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Fue condenado por fraude fiscal hace 10 años

El historial del jefe de finanzas de Talagante que perdió $400 millones y denunció "cuento del tío"

Marco Piña Paredes, contador de profesión, dijo que un llamado telefónico fue suficiente para que en minutos las arcas de la Corporación Municipal de Educación de Talagante quedaran prácticamente vacías. Tras el incidente fue despedido y el alcalde reconoce que es uno de los sospechosos. Algunos concejales no le creen, sobre todo tras enterarse de un antecedente hasta ahora desconocido: en 2016 fue condenado por defraudación fiscal, tras un escándalo que estalló cuando se desempeñaba en la Municipalidad de Zapallar.   

Alessandro Minardi

Viernes 5 de junio de 2026

—¡No puede ser posible que un director de finanzas caiga en este “cuento del tío”! ¿Cómo es posible que lo llamen por teléfono del Banco para decir que le estamos pidiendo sus contraseñas y que él responda que sí y les da las contraseñas, y les da la digipass? Eso no es posible. En ninguna administración uno esperaría que el director de finanzas haga eso —exclamó el edil Fernando González en el concejo extraordinario del pasado 13 de mayo.

Fue uno de los primeros en reprochar el relato de Piña.

Todo partió el pasado viernes 8 de mayo: “Delincuentes lograron obtener información de acceso a las cuentas de la corporación, lo que derivó en transferencias no autorizadas hacia diversas cuentas personales por un monto total de $408.016.632”. 

Esa es la versión que entregó Marcos Piña y el propio municipio en su página web. Según detalla la municipalidad, el asunto fue informado el lunes 11 al alcalde Sebastián Rosas (PS). El miércoles lo reportaron a la comunidad y al día siguiente entregaron los antecedentes a la Fiscalía. 

Desde entonces, el caso ha crispado los ánimos en el Concejo Municipal de Talagante. Las sesiones han derivado en un escenario de recriminaciones cruzadas y, más allá de que la cuenta corriente de la corporación de educación quedó vacía, en la práctica lo más preocupante es que son los fondos para la educación pública los que simplemente se esfumaron. 

Ante los cuestionamientos, al cierre de la tensa sesión extraordinaria del concejo en que se abordó el robo, el alcalde Rosas intentó poner paños fríos. 

—Para todos es doloroso. Para el concejo municipal, pero en especial para mí cuando vemos que hoy día hay cuestionamientos. Pero quédense tranquilos, porque pusimos los antecedentes ante la Policía de Investigaciones y sindicamos como uno de los principales sospechosos al exdirector de administración y finanzas —aseguró el jefe comunal.  

Con todo, la trama dejó en evidencia otras irregularidades: deudas, créditos y hasta cotizaciones previsionales impagas.

De Zapallar a Talagante

Marco Piña Paredes llegó al municipio de Talagante en 2025. De profesión contador auditor, asumió una responsabilidad clave: manejar los recursos de la educación pública. 

—La primera vez que escuchamos de él fue en un concejo municipal en que expuso. Habló sobre un déficit que había en la corporación, y se veía con mucho dominio del tema, como un experto —relata a Informe Especial una profesora de la comuna, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

Dice que desde el primer minuto le generó una sensación de desconfianza.

—Él quería tener el dominio de la situación, pero lo interpelaban y no cuadraba este déficit (...) unas personas lo entendían y otras no. Hasta el día de hoy nadie entiende cómo es —enfatiza. 

Como sea, no era la primera vez de Piña a cargo de las finanzas de una corporación. Trabajó al menos en cinco municipios antes de ser despedido de Talagante. 

Zapallar fue uno de ellos, donde todo terminó especialmente mal.

En 2016 acabó condenado por defraudación fiscal, en uno de los casos de corrupción más bullados de la Región de Valparaíso. 

“Buena fe”

Por esos años, la indagatoria del Ministerio Público apuntó a un esquema entre altos directivos municipales y contratistas para apropiarse de recursos públicos. Según determinó la investigación, Marco Piña cooperó en la emisión de facturas falsas para ejecutar el mecanismo.

