“Una imagen vale más que mil palabras”. Pocas veces esa frase cobró tanto sentido. Era 6 de enero de 2017, en el corazón del Barrio Patronato, cuando dos personas golpearon brutalmente a un perro hasta que no aguantó más. Lo mataron.
Su pelaje era completamente negro. Le llamaban Cholito.
Fue una de esas situaciones que funcionan como un punto de no retorno; escenas que sacuden la conciencia de un país y obligan a transformar la indignación en leyes, con la esperanza de que el horror no vuelva a encontrar espacios de impunidad.
La repudiable escena fue capturada en un video que se viralizó en pocas horas. Rápidamente se transformó en una herida abierta para Chile y marcó el inicio de una discusión que abrió paso a la Ley 21.020, bautizada como “Ley Cholito”, en honor al cachorro asesinado ese día en Recoleta.
El trámite legislativo fue inusualmente veloz, pues el cuerpo legal fue promulgado en poco más de seis meses, a fines de julio de 2017.
No obstante, a nueve años del brutal ataque a Cholito, la normativa sigue estancada. En algunos aspectos, en la práctica, es como si no existiera.
Brecha profunda
Se estima que en Chile hay 8,3 millones de perros con dueño y 3,4 millones de callejeros, según el último estudio realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Mientras tanto, los datos evidencian que los canes abandonados aumentan año tras año, y el desafío de erradicar el maltrato es una tarea cada vez más compleja y urgente.
Para enfrentar dicha crisis nació precisamente la Fundación Tu Amigo Fiel. En ese marco, Jorge Yarur, fundador y director de la entidad, cuenta que se han encontrado con desagradables sorpresas.
—Pese a la existencia de la Ley 21.020, los instrumentos normativos que mandata siguen sin estar implementados. Lo que más llamó nuestra atención fue la brecha entre lo que se exige y lo que efectivamente opera, como la ausencia de registros oficiales, reglamentos pendientes y la escasa fiscalización municipal, lo que perpetúa el problema que la ley pretendía resolver —explica Yarur.
En rigor, el texto legal establece una hoja de ruta clara, con acciones específicas y plazos acotados que debieron ejecutarse tras su promulgación; reglamentos, registros, ordenanzas municipales, entre otros.
Pero buena parte de aquello nunca se implementó: la brecha entre la ley y la realidad en las calles sigue siendo profunda.
Ley fantasma
Un ejemplo crítico de los incumplimientos es la obligación de cada municipalidad de dictar una ordenanza sobre tenencia responsable en su territorio, para lo que la ley otorgó un plazo de solo siete meses. Es decir, debían estar vigentes en marzo de 2018.
Pese a lo anterior, al revisar la situación a nivel nacional, y habiendo transcurrido más de ocho años desde su promulgación, la Fundación Tu Amigo Fiel detectó que 45 comunas del país aún no cuentan con una normativa local sobre esta materia, dejando un vacío legal que desprotege a miles de animales en sus comunidades.
En efecto, en esas municipalidades la Ley Cholito no se ha aplicado.
Para Rodrigo Morales, subdirector de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, el asunto es preocupante.
—Implica que las municipalidades no pueden aplicar las principales medidas para controlar la población de animales, especialmente los que están en las calles. Me refiero a esterilización, a implementación de microchip, al registro de esos animales, a la fiscalización de microchip, el registro de esos animales y la fiscalización de la ley, tanto para poder enseñarle a las personas, y a las instituciones, qué es lo que hay que cumplir. Como para también cambiar las conductas y castigar a aquellos que estén cayendo, por ejemplo, en delitos como el maltrato —remarca en conversación con Informe Especial.
Pero la omisión de las ordenanzas es solo la superficie de lo que muchos ya califican como una “ley fantasma”. De hecho, el texto legal establece también la obligación de mantener un catastro nacional de centros de mantención temporal y criaderos; un registro que debería estar bajo la responsabilidad directa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Sin embargo, la aplicación de esta herramienta sigue siendo una de las grandes deudas de la normativa.
—Esto no solo afecta a los animales que sufren abandono y maltrato diariamente, sino que revela una falla estructural del Estado para implementar normas que la sociedad ya ha aprobado. Si no activamos los mecanismos de control y exigencia, la ley termina siendo un símbolo más que una herramienta de cambio real. Necesitamos que las cosas se hagan bien. Aquí no faltan leyes; falta que el Estado las cumpla y las haga efectivas —sostiene Jorge Yarur.
Criaderos sin control
En todo el país, según pudo constatar la fundación mediante una solicitud de información vía Ley de Transparencia, solo existe un registro de criadero en trámite y ninguno finalizado.
En su respuesta a ese requerimiento, la Subdere les reconoció que “las inscripciones, como las en tramitación, de los lugares denominados genéricamente como Centros de Mantención Temporal de Mascotas (guarderías, hoteles, caniles, clínicas, refugios, lugares de cría o venta), ha sido más lenta de lo esperado, básicamente atribuible a la rotación de personal producida tras el cambio de administración que experimentaron varios municipios tras las elecciones 2024”.
