Las licencias médicas están registrando una fuerte caída en Chile. Entre enero y mayo de 2026 se emitieron 2.401.432 licencias de origen común, una disminución de 22% respecto del mismo período de 2025, según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
La diferencia equivale a cerca de 688 mil licencias menos en solo cinco meses. La tendencia también se observó durante mayo, cuando se registraron 550.992 emisiones, un 23% menos que un año atrás.
De mantenerse este comportamiento, el impacto sobre los recursos del sistema podría ser significativo. La Suseso proyecta que durante 2026 se emitirán entre 5,8 y 6,5 millones de licencias, entre 577 mil y 1,21 millones menos que el año pasado.
Esto podría traducirse en un ahorro de entre $258.503 millones y $548.251 millones en subsidios por incapacidad laboral.
Pero la caída abre otra pregunta: ¿se están reduciendo también las licencias fraudulentas?
Las cifras aparecen en momentos en que el uso irregular de estos instrumentos continúa bajo escrutinio, especialmente después de la judicialización de casos relacionados con médicos acusados de emitir licencias fraudulentas.
Para especialistas vinculados a la prevención del fraude, la reducción observada durante los primeros meses del año es una señal positiva, pero todavía no permite dar por controlado el problema.
“Este veredicto es un hito, pero sería ingenuo pensar que el problema quedó resuelto. A pesar de este resultado histórico, el fraude en licencias médicas sigue siendo un flagelo activo para el sistema de salud. Lo hemos visto con claridad: mientras este juicio se desarrollaba, seguían apareciendo nuevos casos de médicos que defraudan al sistema, nuevas modalidades de engaño y formas cada vez más sofisticadas de burlar los controles, no solo a través de licencias médicas, sino también mediante otros tipos de fraude al sistema sanitario”, afirma Rodrigo Varela, gerente legal de ALTO Inmune.
El 30% que mantiene las alertas encendidas
Uno de los datos que genera mayor preocupación es la proporción de recursos que seguiría vinculada a casos irregulares.
De acuerdo con los antecedentes entregados por ALTO Inmune, entidad que agrupa a instituciones privadas de salud y seguridad social, se estima que cerca del 30% del gasto en licencias médicas corresponde a licencias irregulares.
“Es una sangría permanente de recursos que el sistema de salud no puede seguir tolerando”, sostiene Varela.
La magnitud del problema ayuda a explicar por qué una caída general en el número de licencias no necesariamente implica una disminución equivalente del fraude. El desafío está en determinar cuánto de la reducción responde a un cambio efectivo en el comportamiento y cuánto está relacionado con el fortalecimiento de la fiscalización y el efecto disuasivo que generan los casos que llegan a tribunales.
También existe otro factor: las modalidades de fraude pueden evolucionar a medida que aumentan los controles. Por eso, detectar comportamientos anómalos y nuevas formas de vulnerar el sistema se vuelve especialmente relevante para evitar que las irregularidades simplemente migren hacia mecanismos más difíciles de identificar.
Un ahorro que todavía debe consolidarse
El efecto económico de la disminución podría ser uno de los principales resultados de 2026. Si se cumplen las proyecciones de la Suseso, el gasto en subsidios por incapacidad laboral podría reducirse entre un 8% y un 18% respecto de lo estimado para 2025.
Sin embargo, sostener ese ahorro en el tiempo dependerá también de la capacidad del sistema para evitar que los recursos continúen desviándose hacia licencias irregulares.
En ese escenario, el fortalecimiento de los controles, la fiscalización tecnológica y la persecución judicial aparecen como herramientas para consolidar la tendencia observada durante los primeros meses del año.
“Por eso, tanto ALTO Inmune como las instituciones privadas que representamos tenemos la convicción de que debemos continuar trabajando junto al sistema público: educando a la ciudadanía sobre el daño real que produce este delito, fortaleciendo los mecanismos de control y utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles para detectar y perseguir estas conductas. La lucha no termina hoy; hoy se refuerza”, concluye Rodrigo Varela.
