Medina, el dinero juega un rol clave al interior de las cárceles: “Hoy en día puede significar muchas cosas, entre ellas supervivencia, que es el rango de los más bajos que se puede establecer y que se pueda tener en conocimiento, pero también involucra poder, involucra protección, involucra estadía y mantenerse dentro de un ambiente bastante hostil como es la cárcel”.
“Por ejemplo, una persona que quiera dormir en una parte techada con acceso a colchón, que son condiciones absolutamente mínimas, un interno común hoy en día está pagando alrededor de 70 mil a 100 pesos por una noche donde pueda habitar tranquilo y por supuesto pueda sentirse protegido por estos grupos”, agrega.
Realidades que no parecen dialogar con los $23 millones incautados durante 2024 y que, según el exsubsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, podrían ser una muestra de algo mayor: “Esta cifra de 20 millones que ha sido decomisada es un poco engañosa, quizá es la punta del iceberg y no nos habla realmente del verdadero caudal de dinero que está circulando por nuestras cárceles”.
Por su parte Pilar Lizana, especialista en crimen organizado y directora de Volpe Consulting, advierte que los recintos penitenciarios deben estar en la mira para evitar experiencias que se han dado en el extranjero: “Tenemos que tener mucho cuidado con lo que esté pasando en las cárceles chilenas porque ese tipo de presos van a reclutar, van a amenazar, van a extorsionar y van a transformar finalmente la cárcel en su edificio corporativo y ahí es cuando perdemos el control total”.