La Superintendencia de Salud publicó el primer informe trimestral del año, que revela que los reclamos en contra de prestadores institucionales de salud (Isapres y Fonasa) pasaron de 1.530 en promedio mensual en 2025 a 1.972 este año; es decir, un 29% más.
En total se registraron 5.916 quejas entre enero y marzo de 2026.
En la Superintendencia de Salud sostienen que, desde 2012, cuando entró en vigencia la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, los reclamos han crecido de manera sostenida: en total se han ingresado más de 84.000 reclamos hasta diciembre 2025 y el volumen anual se ha multiplicado por más de 470 veces desde los primeros años de la ley.
"Una parte de dicho aumento podría explicarse por algo que valoramos: las personas podrían estar conociendo mejor sus derechos y estar más dispuestas a ejercerlos. Detrás de cada reclamo hay una persona que confió en que el sistema la escucharía”, aseguran desde la Superintendencia de Salud a Informe Especial.
Pese al incremento constante, en el organismo público también señalan que los datos muestran avances concretos. Por ejemplo, los reclamos por rechazo o denegación de atención —es decir, personas que sintieron que se les negó el acceso a ser atendidas— bajaron un 46% entre 2024 y 2025. Eso podría ser una señal positiva de que los prestadores estarían mejorando en garantizar el acceso a la atención.
Los tipos de reclamos
Los datos del primer trimestre de 2026 indican que la materia con mayor número de reclamos es “Atención oportuna y sin discriminación”, seguida de “Información financiera”. Mucho más abajo está “Trato digno”. “Información clínica” , “Seguridad en la atención” y “Otras materias”.
En tanto, el informe muestra que la institución con más reclamos es Fonasa, que acapara el 58,7% del total. Luego están las isapres con 24% y un 17% de personas que realizaron el trámite, pero no informaron su previsión.
“Una posible explicación del aumento en ciertas materias es que en los últimos años se han promulgado leyes que reconocen derechos que antes no existían o no eran ampliamente conocidos: la Ley de Salud Mental (2021), la Ley Mila (2021), la Ley Dominga (2021) y la Ley TEA (2023). La visibilización social de estas temáticas podría haber contribuido a que las personas comprendan qué derechos tienen y se atrevan a reclamarlos cuando sienten que fueron vulnerados”, apuntan desde la institución.
Aunque las estadísticas no hablan de causas específicas de los reclamos, la información se utiliza como herramienta para planificar fiscalizaciones focalizadas que ayuden a verificar en terreno si efectivamente existen brechas en la atención que las personas reciben.