Fue exactamente el 5 de julio cuando un grupo de delincuentes ingresó al domicilio del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, ocasionando fuertes golpes y realizando violentas amenazas en contra de su familia.
Dadas las características del ataque, la PDI no descartó que este hecho respondiera a un acto de "represalias" en contra del jefe comunal, razón por la que los efectivos policiales aún investigan si el atraco fue un posible ataque de venganza por bandas criminales.
Esto generó preocupación entre los alcaldes y resurgió la discusión de la necesidad de que autoridades cuenten con protección policial ante posibles vendettas por parte de grupos de antisociales.
Si bien este fenómeno no es reciente, los mismos jefes comunales y otros funcionaros públicos aseguran que las amenazas son cada vez más violentas y frecuentes.
Acorde con los antecedentes entregados a 24horas.cl a través de Transparencia por el Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), dependiente de la Zona Fronteras y Servicios Especiales de Carabineros de Chile, actualmente 10 autoridades a nivel nacional cuentan con resguardo policial permanente.
10 autoridades en 3 regiones
Las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía concentran el total de alcaldes y fiscales que cuentan con protección.
En la actualidad, cuatro persecutores y seis jefes comunales están bajo resguardo policial permanente, ante posibles represalias por parte de grupos criminales.
Es importante destacar que la asignación de este recurso se concreta a través de una orden emitida por los tribunales de justicia y/o por el perfil de riesgo que representa la autoridad en cuestión.
Concretamente, en la región Metropolitana hay cinco alcaldes con resguardo policial, mientras que en Valparaíso se registra sólo uno.
En cuanto a fiscales, en la región Metropolitana se reportan dos y la misma cifra se repite en La Araucanía.
Autoridades con resguardo en la RM
Cuatro de los cinco jefes municipales con resguardo policial permanente han reconocido por voz propia que cuentan con esta asignación.
Claudia Pizarro (La Pintana), Rodolfo Carter (La Florida), Gustavo Toro (San Ramón) y Germán Codina (Puente Alto) son las autoridades comunales que solicitaron protección, debido a las fuertes amenazas recibidas a raíz de su gestión por desbaratar grupo criminales, en especial, a aquellos dedicados al narcotráfico.
En marzo del presente año, a través de un reportaje realizado por 24 Horas, cada uno de ellos daba cuentas de los violentos ataques vividos.
"Hemos recibido balas en la oficina. Hemos hecho puerta a puerta y hemos visto gente con armas (...) Uno se resta de algunas actividades, incluso municipales, por miedo", sostuvo la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien es una de las autoridades que hace más tiempo cuenta con protección.
Por su parte, el jefe comunal de San Ramón, Gustavo Toro, relató que "las amenazas, agresiones y amedrentamiento a través de balas ha sido producto del trabajo que hemos hecho combatiendo el narcotráfico".
A raíz de la iniciativa que permitió la demolición de las denominadas "narco casas", el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, denunció un aumento de las amenazas en su contra, las cuales incluso se extendieron a los miembros de su familia.
"Cuando hicimos la última demolición, los soldados de los narcos gritaban 'sabemos donde vives y sabemos quienes son tus hijos'", indicó la autoridad.
En razón de estos hechos, en marzo del presente año, el Ministerio Público abrió la Unidad de Investigación de Amenazas contra Autoridades.
En tanto, a principios de julio, la Fiscalía Nacional celebraba aprobación, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, una norma que tiene por objetivo dar mayor protección a los fiscales de Chile. Todo esto, luego de que una serie de persecutores denunciaran actos de "represalias" cometidos por bandas criminales en contra de funcionarios del sector público.
Esta medida legislativa busca incorporar un nuevo artículo (78°) al Código Procesal Penal, permitiendo establecer medidas especiales de protección que se aplicarán "ante amenazas y agresiones a la integridad personal del fiscal o sus familias, o en investigaciones con organizaciones criminales".