—Yo confío que las personas son idóneas para los cargos, porque a mí cuando me contrataron me pidieron todos los papeles de antecedentes y todas las cosas, y revisaron todo. Entonces yo confío que las personas que están encargadas de contratar sobre todo a un cargo tan importante que maneja miles de millones va a ser una persona con un comportamiento intachable —sostiene la profesora. 

En el certificado aparece que no tiene ninguna condena. Ese es el principal problema de esto, que hasta hoy día aparecen sus antecedentes limpios —explica a IE el alcalde Rosas, consultado por el escándalo en su comuna.

La autoridad tiene razón. Según consta en la resolución del tribunal, cuando fue condenado en 2016, dicha causa no fue anotada gracias al artículo 38 de la Ley 18.216. 

En simple, dicha normativa permite “omitir” la sanción en el certificado de antecedentes si se trata de su primera condena, para así evitar problemas en su reinserción laboral. 

—Uno parte de la buena fe. Y en este caso, cuando se contrata a alguien no habría por qué investigarlo en el Poder Judicial. Lamentablemente hoy día nos conlleva esto, cosa que no debiese ser —reconoce el alcalde.

Bicicleta financiera

Al margen de todo lo anterior, los profesores están desconcertados. Daniela Aspeé, presidenta del sindicato de docentes del Liceo de Talagante, cuenta que —tras la polémica— descubrieron problemas más allá de la desaparición de los $400 millones.

—"Hay créditos que se descontaron a los trabajadores por planilla, y se deberían haber pagado y ya llevan dos cuotas atrasadas, además de cotizaciones impagas (...) Lo que nos dicen es que esos dineros eran parte de la plata que fue robada" —enfatiza.  

Según denuncian los afectados, la desaparición de los fondos ha dejado al descubierto una "bicicleta financiera" que mantenía al sistema educativo comunal operando bajo un déficit crónico. Y ahora los docentes temen que se atrase el pago de sus sueldos. 

Por suerte este mes nos pudieron pagar, con las cotizaciones atrasadas obviamente, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Tenemos que verificar si este mes se descontaron los créditos sociales y se pagaron los otros correspondientes —explica Aspeé. 

—Esperamos que se sigan pagando. Si no, ¿cómo vamos a seguir trabajando? Si tengo que comprar un bono de salud y no tengo pagada las cotizaciones, ¿cómo lo hago? Mi familia también se enferma —remarca una profesora de la comuna.

El alcalde admite las dificultades. 

La municipalidad tuvo que traspasar dineros para poder paliar ciertas deudas y según la información que me entregó hace unos días el secretario general actual, esos créditos fueron pagados. Sin perjuicio de ello, hoy día eso me conlleva prácticamente a intervenir y auditar la Corporación de Educación —admite Rosas. 

Sin lápices ni papel higiénico

Detrás de los cuestionamientos administrativos y la danza de millones, los estudiantes y profesores terminan pagando el costo más alto. 

Según el testimonio de una docente de la comuna, antes del robo las comunidades escolares ya tenían que lidiar con la falta de recursos para mantenimiento y materiales básicos, pero ahora incluso esa operatividad mínima está en jaque. 

—Estamos en un futuro súper incierto. No tenemos salidas pedagógicas, no hay insumos para los estudiantes, no hay lápices, no hay resmas de papel, ni siquiera papel higiénico —confidencia. 

Pese a los reiterados intentos por contactar a Marco Piña Paredes para conocer su versión de los hechos, al cierre de este reportaje no fue posible obtener respuesta. Tras su despido, fuentes conocedoras del caso dicen que a la fecha desconocen su paradero. 

En lugar de Piña, nos llamó Cristian Rivera Onetto, quien se identificó como abogado del exjefe de finanzas de la corporación. Aunque también declinó profundizar en el tema por ahora: "El día lunes estaremos en condiciones de entregar información, que dará un vuelco impactante por lo brutal de los acontecimientos probatorios y judiciales", aseguró.

Actualmente, el asunto se encuentra en manos de la Fiscalía, que lleva adelante la investigación para esclarecer el paradero de los más de $400 millones sustraídos y determinar las responsabilidades penales tras el zarpazo a las finanzas de la comuna.