De todas formas, pese a que intentan responsabilizar a los municipios —y que efectivamente varios de ellos no han concretado sus ordenanzas locales desde 2018—, en rigor la obligación legal de crear los registros recae sobre la Subdere y no en las administraciones comunales.
Al margen, antes de las elecciones de 2024 la ley ya llevaba más de siete años promulgada. En definitiva, el retraso es de larga data y en realidad no responde a los cambios de alcaldes.
Como sea, la venta de animales sigue operando en la absoluta informalidad, bajo un esquema donde hay organismos que tienen el deber de fiscalizar, pero ninguno tiene los datos para hacerlo.
En paralelo, para dimensionar la profundidad del problema, Tu Amigo Fiel también solicitó información a 22 municipios de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Las respuestas desnudaron una deficiencia sistémica: solo Buin mantiene un registro vigente, con apenas dos patentes otorgadas; del resto, ninguno cuenta con base de datos de criaderos ni patentes comerciales asociadas formalmente al cuidado de animales.
Sin estos datos, para Rodrigo Morales, del Colegio Médico Veterinario, el control sobre la reproducción indiscriminada y la venta informal se vuelve una misión imposible, perpetuando el ciclo de abandono que la ley pretende erradicar.
—Es profundamente crítico y, al igual que en el registro de los animales de compañía para las personas, donde solo el 30% está registrado, habla de una baja capacidad de implementación y de entendimiento de la base de la ley por parte de las personas y las instituciones. Hoy, a casi nueve años de la ley, no hemos capacitado a los actores que están implementando la ley. No hemos entregado los recursos suficientes y en el fondo dimos mandatos sin capacidades —enfatiza Morales.
Con todo, pese a los requerimientos de una entrevista para consultar sobre la problemática, la Subdere no estuvo disponible para responder las preguntas de Informe Especial.
Laberinto de burocracia
Al margen, otro de los puntos clave de la ley era regular las condiciones de higiene y seguridad de las mascotas. Para lograrlo, el Ministerio de Salud (Minsal) debía crear un reglamento que fijara estándares mínimos en locales de venta y centros de cuidado de animales.
Sin embargo, tras otra consulta vía Transparencia, en octubre de 2025, la respuesta de dicha entidad fue tajante: “El reglamento sobre condiciones de higiene y seguridad para lugares de cuidado definitivo de mascotas y locales de venta se encuentra actualmente en etapa de revisión jurídica”.
En definitiva, el documento aún no está publicado; a casi nueve años desde que la Ley Cholito entró en vigencia, dicho reglamento también sigue estancado en un laberinto de trámites.
Como consecuencia, la falta de esta norma deja a las demás instituciones en un limbo administrativo. En simple, todo está inconcluso.
Yasmina Viera, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, explicó a IE que el reglamento fue enviado a revisión dentro de los plazos que establece la ley, en 2018, pero la Contraloría no lo aceptó. Por tanto, se debió reformular y, con la pandemia encima, eso se hizo imposible.
—Una vez que la pandemia baja su intensidad, se retomaron varios de esos trabajos, incluido este reglamento, y se vuelve a hacer una propuesta. Ahora, entendiendo que esto dificulta la implementación de la ley, se dictó una norma técnica para paliar esta situación —aseguró.
En rigor, se trata de un parche. Ese texto, según pudo revisar Informe Especial, indica los requisitos sanitarios que deben cumplir los centros de mantención de mascotas y animales de compañía.
Pero de todas formas, sin el reglamento, no están claros los requisitos legales para obtener una patente comercial específica de "criadero". La norma técnica puede, por ejemplo, decir cuánta agua debe beber el perro, pero no puede crear un sistema de registro nacional obligatorio ni tampoco forzar a otros ministerios a actuar.
Y de la crisis del covid ya pasaron más de tres años. Entonces ¿Por qué una vez superada la emergencia sanitaria sigue sin dictarse el reglamento?
—Para hacerlo eficiente, se hicieron dos etapas —replicó Viera—. Con la norma técnica, cuya dictación depende solo del Ministerio de Salud, y esta otra del reglamento, que ha sido la más larga porque ha habido que perfeccionarlo, también en consonancia con otras prioridades ministeriales.
Con todo, la arquitectura legal que debía proteger a los animales en Chile tiene hoy sus cimientos incompletos. Las propias respuestas a las solicitudes de información, por parte del Minsal y la Subdere, confirman que el Estado está al debe en construir la estructura necesaria para que la ley funcione.
Así las cosas, el bienestar animal sigue a la espera de decretos estancados en la burocracia estatal, garantizando la impunidad de criaderos informales y perpetuando el abandono en las calles.