Cuando Julio César Montero Carrillo ingresó a Chile a fines de la década pasada, lo hizo de manera legal y al poco andar consiguió un empleo como cartero en una empresa que nunca tuvo movimiento, ubicada en el centro de Santiago.
En paralelo a su llegada, otros miembros de jerarquía del Tren de Aragua -hoy condenados- hicieron lo propio instalándose en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Santiago.
Sin embargo, detrás de un inmigrante que fingió buscar mejores condiciones de vida, se escondía el jefe de una compleja red para lavar el dinero de la organización criminal venezolana, obtenido mediante secuestros, extorsión, trata de personas, tráfico de drogas, entre otros.
Montero Carrillo es parte de la investigación que sustancia la Fiscalía Regional de Tarapacá, que derivó a fines de junio en la formalización de 15 personas (8 hombres y 7 mujeres) por blanqueo de capitales ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.
“En su calidad de líder de esta asociación para el lavado, organizó una red de operaciones financieras ilícitas, planificando aquellas necesarias para insertar los fondos ilícitos en el sistema económico formal, ocultando su origen”, detalló la fiscal regional de Tarapacá Trinidad Steinert durante la audiencia de comunicación de cargos, de acuerdo al audio íntegro al que accedió Informe Especial.
Básicamente, la Fiscal explicó que tanto Montero como el resto de los imputados fueron partícipes necesarios en la célula que operaba en el Norte Grande, integrada por Carlos González Vaca (más conocido como “Estrella”), Hernán Landaeta Garlotti (Satanás) y Víctor Moreno Álvarez, alias Larry Changa, quien enfrenta un proceso de extradición tras ser detenido en Colombia.
En otras palabras, es la estructura más cercana al número uno de la organización: Héctor “Niño” Guerrero.
Este brazo operativo lavó más de 6 millones de dólares ($5.754 millones). Estos se suman a otros 7 que blanqueó la organización en las regiones de Los Ríos y Valparaíso. En total, suman más de 50 imputados en prisión preventiva.
Más allá de Arepa Express
Montero Carrillo escrituró una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (Julio Montero Carrillo E.I.R.L.) el 18 de febrero de 2022, mediante la cual se auto contrató.
En esa línea, para continuar con la dinámica de lavar el dinero de las células de “Estrella” y “Larry Changa”, operó con su compatriota Arismar Filipponi Romero, otra de las formalizadas. Esta última creó, el 5 de agosto de 2021, Lorenzo Burger SpA.
En los hechos, esta última sociedad en realidad era “Arepa Express”, cuyo administrador era “Larry Changa”. La firma funcionaba en un patio de comidas de Estación Central y también en pleno centro de Santiago, a pocas cuadras de La Moneda.
Dedicada a la venta de comida, estaba en el radar del Ministerio Público al menos desde 2022, de acuerdo a un informe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá, al que accedió IE.
También se descubrió Punto Criollo, otra sociedad usada por el grupo de lavadores para trasegar la plata. Se trata de un restaurante de comida venezolana ubicado en Independencia y regentado por Úngar Corniel desde 2021, quien es investigado en otra causa.
De acuerdo con la Fiscalía, Montero Carrillo también usó “Sushi at Home”, una empresa ubicada en Ovalle, en cuyo interior se encontró droga, según detalló Steitner.
Otro de los formalizados es Anthony Blanco, que también facilitó sus cuentas bancarias en favor de la organización. Al igual que los anteriores, inscribió en el Ministerio de Economía Aython SpA, con domicilio en Iquique, y se sospecha que estaría ligada a un delivery de comida del mismo nombre.
Perfume de mujer
Con todo, de la investigación a esta célula del Tren de Aragua se desprende otro asunto llamativo: de los 15 detenidos, siete son mujeres. Se trata de Ivette Porras, Greisy Carrillo, Arismar Filipponi, Tibisay Carvajal, Jessybel Rivas, Sosleidy Arraiz y Leahena Corredor.
Porras y Carrillo, de acuerdo con un informe de la Fiscalía, eran lavadoras de confianza de la célula de “Estrella”.
Antes de ser detenida, Porras se vinculó con la facción del TDA con asiento en Puerto Montt y cuyo giro era la trata de personas con fines de explotación sexual. Las víctimas eran ofrecidas a través de la web sexosur.cl, tal como lo reveló Interferencia.
De acuerdo a la indagatoria, esa red de lavado funcionaba gracias a los venezolanos Bernardo Bracho y Yekson Santiso. Este último fue condenado a más de 15 años de prisión en 2024. Los activos obtenidos en esa ciudad del sur llegaban directamente a Porras.
La mujer no solo utilizaba las cuentas para recibir y transferir; también compró 12 de autos y era la encargada, según la Fiscalía, de los dineros obtenidos por secuestros y extorsiones.
En 2022, por ejemplo, remitió dineros a Yonair Abreu Moreno, actualmente prófuga de la justicia e imputada por tráfico de drogas y asociación criminal. Formalmente figura como la dueña de Servicios González Abreu SpA, empresa dedicada al rubro del transporte, con domicilio en Alto Hospicio.
En la misma jerarquía, Porras se relacionaba con Luisana Labarca. Esta última creó una empresa financiera en 2017, dedicada al envío de grandes remesas de dinero, una agencia de viajes (Cambios y Viajes Labarca Asociados SpA), cuya oficina -señala la escritura- funcionaba en Ahumada, en pleno centro de la capital, pero en una dirección inexistente.
Lo propio ocurre con Mi Sentir SpA. Ni en Lampa ni en Providencia se ubica lo que debía ser un centro de estética. En todos los casos, los socios son venezolanos.
Danza de millones
Tal como Porras, Greisy Carrillo también formó parte de la cadena para blanquear la plata de la trata de personas con fines de explotación sexual, tanto en el norte como en Santiago, además de “extorsiones a conductores vinculados al transporte informal de pasajeros del tipo migrante irregular”, detalló Steinert.
En concreto, la mujer facilitó a la organización criminal sus cuentas, que obtuvo sin problemas en al menos cinco bancos de la plaza entre 2020 y 2025, las que le sirvieron como un “instrumento de paso” para contaminar la trazabilidad del dinero. Desde sus productos financieros, en total, ingresaron y salieron más de $292 millones.
Carrillo también transfirió dineros a su pareja Ricardo Vásquez, quien enfrenta una solicitud de extradición a Perú por su participación en un secuestro que sustancia la Fiscalía Regional de O’Higgins.
En ese marco, Tibisay Carvajal y Jessybel Rivas –madre e hija respectivamente– igualmente prestaron “de manera reiterada sus cuentas bancarias a la organización criminal, desempeñando funciones propias de un testaferro”, apuntó el Ministerio Público. En rigor, hicieron cientos de transferencias de bajo valor, en muchas ocasiones ligadas a Montero, sindicado por la investigación como la cabeza de la estructura.
Según pudo corroborar Informe Especial, hasta antes de quedar al descubierto, Rivas se desempeñó como administrativa en la Oficina de Migración de la Municipalidad de San Felipe, por cuya labor recibía un sueldo líquido de $555 mil.
Tras conocerse la indagatoria, el municipio anunció un sumario en su contra para revisar eventuales irregularidades durante su paso por la institución. Por su parte, el diputado de la zona, Andrés Longton (RN), fue más allá y pidió “que la Contraloría General de la República fiscalice y si es necesario realice el sumario dentro de la Municipalidad, porque no es posible que funcionarios de esta calaña estén ejerciendo funciones públicas, sobre todo que tienen que ver con la atención de personas”.
Por último, también fue imputado -ante el tribunal de Alto Hospicio- Eduardo Millán Marquez, quien recepcionó dineros provenientes de extorsiones, los que transformó en criptoactivos en la plataforma Binance.
Millán cumplió “un rol de acumulador de criptoactivos realizando movimientos por una suma cercana a los dos millones de dólares (y) toda esta actividad fue realizada por plata a través de plataformas digitales, diseñada para ocultar el origen ilícito de los dineros, los que no ingresaron al patrimonio de Millán”, expuso Steinert ante el juez de garantía.
Con todo, en las próximas semanas la Corte de Apelaciones de Iquique resolverá las solicitudes de extradición de Lehaena Corredor y Willy Ramón Palacios, quienes se encuentran en Venezuela. En tanto, Julio Montero Carrillo se esconde en Colombia, donde el TDA tiene una de sus tantas bases de operaciones.